El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
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Fiscal imputa a dueño de estación de servicios por contaminación de pozos de agua
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, de Alto Paraná, imputó al empresario Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A., por transgresión de la Ley 716/96, ante la contaminación de pozos de agua del barrio San Isidro, de Ciudad del Este.
El caso tiene que ver con una denuncia por ensuciar y alterar el agua, a consecuencia de pérdidas de hidrocarburos de tanques subterráneos, de una estación de servicios, que es operada por la empresa citada, según el escrito de imputación de la Fiscalía.
La investigación es por el hecho que habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José, de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros de la expendedora de combustible.
“El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor”, refiere el escrito de imputación del empresario propietario de la estación de servicio.
En las diligencias investigativas, durante una inspección en el surtidor, la Fiscalía identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
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Proyecto contempla dos tanques, pero tiene cinco
Una de esas irregularidades es que el proyecto contempla solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno. No obstante, en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros, todos en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados del lugar, según el fiscal de la unidad ambiental.
Tampoco se implementaron pozos de monitoreo, ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, en base a lo que dice el acta de imputación.
Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana procesó al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.
Como medida cautelar, la Fiscalía requirió la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.
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Mafia de pagarés: otorgan medidas alternativas a la suspendida jueza de Paz, Analía Cibils
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la jueza de Paz de la Encarnación, suspendida en sus funciones, Analía Cibils. Ella está imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
De acuerdo a la presente investigación fiscal, el juzgado de Paz de la Encarnación es uno de los principales donde se habría articulado la trama criminal.
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Estigarribia resolvió que la magistrada comparezca de forma mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, además le prohibió salir salida del país, así como también las cauciones cuyos montos no fueron dados a conocer hasta el momento.
Además de los hechos que se le atribuyen a la jueza Cibils, recientemente la Contraloría detectó graves inconsistencias en su estudio de correspondencia y que podría ser del monto superior al inicial en el orden de G. 800 millones.
La diligencia judicial se llevó a cabo luego de que se rechazaran varias chicanas presentadas por la defensa de la jueza suspendida en sus funciones. En el presente caso, se tiene a varios ujieres imputado,s así como a funcionarios de los juzgados de Paz de la capital.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.