La justicia condenó a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a la exministra de la SEN, Gladys Cardozo, y a otro exfuncionario de la citada institución luego de ser encontrados culpables por lesión de confianza. Foto: Archivo
Procuraduría logró embargo de bienes de exministra de la SEN condenada por lesión de confianza
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Un tribunal de sentencia, cuya presidenta es la magistrada Rossana Maldonado, ordenó el embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000, más los gastos de justicia estimados en G. 248.295.000. Ambos fueron condenados en su momento por el delito de lesión de confianza.
La Procuraduría General de la República obtuvo resolución favorable para el embargo de bienes de los condenados por hechos punibles de corrupción, en el marco de la acción de reparación del daño a consecuencia de la causa “Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza” (Expediente N° 108/2014).
El juzgado dio trámite a la acción de reparación del daño, en virtud a una providencia de mandamiento de embargo. La acción se promovió con el objeto de obtener el resarcimiento de daños derivados de hechos de corrupción. En dicha oportunidad, ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de los demandados, hasta cubrir la suma de G. 2.482.950.000 más los gastos de justicia, estimados en G. 248.295.000.
Conforme a lo resuelto por el tribunal colegiado de sentencia permanente N° 5 de la Capital, en la Sentencia Definitiva N° 182, dictada el 27 de mayo de 2022, se determinó la responsabilidad civil de los señores Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quienes deberán abonar la suma reclamada por la PGR, como compensación por los perjuicios ocasionados al Estado, a causa de la comisión de delitos relacionados con la lesión de confianza.
Condenan a integrantes del PCC por caso derivado del asesinato en Ja´umína Fest
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Un tribunal de sentencia condenó a 12 años de cárcel a Alcides De Jesús Villasboa Peralta, a 8 años de pena privativa de libertad a Milcíades Pedra Gómez, y a 4 años de cárcel a Elio Balvino Ovelar Espinoza, quienes fueron juzgados por hechos relacionados al narcotráfico en la investigación abierta como derivación del caso Ja’umína Fest.
El colegiado de sentencia que condenó a los tres acusados estuvo integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, quienes mencionaron que se logró demostrar la responsabilidad de cada uno de los procesados en el presente caso, por eso la pena justa es la mencionada más arriba.
La presente causa se dio inicio luego del asesinato de Marcos Ignacio Rojas Mora y la influencer Cristina «Vita» Aranda, esposa del jugador Iván Torres, ocurrido el 30 de enero de 2022, en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.
El representante del Ministerio Público Juan Carlos Sandoval durante la exposición de los alegatos finales solicitó al tribunal de sentencia la pena de 12 años para Peralta Villasboa, alias Ropero; 10 años para Gómez, alias Oso Riquillo, y 13 años para Balbino Ovelar, alias Titán. Todos fueron acusados por comercialización de sustancias estupefacientes, y asociación criminal.
Por su parte, la defensa de los condenados estudiará si corresponde apelar el fallo judicial y si apelan será un tribunal de alzada el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o disponer que se realice un nuevo juicio oral y público.
Juez decretó la prisión de Cristian Morínigo, alías “La Gorda”, imputado por narcotráfico
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El juez penal de garantía, Rolando Duarte, decretó la prisión preventiva de Cristian Morínigo Ojeda, alías “La Gorda” ”, referente principal de la barra brava “La Plaza”, del Club Cerro Porteño. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.
Morínigo Ojeda fue detenido luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutaron un operativo en el barrio Itá Pytã Punta de la ciudad de Asunción. Allí, lograron detener a un hombre que sería líder de una barra brava organizada y encargado de la distribución de drogas en la mencionada ciudad y zonas aledañas.
El lugar que fue allanado por los intervinientes sería utilizado como punto central para el acopio de las drogas previo a la distribución. Del mismo lugar se incautaron de dos armas de fuego y proyectiles, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.
Según las informaciones brindadas por los intervinientes, el ahora detenido lideraba una estructura jerárquica compuesta por aproximadamente 2.000 integrantes, con jefes zonales que respondían directamente a su mando. Se estima que hasta el 50 % de las drogas que circulaba en Asunción provenían de esta red.
Inician investigación contra el juez Osmar Legal por falta ética tras ser modelo de una barbería
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El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.
Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.
La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.
Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.
El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.
El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Foto: Archivo
Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
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El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.