El pastor José Insfrán seguirá preso en la cárcel de Emboscada
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La Cámara de Apelación conformada por José Waldir Servín, Arnulfo Arias, y Agustín Fernández ratificó la prisión preventiva del pastor José Insfrán, procesado por narcotráfico en el caso A Ultranza Py quien seguirá recluido en la cárcel de Emboscada.
Los integrantes del tribunal de alzada mencionaron que la expectativa de pena es alta por lo que corresponde confirmar la resolución de la jueza Rosarito Montanía, quien ya había ratificado la prisión de Insfrán. La resolución de la jueza de primera instancia fue apelada por la defensa del procesado. Ante dicha situación el tribunal de apelación decidió confirmar la resolución donde se confirmó la prisión.
Actualmente, Insfrán está privado de su libertad en la penitenciaría de Emboscada desde febrero de este año, donde por disposición de la jueza Rosarito Montanía el mismo fue trasladado a dicho lugar. En varias ocasiones su defensa pretendió nuevamente ser trasladado hasta la base de operaciones de la Senad pero dicho pedido fue negado.
Según la presente investigación del Ministerio Público, el pastor, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py.
Se trata de una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué.
Juez define si dispone prisión domiciliaria o no para Hugo Javier
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Hugo Javier cumpliría prisión domiciliaria si así lo determina el juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza, tras evaluar informes médicos y psicológicos forenses sobre el estado de salud del exgobernador de Central. Los estudios señalan que presenta secuelas graves, amnesia y alucinaciones luego de sufrir un traumatismo de cráneo grave.
González Alegre recibió el alta hospitalaria en el Hospital Nacional de Itauguá tras permanecer internado por un traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado 6 de setiembre en su lugar de reclusión.
El director del nosocomio público, Miguel Ferreira, confirmó que el paciente se encontraba en condiciones de abandonar el hospital. Sin embargo, no significa que haya concluido su tratamiento.
Los estudios señalan que presenta secuelas graves, amnesia y alucinaciones. Foto: Gentileza
El profesional de la salud mencionó que necesita continuar con su tratamiento y proceso de recuperación, que incluye controles médicos, fisioterapia y rehabilitación neurológica y motriz.
Según los profesionales de salud, González aún presenta episodios de alucinaciones y dificultades de memoria. Por ello, recomendaron que permanezca bajo supervisión permanente durante su recuperación.
El exanimador de fiestas metido a la política cumple una condena de 10 años de prisión por lesión de confianza. El doctor explicó que ya está “súper bien”, estable y con alta médica, pero remarcó la diferencia que hay entre el cuidado de un ser querido y el de una enfermera desconocida para su recuperación total. Por eso es indispensable que tenga a su familia cerca las 24 horas.
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión de varios imputados por narcotráfico en el caso del jet privado en el que se incautó marihuana premium. Foto: Gentileza
Narcojet: jueza decretó la prisión preventiva para funcionarios de la Dinac y otros imputados
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La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Sandoval subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), así como de Víctor Fernández Arce (vinculado a la empresa de servicios aeroportuarios MUNSER FBO), Herman Cecilio Melgarejo Morales (despachante de vuelo) y José María Fernández Vera. Todos ellos están imputados por hechos punibles relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de 263,7 kilos de marihuana premium (conocida como hachís) en un jet privado estadounidense que aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
De acuerdo con la resolución judicial, dada a conocer tras la audiencia de imposición de medidas en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, los imputados permanecerán en la Senad durante cinco días y luego serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.
Esta nueva imputación, presentada por la fiscal Ingrid Cubilla, corresponde a una segunda fase investigativa que busca determinar las intervenciones en la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y las gestiones para evitar la verificación de las autoridades.
Según la hipótesis fiscal, el jet Challenger 604, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, llegó el 29 de mayo de 2026. Al día siguiente, durante la descarga, personal militar detectó bolsones con sustancias que el laboratorio identificó como resina de marihuana o hachís. La investigación atribuye a Fernández Arce la coordinación previa del vuelo y la descarga; a Melgarejo, las gestiones y presiones para liberar la carga; a Fernández Vera, el traslado de los bolsones; y a Sandoval (el subgerente de la Dinac), las comunicaciones para negociar la liberación del cargamento a cambio de una supuesta recompensa.
Para el Ministerio Público, las conductas atribuidas a los cuatro procesados habrían contribuido a facilitar la operación y el eventual retiro de la droga sin los controles correspondientes.
La Fiscalía acusó y pidió juicio oral contra el exfiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. Foto: Archivo
Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
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La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
El juez de Garantía de Fernando de la Mora, Miguel Ruíz, elevó a juicio ora el proceso que enfrenta el hijo de un exvicepresidente de la República, acusado por abuso sexual en niños. Foto: Gentileza
Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
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El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.