El juez penal de Garantías, Vicente Coronel, admitió la ampliación de la imputación por asociación criminal contra Wiliam Roberto Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados investigado por integrar una red de estafa a colonos menonitas para la venta de propiedades en el Chaco. Se estima que las víctimas del hecho sufrieron un perjuicio patrimonial de US$ 2 millones.
Igualmente, el citado magistrado admitió la ampliación de la imputación contra José Francisco Ljubetic e Ilsa Marisela Paredes, quienes serían cómplices en esta causa. Los citados fueron convocados para el 8 de abril para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá cuáles son las medidas que se les impondrá a cada imputado.
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Bogarín Campuzano está inicialmente procesado por estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.
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Golpe al narcotráfico: Senad destruye más de 500 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero
Como anticipo jurisdiccional de prueba, se llevó a cabo la destrucción de sustancias estupefacientes en la sede local de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El procedimiento se realizó en el marco de una causa penal por violación a la Ley N.° 1340/88, tras la incautación de marihuana el pasado 25 de junio de 2026 en el barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, participó en este acto judicial desarrollado en la “Terraza del País”.
La diligencia se ejecutó bajo estricto control del juez Penal de Garantías, Juan Martín Areco Torraca, y contó con la presencia del abogado defensor, un perito químico y un agente antinarcóticos de la Policía Nacional.
Antes de proceder a la quema, se realizó la extracción de muestras para el análisis químico definitivo y se determinó el peso total de la droga incautada, el cual ascendió a 504,7 kilogramos.
El juzgado ordenó la destrucción del cargamento tras asegurar una porción mínima de la sustancia para ser agregada como evidencia a la causa.
Igualmente, la presente investigación seguirá su curso y no se descarta que en los próximos días se realice varias diligencias investigativas para tratar de llegar hasta los responsables de la carga de marihuana.
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Tragedia en Capitán Miranda: imputan y piden prisión para conductor involucrado en accidente que dejó tres fallecidas
El Ministerio Público avanzó en la investigación del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la zona conocida como Bajada Tirol, en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida tres mujeres, entre ellas una exmagistrada judicial.
El fiscal Francisco Martínez imputó por el supuesto hecho punible de homicidio culposo a Saddan Hammoudi Garay, de 23 años, quien se encontraba al mando de una camioneta Chevrolet S10 involucrada en el violento siniestro registrado sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 25. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de la medida de prisión preventiva mientras prosiguen las diligencias investigativas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la camioneta conducida por el joven impactó contra un automóvil Geely Coolray guiado por la exjueza Laura María Benítez Núñez, de 53 años, quien falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el mismo vehículo viajaban Mónica María Guadalupe Otazú Araujo, de 26 años, y Erika Tamary Griffith Paredes, de 22 años. Ambas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y trasladadas de urgencia hasta el Hospital General de Itapúa; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó sus fallecimientos.
Según el informe forense incorporado a la investigación, las tres víctimas sufrieron traumatismos cervicales y politraumatismos severos a raíz del fuerte impacto, considerado uno de los accidentes viales más trágicos registrados este año en el departamento de Itapúa.
Si bien el conductor de la camioneta fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó negativo, el Ministerio Público resolvió formular imputación por homicidio culposo y requirió su prisión preventiva, al tiempo de continuar con la recolección de evidencias, pericias técnicas y demás diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.
La investigación buscará determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho, ocurrido en un tramo de ruta conocido por su complejidad y peligrosidad, mientras familiares y allegados de las víctimas continúan conmocionados por una tragedia que enluta a la comunidad itapuense.
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Tobilleras electrónicas contribuyen a reducir reincidencia y hacinamiento penitenciario
El juez William J. Nelson, del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana, Estados Unidos, destacó las bondades de las tobilleras electrónicas durante el Simposio Internacional “Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna” realizado en nuestro país.
“Las tobilleras electrónicas incidieron en reducir la reincidencia hasta un 31 % en personas sometidas a monitoreo electrónico, además de contribuir a disminuir la sobrepoblación carcelaria, reservando estos espacios para los casos de mayor riesgo”, explicó el magistrado.
Añadió que también favorece a la rehabilitación y reinserción social, permitiendo que las personas mantengan empleo y responsabilidades familiares mientras cumplen medidas judiciales.
Sin embargo, aclaró que el monitoreo electrónico no reemplaza la acción de la justicia, sino que constituye como una herramienta complementaria que fortalece el control, el cumplimiento de las medidas judiciales y la protección de la comunidad.
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En Paraguay, el sistema de monitoreo electrónico continúa avanzando como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de medidas judiciales y la protección de víctimas.
Desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024, se registraron 355 tobilleras electrónicas instaladas, de las cuales 225 ya fueron desinstaladas tras el cumplimiento de las medidas correspondientes, mientras que 130 permanecen activas.
La infraestructura tecnológica que sustenta el sistema es operada por el Consorcio Track, integrado por empresas paraguayas referentes en tecnología, entre ellas TSV - Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay, que participó en el desarrollo e implementación de la solución utilizada por el Estado paraguayo.
El sistema incorpora tecnología de monitoreo electrónico de última generación, incluyendo dispositivos GPS, geolocalización en tiempo real, geocercas y alertas automáticas.
El simposio fue impulsado por el Ministerio del Interior de nuestro país, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
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Cirujana fue procesada por presunta violencia familiar contra su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer de 29 años, de profesión médica cirujana, fue imputada por el fiscal Alberto Torres Flores, de la unidad zonal de Presidente Franco, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar, tras reiterados hechos de maltrato físico y psicológico contra su pareja. El agente pidió la aplicación de la prisión preventiva de la procesada, quien se encuentra privada de libertad en sede policial.
La causa que se investiga comenzó a raíz del último episodio de violencia que se habría registrado el 30 de noviembre del 2025, entre las 19:30 y 20:00 aproximadamente, en un inmueble ubicado en el distrito de Los Cedrales. En dicha ocasión, la imputada habría atacado y agredido a su pareja, además de proferir expresiones denigrantes, provocando lesiones que luego fueron atendidas en la Unidad de Salud Familiar (USF) de dicho municipio.
El afectado presentó la denuncia y en su declaración posterior ante la Fiscalía, manifestó que la mujer habría incurrido en reiteradas agresiones verbales y físicas, configurando un cuadro de hostigamiento constante de larga data.
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Asimismo, las lesiones fueron constatadas mediante fotografías y diagnósticos médicos emitidos en la USF de Los Cedrales, documentos que respaldan la denuncia inicial radicada ante la Comisaría 16ª de la misma ciudad, según el escrito de imputación fiscal.
El expediente cuenta también con mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp, un informe psicológico y declaraciones testificales que sustentan la hipótesis investigativa del Ministerio Público. En el marco de la causa, en diciembre del 2025, el fiscal Alberto Torres había emitido una orden de detención preventiva contra la médica, como supuesta autora de los hechos de violencia familiar. La mujer fue detenida y está sometida al proceso penal.
El fiscal solicitó la aplicación de la prisión preventiva, al considerar la gravedad del hecho, la expectativa de pena y la existencia de riesgos procesales de fuga y obstrucción de la investigación.
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