Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Salto del Guairá, Canindeyú, fue encontrada en un asentamiento viviendo con otro menor de edad, un adolescente de 16 años, quien también tenía orden de búsqueda, según el reporte de la Policía de Alto Paraná. La intervención fue ayer en el asentamiento Santa Clara, del Km 11 de Presidente Franco.

El adolescente no se encontraba en el sitio, sino en una obra en construcción en el Shopping del Ciudad del Este, donde estaba trabajando. Fue aprehendido y hoy fue imputado por violación de la patria potestad, en la causa a cargo del fiscal de Salto del Guairá, Ramón Ferreira.

La desaparición de la niña fue denunciada el pasado 30 de junio, pero en el caso del adolescente de 16 años, permanecía desaparecido desde que fue imputado por abuso sexual de la misma niña, en una ocasión anterior de abandono de la casa de ambos menores, que son de Salto del Guairá.

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El antecedente indica que, ya existió una desaparición de ambos menores de edad y en esa oportunidad, la niña de 13 años fue localizada y reintegrada bajo cuidado de su madre, pero el adolescente con quien huyó de su casa, no fue encontrado.

La fiscal Sonia Benítez, de la capital de Canindeyú, es quien tiene la investigación de ese hecho y había imputado al adolescente por abuso sexual en niños, después de que en la Cámara Gesell la niña contara que mantuvo relación sexual con él. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la agente fiscal de Salto del Guairá.

Al registrarse la segunda desaparición de la niña y al ser encontrada ayer en Pdte. Franco, los agentes de Búsqueda y Localización de la Policía, también pudieron localizar al adolescente, ya imputado después de la primera huida. Fue derivado al Centro Educativo de Menores de Ciudad del Este, teniendo en cuenta la edad del adolescente.

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La violencia de tintes racistas vivida en días pasados en el sureste de España ilustra las crecientes tensiones en el país ante la inmigración, un tema que en pocos años ha entrado de lleno en el debate político azuzado por la extrema derecha.

Torre Pacheco, una ciudad de 40.000 habitantes cerca de Murcia y la costa mediterránea, ha sido escenario de enfrentamientos nocturnos entre grupos de extrema derecha y residentes de un barrio de mayoría inmigrante, principalmente de origen marroquí.

La violencia se desencadenó por la agresión el 9 de julio a un jubilado de 68 años, quien relató a varios medios españoles, con el rostro magullado, que fue atacado sin motivo aparente por tres jóvenes de origen magrebí.

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Dos días más tarde, la alcaldía de Torre Pacheco, dirigida por el Partido Popular (PP, derecha), organizó una manifestación contra la inseguridad, que degeneró rápidamente, ya que grupos de extrema derecha se unieron con consignas hostiles hacia los inmigrantes.

A partir de ahí y por varias noches, estallaron disturbios en las calles de la ciudad, si bien el despliegue de numerosos miembros de la Guardia Civil permitió evitar enfrentamientos directos entre los grupos rivales y limitar el número de heridos.

Según las autoridades, 14 personas fueron detenidas, incluidas tres vinculadas a la agresión del jubilado y que no residían en Torre Pacheco. Entre los arrestados también figura un responsable del grupo de ultraderecha “Deport them now” (“Depórtenlos ya”), que animó en Telegram a una “cacería” de inmigrantes.

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El alcalde de Torre Pacheco, una ciudad donde aproximadamente el 30% de los residentes son personas de origen extranjero llegadas en su mayoría para trabajar en el campo, hizo un llamado inmediato a la calma, pidiendo no confundir a los autores de la agresión con la población inmigrante de la ciudad.

Pero el partido de extrema derecha Vox, la tercera fuerza en el Parlamento español, multiplicó sus declaraciones hostiles hacia los inmigrantes, como las de su líder regional José Ángel Antelo, quien atribuyó el clima de inseguridad en Torre Pacheco a la “inmigración ilegal”.

A su juicio, esa inmigración irregular “es la misma que agrede a nuestros ancianos” o “viola a nuestras hijas en nuestras calles”, una postura respaldada por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien pidió “deportaciones inmediatas” ante la “invasión migratoria criminal”.

Unas declaraciones duramente criticadas por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a Vox de “echar gasolina al fuego”, y por su socio de extrema izquierda, Sumar, que le reprochó “promover la violencia”. La Fiscalía de Murcia abrió una investigación contra Antelo.

“Es un ejemplo muy claro de esa tensión que va creciendo por los problemas de la inmigración” en España, consideró en declaraciones a la AFP Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, para quien el fenómeno guarda relación con “el auge de la extrema derecha”, que ha convertido este tema en un asunto central.

El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 637.000 extranjeros vivían en el país en 1998, el 1,6% de la población. Hoy en día son 6,95 millones (14,13%), de ellos 920.000 marroquíes, la mayor comunidad extranjera. El Gobierno de izquierda, que desea regularizar hasta 300.000 inmigrantes por año de aquí a 2027, ve la inmigración como una oportunidad.

Según el INE, la inmigración explica gran parte de la buena salud económica del país, cuyo PIB creció un 3,2% el año pasado.

Según el informe anual de Ipsos sobre el populismo, solo el 34% de los españoles piensa que el país sería “más fuerte” si se limitara el número de llegadas de inmigrantes (frente al 46% en Alemania). Es el porcentaje más bajo de la Unión Europea.

Pero eso no impide que haya tensiones en el país, como por ejemplo por la distribución de los menores no acompañados, que saturan el dispositivo de acogida de las islas Canarias, el archipiélago próximo al noroeste de África que es la principal puerta de entrada de la inmigración irregular.

Unas tiranteces explotadas por Vox, que propuso a principios de julio un programa masivo de expulsiones, denominado “remigración”. “En un país que gracias a la inmigración crece, es un poco contradictorio”, señaló Paloma Román, para quien la dureza de Vox se explica por su rivalidad con el PP, en medio de la creciente fragilidad política de Pedro Sánchez por varios escándalos de corrupción.

Fuente: AFP

Una trabajadora del área de limpieza fue golpeada por su expareja en el interior del Hospital Militar de Asunción. El hombre se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público.

Una compañera de trabajo de la mujer logró filmar al agresor y el video fue presentado como prueba a las autoridades intervinientes.

Según el comisario Gustavo Errecarte, jefe de la Comisaría Primera de Asunción, el victimario se hizo pasar por familiar de un paciente para ingresar hasta donde se encontraba la limpiadora para propinarle golpes en el rostro, según se puede observar en la grabación.

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“Hemos intervenido en un caso, lastimosamente un nuevo episodio de violencia contra la mujer, en este caso una trabajadora del servicio tercerizado de mantenimiento general del Hospital Militar”, señaló a la 780 AM.

El jefe policial detalló que el incidente se produjo a la medianoche y el sindicado ya está preso. Tras varios hechos de violencia, la mujer habría tomado la decisión de separarse, luego de varios años de convivencia y hace cuatro meses vive distanciada de su pareja.

“Este sujeto ingresó al predio del hospital aparentemente con la decisión firme de agredirla físicamente”, afirmó.

Según manifestó, primero hubo una agresión verbal y posteriormente le propinó golpes. “La mujer obviamente también intenta defenderse y como resultado de esta agresión la persona presenta cortes a la altura del rostro, la boca y otros tipos de contusiones”, mencionó.

Tras la denuncia presentada por la trabajadora, se ordenó la inmediata detención. “Se habría identificado como familiar de un paciente al oficial de guardia del Hospital Militar a manera de lograr ingresar al predio”, puntualizó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).

Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.

No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.

En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.

Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.

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A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.

El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.

La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.

Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.

A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.

Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.

En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.

No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.

De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.

Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

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