El abogado Claudio Lovera, defensor de Oscar Rubén González Chaves, pidió al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena por los delitos de lavado de dinero y declaración jurada falsa, por deficiencias y en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles citados más arriba. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
Lovera señaló que “la Fiscalía no ha demostrado esfuerzos en la construcción de circunstancias fáctica”. Agregó “la sociedad denominada Príncipe de Savoia tenía recursos suficientes, previamente al periodo de enriquecimiento ilícito al igual que los bienes adquiridos, que a su criterio son de origen lícito y aportados a una sociedad para evitar doble transferencia”.
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El defensor del procesado también manifestó que “la Corte Suprema de Justicia cuando anuló la condena por lavado de dinero, cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia y las consideró notoriamente vagas e infundadas. Los argumentos del tribunal colegiado señalaron pagos por compras de inmuebles en 2016, supuestamente con fondos ilícitos, propiedad del acusado debido a que la persona jurídica no disponía de recursos propios y suficientes en dicho año y esto fue lo reenviado a un nuevo juicio oral”, indicó Lovera.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás. La audiencia oral prosigue este viernes y ya se podría dar a conocer el fallo de primera instancia.
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Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes
El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, se refirió sobre la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, contra su cliente.
“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordinadamente, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes“, sostuvo Ovelar, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular", dijo el abogado.
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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Con esa denuncia y la persecución política se dieron una serie de hechos que la ciudadanía debe conocer, muchas de las familias paraguayas fueron afectadas (pérdida de trabajo) por ese odio. Ellos (abdistas) quisieron ganar las elecciones, tomar un atajo eliminando al adversario político", dijo.
El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado.
“Son unos falsos a qué temen. Horacio Cartes fue sometido a una profunda investigación por todos los casos que se le denunciaron, estamos en condiciones de sostener la inexistencia de esos ilícitos que ellos señalan, la falsedad en las afirmaciones de Giuzzio y todos los denunciantes. Esto se trató nada más y nada menos que la mayor persecución política vivida en la era democrática utilizando el terrorismo de Estado como herramienta“, sentenció.
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Caso Boidanich: defensa de exministro cuestiona el actuar de la Fiscalía
Claudio Lovera, abogado del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la acusación del Ministerio Público, contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios.
“Yo le puedo señalar a la ciudadanía que el 100 % de los bienes de Messer fueron oportunamente secuestrados, embargados y totalmente comisados“, sostuvo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera siguió sosteniendo que “cómo se sostiene lógicamente de que haya supuestamente una demora para beneficiar a alguien en materia de bienes, pero este alguien durante todo ese lapso de tiempo no realiza ninguna conducta tendiente a asegurar o ocultar que no sean accesibles esos bienes. Esto es una contradicción relevante, porque la Fiscalía habla de meses de demora“.
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Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente Boidanich habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.
Messer, fue condenado en Brasil por el caso Lava Jato a una pena privativa de libertad de más de 13 años, como parte de una delación premiada. La imputación también alcanza a las exfuncionarias Paloma Cuevas y Melissa Parodi, según consta en acta.
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Abogados de la exmandataria argentina condenada pidieron que cumpla la pena en su domicilio
La expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió este miércoles cumplir en su apartamento la pena de seis años por corrupción que le fue confirmada por la justicia, mientras su defensa denunciaba “persecución política” ante la Corte Penal Internacional (CPI) y sus simpatizantes mostraban su indignación.
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La Corte Suprema argentina dejó en firme el martes la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria (2007-2015) por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). Le dio cinco días hábiles para entregarse ante el tribunal federal.
Sus abogados pidieron que el líder peronista de 72 años cumpliera su pena en su apartamento en el barrio de Constitución en Buenos Aires. “Pedimos la prisión domiciliaria que se le da a las personas que tienen más de 70 años”, dijo el letrado Carlos Beraldi a los periodistas.
“No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona en la misma situación jurídica”, prosiguió.
Al recordar que en 2022 un hombre presionó dos veces el gatillo de una pistola a centímetros de la cabeza de Kirchner sin que salieran las balas, Beraldi argumentó que la exmandataria “fue víctima de un atentado y todavía los autores intelectuales no fueron individualizados”.
Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón viajó a La Haya para denunciar ante el CPI una “persecución política” contra la principal opositora al gobierno del ultraliberal Javier Milei.
“Esta condena es el resultado de un proceso viciado, direccionado desde su origen para lograr un objetivo político: proscribir a la mujer que más veces ganó en las urnas desde la recuperación democrática”, escribió Dalbón en la red social X, al anunciar que acudirá también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La propia Kirchner acusó el martes de “monigotes” a los tres jueces de la Corte Suprema que fallaron en su contra y, ante una multitud de simpatizantes, aseguró que “la sentencia ya estaba escrita” antes del juicio.
Pareceres dispares
Desde Israel, donde está de gira, Milei comentó en X la decisión del alto tribunal: “Justicia. Fin”. También su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó: “Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia”.
Entretanto, cientos de simpatizantes de Kirchner se congregaron frente a su casa desde la mañana del miércoles, luego de que miles la acompañaran hasta la entrada la noche del día anterior tras conocerse el fallo.
La expresidenta salió ocasionalmente a saludar a los enfervorecidos seguidores desde el balcón.
Al mismo tiempo, médicos del hospital pediátrico Garrahan, que reclaman hace semanas mejoras salariales, se movilizaron en la tarde a la céntrica Plaza de Mayo junto a los jubilados, que llevaban a cabo una protesta semanal contra el gobierno de Milei.
“Hay compañeras que te dicen cómo voy a cuidar a otros chicos si no puedo cuidar al mío”, dijo a la AFP Yanina, una enfermera de 32 años que no dio su apellido, entre cantos a favor de Kirchner y carteles que acusaban “proscripción”.
Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tomaron varias facultades el martes “en defensa de los derechos democráticos” y algunos sindicatos cortaron accesos a Buenos Aires.
Fuente: AFP
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Constitucionalista alega que no es eficiente elevar penas a menores
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.
“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.
Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.
“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.