Condenan a 5 años y 6 meses de cárcel a hijo de OGD
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 5 años y 6 meses de cárcel a Óscar Rubén González Chaves, quien fue encontrado culpable por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los jueces de sentencia Matías Garcete y Adriana Planás votaron por la sentencia más alta mientras que la magistrada Jazmín Cáceres votó por una condena de 4 años de cárcel.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera defensor de González Chaves, señaló que “sí vemos motivos para poder recurrir este fallo judicial, de hecho ya hemos recurrido y la propia Corte Suprema de Justicia nos ha dado la razón en varios puntos”.. Agregó que “el tribunal de sentencia no condenó por el delito de declaración falsa y con relación al delito de lavado de dinero, los jueces condenaron por el 50 % de los hechos que acusó el Ministerio Público a diferencia del anterior juicio”, manifestó.
Lovera afirmó que “el tribunal admitió que hubo variación de los hechos en relación con el lavado de dinero, pero señaló que la variación de los hechos no debería bloquear el pronunciamiento y en ese sentido discrepo, pero admitieron que hubo variación de los hechos” refirió el citado profesional del derecho.
Asimismo, el fiscal del caso Francisco Cabrera, puntualizó que “fue un fallo extenso y bien analizado por el tribunal de sentencia y vamos a esperar tener el fallo integro para analizar los fundamentos y desde el Ministerio Público estamos satisfechos por la sentencia contra el acusado”. Del mismo modo, el colegiado dispuso el comiso de sumas de dinero que están en varias cuentas bancarias de González Chaves.
Juicio oral contra exjueza civil Tania Irún se iniciará el 22 de julio
Compartir en redes
Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
Tribunal halló culpable a Vivian Genes por quema de Colorado Róga y dio por cumplida la pena
Compartir en redes
El Tribunal de Sentencia dictó la sentencia de 5 años y 2 meses de prisión para Vivian Genes en el marco de la causa por perturbación de la paz pública y producción de riesgos comunes, vinculada con la quema de Colorado Róga, la sede institucional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que ocurrió el 17 de marzo del 2021.
Sin embargo, el Tribunal presidido por la jueza Lourdes Garcete determinó que la pena ya fue compurgada teniendo en cuenta el tiempo que Genes pasó bajo prisión preventiva y arresto domiciliario durante el proceso, y fue puesta en libertad. Así también, la joven fue absuelta por los cargos de daño a costas de interés común y daño a obras construidas o medios de trabajo.
La joven aparecía en materiales audiovisuales donde se la puede ver encendiendo y llevando un cartel en llamas hacia el acceso del local; que fue utilizado en el proceso de juzgamiento, como así testimonios de otras personas que se encontraban en el sitio. Igualmente, el tribunal realizó un peritaje de la vestimenta de la acusada, que fue comparada con las imágenes tanto del material audiovisual como fotos de las redes sociales.
Con estas imágenes se pudieron confirmar los hechos que son atribuidos a la joven, lo que demuestra que la misma es una de las personas que incendiaron la sede partidaria, como así también se demuestra la intención dolosa de sus acciones, de acuerdo al tribunal. La jueza Garcete subrayó que la indignación ante la corrupción estatal no constituye una causal de legítima defensa ni un estado de necesidad que justifique el ataque a una propiedad privada.
Un tribunal de sentencia condenó a 7 años y 3 meses de cárcel a la exfiscala Ana Girala luego de ser encontrada culpable por prevaricato, cohecho pasivo y otros. Foto: Archivo
Condenan a 7 años y 3 meses de cárcel a exfiscala por prevaricato, cohecho pasivo y otros
Compartir en redes
El tribunal de sentencia, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrada culpable por un esquema de extorsión y pedidos de coima en su unidad fiscal de San Lorenzo.
Asimismo, el colegiado condenó a la exsecretaria fiscal Griselda Acha a la pena privativa de 6 años y 6 meses, a la exasistente fiscal Christi Magalí Ortega a la pena privativa de libertad de 4 años. Mientras que al abogado Marco Velazco, a la pena de 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez a 3 años y 6 meses. Igualmente se mantiene las medidas cautelares impuestas a los sentenciados.
La exrepresentante fiscal fue encontrada culpable por los hechos punibles de prevaricato, extorsión en calidad de coautora, tentativa de extorsión en calidad de coautora, cohecho pasivo agravado.
El colegiado sostuvo que Girala utilizó su investidura para obtener beneficios económicos, dirigió operativamente a sus funcionarias, direccionó causas hacia abogados de confianza y afectó gravemente la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público y en el sistema de justicia.
Por otra parte, la acusada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de reproche y pena al no probarse su participación en los hechos acusados por el Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Yolanda Morel, ratificó la existencia de una organización criminal que operaba dentro de la sede del Ministerio Público en San Lorenzo para obtener réditos económicos ilícitos.
Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus hijastras
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia de Cordillera condenó a 23 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños y adolescentes y abuso sexual en niños bajo tutela.
La agente fiscal, María Lucia González, ha demostrado en juicio oral y público la autoría del hoy condenado en el grave hecho registrado.
De acuerdo a lo señalado por los jueces de sentencia, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos acusados mediante elementos de prueba que sustento la acusación fiscal sobre los delitos sentenciados.
Asimismo, la agente fiscal presentó declaraciones de las afectadas, actas de Cámara Gesell, evaluación sicológica, y evidencias cuya conclusión fue la condena a prisión para el padrastro.
Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Mbocayaty del Yhaguy, departamento de Cordillera, en una vivienda donde residían el hoy condenado con sus hijastras de 15 y dos niñas de 13 años de edad.
Ahora, la defensa tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá la última palabra si confirma la sentencia condenatoria o decide que se vuelta a realizar un nuevo juicio oral y público.