La fiscala Esmilda Álvarez presentó imputación por lesión de confianza contra el exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti y Federico José Silveira González, en la causa que investiga el supuesto perjuicio de USD 1.225.000 por parte de los citados al denunciante Everson Gomes Da Silva.
El Ministerio Público solicitó al juzgado penal de garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los dos imputados en el presente proceso penal. La fiscala pidió 6 meses de tiempo para poder presentar su requerimiento conclusivo.
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El juez penal de garantía José Delmás ya admitió la imputación y estableció para el 17 de enero a las 8:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
De acuerdo al acta de imputación, Ferreira Brusquetti, representante de la firma Wexford S.A, no cumplió con un acuerdo con el denunciante Everson Gomes Da Silva, en el que a raíz del incumplimiento se produjo un perjuicio millonario.
Asimismo, el escrito de la Fiscalía sostiene que el denunciante cumplió con todos los puntos del acuerdo asumido, inclusive, desistiendo de acciones civiles que estaban en discusión.
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Abogada imputada por extorsión junto a policías ya está detenida
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La abogada Blanca Noemí Gauto Fernández (38) se presentó ayer viernes ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, acompañada de su abogado Omar Ortiz Pedrozo, donde fue ordenada su detención. Fue derivada a la comisaría de mujeres.
Gauto Fernández fue imputada por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos, al igual que otros cinco policías por un presunto hecho de privación de libertad y extorsión agravada. La agente del Ministerio Público había pedido al juzgado su detención preventiva al tiempo de presentar la imputación.
El abogado Ortiz Pedrozo indicó que la medida alternativa a la prisión corresponde a su cliente, porque no existen elementos de obstrucción y fue demostrado su arraigo. Informó que su defendida se declara inocente de los hechos y que la misma es abogada del denunciante en una causa por violencia familiar.
Los hechos por los cuales fueron procesados ocurrieron el 3 de junio, alrededor de las 12:40 sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco. La denuncia fue presentada por Fabio Junior Troche Zarza.
El citado y sus acompañantes que se circulaban en un vehículo, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente, fueron supuestamente privados de su libertad y debieron pagar para quedar libres. La denuncia señala que durante cuatro horas estuvieron en poder de los policías en el predio del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.
Relató que fueron liberados después del pago de 30.000 dólares, con el compromiso de completar el pago requerido inicialmente de 50.000 dólares. La abogada, llamada por su cliente para intervenir en el caso, está imputada por supuesta participación en el hecho. La misma habría facilitado a los policías el cobro, antes que defender a su cliente.
Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. Todos están detenidos en la Dirección de Policía. Desde ayer a la tarde se sumó la abogada Gauto Fernández.
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Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
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De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
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Imputan y piden prisión preventiva para suegro del sospechoso del crimen de María Fernanda
Este jueves, la fiscal Gloria Rojas confirmó que imputaron y solicitaron la prisión preventiva del suegro del principal sospechoso en el crimen de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo. Se trata de Ricardo Villamayor.
Remarcaron que las investigaciones en el caso son bastantes positivas y que esperan el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda donde fue hallada la moto.
La fiscal explicó que ayer se realizaron dos intervenciones muy importantes; una en el penal de Villarrica, donde se logró incautar la campera que llevaba el adolescente de 17 años cuando se trasladaba en la moto con la víctima, y otra en la vivienda donde se encontró el biciclo que está a nombre de Armando Silva, padre del presunto autor del crimen.
“Ayer se dispuso la detención de Ricardo Villamayor y hoy le tomamos su indagatoria. Se presentó la imputación y ya está a cargo del Juzgado de Paz de Garantía. Se solicitó la prisión preventiva del mismo. La caratula de la imputación es por frustración del tan sonado caso”, detalló Rojas.
Explicó que el caso de María Fernanda es muy conocido a nivel y que ninguna persona puede decir que tuvo desconocimiento. “Además, este hombre es alguien cercano al sospechoso y es por eso que también se le atribuye este hecho. Nadie puede alegar que no estaba en conocimiento por la magnitud del caso”, aclaró.
La fiscal refirió que más avances de la investigación no puede dar, pero que actualmente esperan el análisis de más cámaras de seguridad que puedan detallar más situaciones. “Se extrajeron imágenes del domicilio y también del otro lugar donde se allanó. Estamos esperando las diligencias técnicas que están realizando los investigadores”, manifestó.
Agregó que los padres del adolescente ya prestaron declaración y que ya consta en la carpeta fiscal. “Los padres ya estuvieron más de una vez en sede fiscal”, puntualizó.
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Mafia de los pagarés: ratifican imputación contra jueza de paz suspendida, Analía Cibils
La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.
La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Extracción de datos
Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
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