La justicia condenó a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a la exministra de la SEN, Gladys Cardozo, y a otro exfuncionario de la citada institución luego de ser encontrados culpables por lesión de confianza. Foto: Archivo
Procuraduría logró embargo de bienes de exministra de la SEN condenada por lesión de confianza
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Un tribunal de sentencia, cuya presidenta es la magistrada Rossana Maldonado, ordenó el embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000, más los gastos de justicia estimados en G. 248.295.000. Ambos fueron condenados en su momento por el delito de lesión de confianza.
La Procuraduría General de la República obtuvo resolución favorable para el embargo de bienes de los condenados por hechos punibles de corrupción, en el marco de la acción de reparación del daño a consecuencia de la causa “Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza” (Expediente N° 108/2014).
El juzgado dio trámite a la acción de reparación del daño, en virtud a una providencia de mandamiento de embargo. La acción se promovió con el objeto de obtener el resarcimiento de daños derivados de hechos de corrupción. En dicha oportunidad, ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de los demandados, hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000 más los gastos de justicia, estimados en G. 248.295.000.
Conforme a lo resuelto por el tribunal colegiado de sentencia permanente N° 5 de la Capital, en la Sentencia Definitiva N° 182, dictada el 27 de mayo de 2022, se determinó la responsabilidad civil de los señores Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quienes deberán abonar la suma reclamada por la PGR, como compensación por los perjuicios ocasionados al Estado, a causa de la comisión de delitos relacionados con la lesión de confianza.
Un tribunal de sentencia condenó a una abogada a 3 años de cárcel por suplantar la identidad de una persona que debía rendir el examen de carta de naturalización en el Poder Judicial. Foto: Gentileza
Condenan a 3 años de cárcel a una abogada por suplantación en exámenes de naturalización de extranjero
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El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, condenó a tres años de cárcel a la abogada Cinthia Pérez Toranzo, luego de ser encontrada culpable por los delitos de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad, por intentar mentir al justiciar en una carta de naturalización de ciudadanos extranjeros.
Los magistrados de sentencia Juan Carlos Zárate y María Fernanda García de Zuñiga votaron por la sentencia condenatoria de tres años, mientras que el juez Héctor Capurro votó por condenar a solo dos años y seis meses de prisión.
El magistrado Zárate sostuvo que luego de la presentación de ambos extranjeros, se produjo la suplantación por otras personas a los efectos de rendir los exámenes, por parte de un adolescente y el señor Mohamed Ali Kanso.
Por su parte, la actual exsecretaria de la Sala Civil de la Corte y camarista Pierina Ozuna, indicó que a partir de lo sucedido se replanteó lo referente a los controles para evitar situaciones como la acontecida con la abogada Cinthia Pérez Toranzo, condenada hoy a 3 años de pena privativa de libertad, indico la magistrada a Cuarto Intermedio a través de El Observador Radio TV.
Juez ordenó sobreseimiento definitivo de dos personas investigadas por amenaza y otros
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El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de una resolución judicial ordenó el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano, investigados en el marco de la causa caratulada como “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
Los abogados Juan Carlos Cabral y Néstor González, en representación de Arévalos y de Souza arrimaron la resolución judicial en la que se ordena la desvinculación total de sus representados en el caso mencionado más arriba.
Ambos abogados señalan que “en relación a las noticias publicadas en septiembre de 2016, sobre la detención de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez y Carlos Alberto de Souza Cano por supuestas amenazas, informamos que el proceso penal ha concluido con el sobreseimiento definitivo de los mismos, habiendo la autoridad judicial determinado que no existen elementos suficientes para demostrar su participación en los hechos investigados. Esta resolución confirma la inocencia de las personas involucradas”, señala el escrito.
Las dos personas con sobreseimiento definitivo fueron en su momento investigadas por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez y de Souza en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con esta resolución.
El colegiado sentenció a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y Rafael Chamorro, mientras que a 12 años fue condenado Alberto Ferreira por intentar traficar 570 kilos de cocaína. Foto: Archivo
Condenan a 14 y 12 años de cárcel a tres personas por intentar traficar 570 kilos de cocaína
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Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.
El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.
Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.
Villa del Rosario: condenan a sexagenario a 22 años de cárcel por abusar de sus hijastras
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El Tribunal de Sentencia integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, condenó a 22 años de cárcel a un hombre de 62 años de edad luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuyas víctimas tenían 9 y 12 años de edad.
La fiscala del caso fue Rusbell Benítez López, de la Fiscalía Zonal de Itacurubí del Rosario, quien arrimó todos los elementos probatorios para lograr la condena del acusado. Durante el juicio, se demostró que en 2021, el acusado abusó repetidamente de las menores, aprovechando la ausencia de su madre. Las víctimas sufrieron los ataques mientras vivían en el hogar familiar.
La Fiscalía presentó pruebas como informes psicológicos de las víctimas, entrevistas en Cámara Gesell, y un estudio socioambiental, que confirmaron que las niñas habían sido sometidas por su padrastro.
Asimismo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Del mismo modo, si se confirma en segunda instancia la condena, la defensa del sentenciado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y será la máxima instancia judicial la que tendrá la última palabra.