El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
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Imputan a un hombre pillado en hurto de insumos de Hambre Cero de una escuela
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal N.º 7 de Ciudad del Este, presentó imputación contra Jerónimo Martín Vallejos (30) por ser sindicado como supuesto autor del hurto agravado en perjuicio de una escuela de Minga Guazú. El procesado habría desvalijado la institución escolar.
La causa investigada data el 21 de junio de 2026, siendo aproximadamente las 23:50, cuando Jerónimo habría ingresado al predio de la Escuela Básica N.º 1529 “Santo Domingo Savio”, ubicada en el km 24 Acaray, a unos 400 metros de la Ruta PY02.
El “visitante” nocturno habría forzado las ventanas y las puertas de varias aulas para acceder al interior de las salas y apoderarse delos insumos alimenticios del programa Hambre Cero, además de un equipo de sonido tipo parlante, color negro, propiedad de la institución; cableado eléctrico y; equipos pertenecientes al sistema de circuito cerrado de vigilancia.
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De acuerdo a lo que reportó la Comisaría 8a., cuyo personal policial intervino en el caso, el hombre se estaba retirando de la escuela con los objetos sustraídos en su poder, cuando fue sorprendido en flagrancia. Los agentes llegaron precisamente en el momento en que el hombre se disponía a salir de predio escolar con los enseres robados.
En consecuencia, se procedió a su aprehensión inmediata y traslado a la sede policial correspondiente. Reunido los elementos de rigor, para la Fiscalía, la conducta del detenido se encuadra provisoriamente dentro del hecho punible de hurto agravado, en calidad de autor.
El Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación, a fin de reunir los elementos necesarios para la presentación del requerimiento conclusivo correspondiente.
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Santa Rita: imputan a otro y suman seis los procesados por el mega-asalto
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez Delgado imputaron a Ismael Huespe Ortiz (58), por su presunta participación en el atraco en contra de tres bancos y una casa de cambios de Santa Rita. Fue detenido el pasado jueves al medidodía, en el barrio Kennedy, de Caacupé, departamento de Cordillera.
De acuerdo a la investigación, Huespe habría mantenido vínculos con uno de los procesados en la causa y participado en un intercambio de materiales explosivos el 10 de enero de 2026, consistente en 400 metros de cordón detonante a cambio de 25 metros de mecha lenta.
Con esta nueva imputación, son seis los procesados en la causa por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas y Explosivos.
El mega-asalto ocurrió en la madrugada de 16 de junio y en la noche de ese mismo día fueron allanadas dos viviendas en Embocada, Cordillera donde fueron incautados elementos relacionados a explosivos, siendo detenidas las primeras dos personas: José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), que luego fueron imputadas. Son sospechosos de haber participado en la provisión de explosivos.
La crónica de los detenidos e imputados en el caso sigue con otros tres, el 18 de junio, durante el allanamiento de un “aguantadero”, en el km 24 de Minga Guazú. Se trata de Emanuel Cidade Campos (23), alias Guaraní, Leandro Portillo Achucarro (30), y Adriana Balmori (34).
En el lugar se incautaron armas, chalecos antibalas, municiones, pasamontañas, clavos miguelitos, celulares y tarjetas bancarias.
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Hasta ahora, el asalto más grande en cuanto a cantidad de entidades afectadas
El hecho investigado es el más grande hasta ahora en el país, por la cantidad de entidades atracadas de una sola vez, aunque se desconoce todavía el monto robado. Ocurrió en la madrugada en el centro de Santa Rita, cuando aproximadamente 20 hombres encapuchados y armados con fusiles llegaron a los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, y Santa Rita Cambios.
Desarmaron y tomaron de rehén a un guardia de seguridad y a un policía y a funcionarios bancarios. Los atacantes colocaron explosivos en las entidades y amenazaron con ejecutar a los rehenes, ante una eventual intervención de las fuerzas públicas.
Robaron el dinero en efectivo de los bancos Familiar y GNB. En Ueno Bank, los vidrios resultaron dañados por disparos, mientras que en Santa Rita Cambios el explosivo colocado en la bóveda no detonó. En la huida, los criminales incendiaron dos vehículos y esparcieron clavos “miguelitos” para obstaculizar la persecución de los uniformados.
Durante el procedimiento posterior fueron halladas vainillas servidas y un artefacto explosivo cilíndrico metálico de 1,30 metros frente al Banco GNB, el cual fue desactivado por la Policía Nacional.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.