El abogado Claudio Lovera, defensor de Oscar Rubén González Chaves, pidió al tribunal de sentencia la absolución de culpa y pena por los delitos de lavado de dinero y declaración jurada falsa, por deficiencias y en la postura de la Fiscalía sobre los hechos punibles citados más arriba. El pedido fue durante la exposición de los alegatos finales de parte de la defensa del procesado.
Lovera señaló que “la Fiscalía no ha demostrado esfuerzos en la construcción de circunstancias fáctica”. Agregó “la sociedad denominada Príncipe de Savoia tenía recursos suficientes, previamente al periodo de enriquecimiento ilícito al igual que los bienes adquiridos, que a su criterio son de origen lícito y aportados a una sociedad para evitar doble transferencia”.
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El defensor del procesado también manifestó que “la Corte Suprema de Justicia cuando anuló la condena por lavado de dinero, cuestionó las argumentaciones de la sentencia de primera instancia y las consideró notoriamente vagas e infundadas. Los argumentos del tribunal colegiado señalaron pagos por compras de inmuebles en 2016, supuestamente con fondos ilícitos, propiedad del acusado debido a que la persona jurídica no disponía de recursos propios y suficientes en dicho año y esto fue lo reenviado a un nuevo juicio oral”, indicó Lovera.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Matías Garcete, Jazmín Cáceres y Adriana Planás. La audiencia oral prosigue este viernes y ya se podría dar a conocer el fallo de primera instancia.
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Piden rechazar carnaval de chicanas de Zaldívar
La defensa de la matriz del fútbol sostiene que las acciones presentadas solo buscan dilatar el proceso.
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, pidió al juez penal Humberto Otazú rechazar las chicanas presentadas por los imputados Miguel Ángel Zaldívar y directivos.
Los mismos están procesados por lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la matriz del fútbol sudamericano contra la entidad bancaria que avaló operaciones irregulares en tiempos de Nicolás Leoz.
La presentación hecha por cada imputado es al solo efecto de evitar someterse a la Justicia, evidenciando la actitud dilatoria de los abogados defensores por lo que no se descarta que se aplique sanciones, tanto para los imputados como para sus abogados.
Los abogados de los imputados presentaron un recurso extraordinario de casación ante la sala penal de la Corte Suprema donde buscan dejar sin efecto la resolución de segunda instancia que ratificó la legalidad de la imputación contra Miguel Zaldívar y otros.
En la causa también se encuentran imputadas Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, José Miguel Páez Corvalán, entre otros.
Si bien la Corte Suprema siempre rechazó la casación ante este tipo de presentación porque no pone fin al proceso, la defensa de los imputados recurrió a la máxima instancia judicial, por lo que se podría considerar ejercicio abusivo del derecho y se podría aplicar sanciones.
ANTECEDENTES DEL CASO
De acuerdo con el acta de imputación, en tiempos que Leoz era máximo dirigente continental realizó en 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Impactante fallo: asesinó y mutiló al abusador de su hija y fue absuelta
Un fallo reciente en Brasil sacudió a la opinión pública y reavivó un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que la justicia no alcanza para reparar un daño irreparable?
Un tribunal absolvió a una mujer que había sido acusada de homicidio y mutilación contra el hombre señalado como responsable del abuso sexual de su hija. La escena en la sala de audiencias, cargada de tensión y emociones contenidas, reflejó la profundidad del conflicto moral que atravesó todo el proceso. La reacción de los presentes, entre el alivio, la conmoción y la controversia, fue tan elocuente como el propio veredicto.
Según se reconstruyó durante el juicio, la mujer actuó impulsada por una mezcla de desesperación, dolor y una noción visceral de justicia. La defensa sostuvo que su accionar no podía analizarse fuera del contexto de la violencia extrema sufrida por la menor. El tribunal, en una decisión que no tardó en generar repercusiones, consideró esas circunstancias y concluyó que existían atenuantes suficientes para dictar la absolución.
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El caso abre interrogantes de fondo sobre el sistema judicial y sus límites frente a delitos particularmente sensibles. ¿Puede la ley contemplar plenamente el impacto emocional de un crimen de esta naturaleza? ¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa, propia o de un tercero, y la justicia por mano propia?
En Brasil, el fallo ya alimenta un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y social. Para algunos, la decisión representa un acto de comprensión frente a una situación límite; para otros, sienta un precedente peligroso que podría erosionar el principio de que solo el Estado debe ejercer la justicia.
Más allá de las posturas, lo cierto es que el caso expone una tensión difícil de resolver: la distancia entre la racionalidad de la ley y la intensidad de las emociones humanas cuando se trata de proteger a un hijo.
Queda abierta la pregunta, inevitable y profundamente personal: ¿cómo debería responder la sociedad ante hechos donde el dolor y la justicia parecen enfrentarse sin una salida clara?
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Procesado por narcotráfico desiste de la declaración testifical de senador liberal
La defensa del abogado Carlos Duarte, uno de los procesados en el marco del operativo Scanner que desmanteló una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, desistió de la declaración testifical del senador liberal Líder Amarilla, salpicado en la causa judicial por los acusados.
El requerimiento de desestimación no fue objetado por el Ministerio Público, razón por la cual el Tribunal de Sentencia hizo lugar al mismo. La causa inició el 11 de octubre del año 2023 donde también se encuentra procesados los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exintegrante del equipo de seguridad).
A la lista de acusados se suma Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con 10 kilogramos de cocaína, según las investigaciones pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
Llamativamente, la no objeción del Ministerio Público al requerimiento se dió tras la amenaza realizada por Amarilla al fiscal de la causa Andrés Arriola, a quien acusó de realizar falsas acusaciones, razón por la cual lo denunciaría ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e impulsaría una querella en su contra.
Arriola incluso emitió ayer miércoles un comunicado sosteniendo que es víctima de amedrentamiento y presión. A la vez había detallado que en el curso de las investigaciones “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“.
Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".
Añadió en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
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Caso Conmebol “debe ser debatido en un juicio oral”, afirma el abogado Claudio Lovera
El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.
“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Comité de cumplimiento
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
“Claramente los miembros del directorio que aprobaron el fideicomiso estaban en conocimiento de esta circunstancia porque varios de ellos pertenecen al comité de cumplimiento, entre ellos Zaldívar, instancia donde se discuten las alertas respecto al cliente, además de la información pública con relación a Nicolás Leoz“, indicó.
“El banco mintió”
El abogado acotó: “El banco Atlas, en el transcurso de los años alrededor de Leoz, defendió los depósitos en efectivo de dólares americanos, que había realizado y, defendiendo el avance del fideicomiso, mintió a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio Público en más de una oportunidad, incluso en el marco de las investigaciones respecto a Leoz, realizó conductas tratando de completar la carpeta de Leoz luego de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2015″.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.