La Cámara de Apelación rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez de garantías Humberto Otazú. El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimonial de más de G. 306.188.500.

Los jueces de segunda instancia concluyeron que no existen motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a juicio oral y público.

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Además, el tribunal de alzada citó a Prieto para el 10 de junio a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal. El objetivo de la diligencia es analizar posibles sanciones por los supuestos recursos dilatorios planteados durante el proceso. La ley establece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situaciones graves o reiteradas.

En la causa Tajy, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licitaciones públicas para beneficiar a empresas vinculadas, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al municipio de Ciudad del Este mediante pagos por mercaderías inexistentes.

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La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusa­ción presentada por el exin­tendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”, y destrabó el proceso penal del exjefe comunal por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pan­demia.

La máxima instancia judicial concluyó que no existen moti­vos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amari­lla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la rea­lización de la audiencia preli­minar, etapa en la que se defi­nirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.

Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de con­fianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direcciona­das a empresas vinculadas al exintendente. Según la acu­sación, el perjuicio patrimo­nial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.

También se encuentran acu­sados en esta causa Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Flo­rentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Sego­via Acevedo, Maggi Eliza­beth Fariña Almada, Bue­naventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Áva­los. El proceso judicial que enfrenta el dirigente oposi­tor se originó durante la pan­demia del covid-19, y la impu­tación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Cor­beta, Alma Zayas y Verónica Chávez.

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas enfrentarán un juicio oral y público por lesión de confianza y asocia­ción criminal en el caso cono­cido como “Tía Chela”, en el que se investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 2.100 millones.

El juez de Delitos Econó­micos Humberto Otazú fue quien decidió elevar el caso a juicio oral y público.

En los últimos tiempos se volvió común la maniobra de algunos políticos que arrastran cuentas pendientes con la Justicia, ace­lerar candidaturas y emprender tempra­neras campañas, por cierto, con financia­mientos cuyos destinos son poco claros. El caso de Miguel Prieto es uno de ellos, el exintendente de Ciudad del Este fue desti­tuido por un rosario de denuncias e indicios de corrupción que le fueron imposibles de refutar y los tiene chicaneando en el ámbito judicial.

A todas luces la prematura campaña de Prieto es una operación para seducir adeptos en busca de su impunidad ante la serie de ano­malías detectadas durante su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Lo que muchos de sus alcahuetes califican de una demostración de popularidad no es más que otra burda y mentirosa campaña para manipular a la opinión pública, principal­mente en aquellos sectores vulnerables que no tienen muchas posibilidades de acceder a la información real del atroz despojo en la comuna esteña en los tiempos de Prieto.

Así como hizo en Ciudad del Este hace años, Prieto se está promocionando como la alternativa para el descontento y promete los mismos cambios que siendo intendente olvidó y defraudó de manera despiadada. La técnica del descaro es absoluta, desafía con su impunidad pese a los cientos de eviden­cias que condenan su gestión al frente de la municipalidad esteña y mientras trata de entusiasmar a los adeptos en su narrativa de perseguido político va ganando tiempo sin afrontar los cargos pendientes en la Jus­ticia.

Miguel Prieto no busca la Presidencia de la República para cambiar el país. Está jugando su carta de la impunidad con una engañosa candidatura que no tiene chan­ces. Estos son los políticos escombros que quieren utilizar como carne de cañón a la gente para blindarse del castigo que les espera.

El destituido Prieto, dicho por la propia mamá del adjudicado dueño de Tía Chela de Ciudad del Este, usó la estructura y los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este para negocios probolsillo antes que asistir a la gente más vulnerable en los tiempos de la pandemia del covid-19. Un acto de cobardía y abuso que la Justicia no debe perdonar.

La madre del propietario de Tía Chela dijo a nuestro medio, testimonio quedó grabado en nuestras cámaras que Prieto se fue un día a la casa de ellos y “ofreció” hacer nego­cio con la municipalidad. Pisoteó normati­vas de Contrataciones Públicas, maniobró una adjudicación por urgencia para adjudi­car miles de kilos de víveres a una despen­cita que no tenía las mercaderías, desde un comienzo esto fue una compra simulada para desviar fondo y la Fiscalía reveló paso por paso esta gran estafa.

Su ruindad instaló este modus operandi de utilizar parejas, exparejas, comisiones vecinales, leales, operadores para desviar fondos de la municipalidad de manera siste­mática, tal como evidenció la auditoría del equipo interventor de 2025. Sin embargo, el chicanero exintendente sigue impune, chi­canea alevosamente en el ámbito judicial y se cuelga de un apurado proselitismo que se estrellará por su misma soberbia y sus mentiras.

Son alrededor de 60 denuncias arrimadas a la Justicia por la misma gente que le otorgó su confianza en Ciudad del Este cuando Prieto se presentaba como el mesías del cambio. Tres procesos judiciales sostenidos rigurosamente por el Ministerio Público y que desde hace 5 años buscan el peso de la ley para este personaje que ocasionó millo­narios perjuicios a los contribuyentes.

Prieto debe someterse a la Justicia y dejar de usar a la gente, principalmente a los más vulnerables. Tiene que rendir cuentas por las licitaciones amañadas, compras simula­das, la no provisión de la totalidad de víve­res pagados por su administración, por las obras abonadas sin actas de recepción, etc, etc, etc.

La clase política, la prensa y la ciudada­nía tiene que ir sobre Prieto con la misma celeridad que presionan a otros políticos cuestionados por alguna irregularidad. La selectividad y la hipocresía deben acabar porque está dañando intereses de la ciuda­danía.

Quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia deben asumirlas y confrontarlas. Prieto no es la excepción a la regla, tiene todo el derecho a candidatarse a lo que quiera, pero antes debe saldar sus pendien­tes con la ley.

“Esto deja por debajo el discurso de un Poder Judicial cartista, para todos los sectores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo”, manifestó el presidente del Congreso.

El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio Núñez, sostuvo que las 50 causas judicia­les contra el exintendente esteño Miguel Prieto, des­tituido por corrupción, se deberían medir con la “misma vara” que el caso del exsenador Erico Galeano, quien ya se encuentra dete­nido en el Centro Nacio­nal de Prevenidos (ex-Ta­cumbú), a la espera de que quede firme una condena de 13 años de cárcel.

El parlamentario aguarda que la Justicia sea implaca­ble con políticos que enfren­tan una extensa lista de denuncias penales con pro­cesos judiciales en curso, haciendo alusión al desti­tuido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“Esto deja por debajo el dis­curso de un Poder Judicial cartista, para todos los sec­tores que dicen que dicho poder está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo. Mientras otros tie­nen entre 50 a 60 denuncias y se candidatan para presi­dente”, afirmó en una con­ferencia de prensa.

Prieto, quien fue desti­tuido de la jefatura comu­nal esteña por hechos de corrupción el 19 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados, apura su cam­paña presidencial con reco­rridos y promesas, mientras continúa chicaneando con­tra el juicio por el caso Tía Chela y se encuentra impu­tado por el caso Tajy, causas por proyectos no ejecutados en pandemia, así como pre­suntas sobrefacturaciones y desvío de fondos.

“Debe­mos medir a todos con la misma vara, pero eso no sucede. Dicen que el Poder Judicial es cartista, pero varios de los ministros de la Corte Suprema de Jus­ticia fueron puestos por el gobierno abdistas y cier­tos medios de comunica­ción que son sus aliados”, indicó Núñez.

La mayoría de las denun­cias penales por hechos de corrupción que pesa sobre Prieto, fueron impulsadas por la Contraloría Ciuda­dana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que cuenta con profesionales de diver­sas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas.