El juez penal de Garantías, Vicente Coronel, admitió la ampliación de la imputación por asociación criminal contra Wiliam Roberto Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados investigado por integrar una red de estafa a colonos menonitas para la venta de propiedades en el Chaco. Se estima que las víctimas del hecho sufrieron un perjuicio patrimonial de US$ 2 millones.
Igualmente, el citado magistrado admitió la ampliación de la imputación contra José Francisco Ljubetic e Ilsa Marisela Paredes, quienes serían cómplices en esta causa. Los citados fueron convocados para el 8 de abril para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá cuáles son las medidas que se les impondrá a cada imputado.
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Bogarín Campuzano está inicialmente procesado por estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.
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Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
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Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Caso Eusebio Ayala: ordenan captura internacional para imputado que huyó tras manipular tobillera
El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, declaró la rebeldía y ordenó la captura nacional e internacional de Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, quien manipuló su tobillera electrónica y se dio a la fuga en el marco de una causa por hurto agravado. El hombre también fue imputado recientemente por supuesto homicidio doloso, tras un hecho ocurrido en la zona de Eusebio Ayala, donde una mujer falleció y otra resultó herida.
El magistrado sostuvo en su resolución: “Conforme consta en el informe remitido por el jefe interino del Departamento de Control y Dispositivos Electrónicos, se puede corroborar que efectivamente el dispositivo asignado al encausado, Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, registró una alerta por manipulación, perdiéndose la señal de geolocalización.
Al haberse violentado dicho mecanismo de control y desconociéndose su paradero actual, se constata que el mismo ha incumplido las reglas impuestas por este juzgado, demostrando con ello una mala conducta procesal al eludir los mandatos de la Justicia”.
Asimismo, el juez indicó que “existen suficientes motivos para que esta magistratura pueda declarar en rebeldía al mencionado procesado, ya que se ha mostrado renuente a los mandatos de la Justicia. Al violentar el mecanismo de control que lo sometía al presente proceso, demostró su falta de voluntad para someterse a la investigación, por lo que corresponde ordenar su rebeldía y captura”.
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Ypyta: juez ordenó constitución judicial en propiedad donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián en PJC
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, autorizó la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Rivas dispuso que el Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero realice la diligencia judicial, la cual había sido solicitada en febrero de este año y autorizada recién el pasado 9 de septiembre. Ahora, el magistrado de Paz de la zona será el encargado de constituirse en el inmueble para realizar el relevamiento de datos sobre la costosa propiedad en litigio.
Actualmente, el caso se encuentra en discusión en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, el entonces síndico de quiebras, Blas Velázquez, había autorizado la venta irregular de la valiosa propiedad. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Admiten imputación y procesan a un abogado por coacción y usurpación de funciones
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.
Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.
El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
Criticó la imputación
Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.
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