La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.

En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.

Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.

El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.

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La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.

“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.

Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.

Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.

“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.

La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.

El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.

“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.

También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.

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El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.

“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.

Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.

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Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.

“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.

“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, recibió a la doctora Michelle Mayorga, directora de la Oficina Rectora de la Justicia Restaurativa de Costa Rica y experta regional en justicia para adolescentes, con el objetivo de analizar y fortalecer estrategias preventivas en materia de justicia penal juvenil. Acompañó, ayer viernes a la delegación el miembro del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, doctor Camilo Torres.

El doctor Martínez Simón destacó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación con especialistas en justicia restaurativa aplicada a adolescentes en conflicto con la ley, con miras a impulsar la capacitación de profesionales del Poder Judicial de Paraguay. Por su parte, la doctora Mayorga explicó que la visita se desarrolla en el marco de un proyecto impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), orientado al fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa.

Asimismo, señaló que el objetivo principal de la iniciativa es promover estrategias preventivas en los centros educativos, fomentando la resolución pacífica de conflictos mediante prácticas restaurativas y valores de justicia. En ese contexto, se busca evitar que adolescentes y jóvenes en situación de conflicto lleguen a procesos penales juveniles, apostando por intervenciones tempranas que fortalezcan la convivencia escolar y contribuyan a la reducción de riesgos sociales.

La delegación resaltó además la importancia de trabajar de manera articulada entre los poderes judiciales de Paraguay y Costa Rica, y valoró la apertura y el respaldo del titular de la máxima instancia judicial a las próximas etapas de implementación del proyecto. La Corte Suprema de Justicia promueve políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la justicia restaurativa en Paraguay.

Durante la audiencia mantenida entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el presidente del IPS, Isaías Fretes, se abordó la problemática de los amparos vinculados a prestaciones de salud y los desafíos que estos representan para las instituciones públicas.

El titular del IPS expuso la complejidad médica, operativa y presupuestaria que implican estos casos, especialmente aquellos relacionados con tratamientos de alta especialización y procedimientos de elevada complejidad.

Precisó que estos procesos representan actualmente una erogación superior a los G. 11.000 millones y, en muchos casos, corresponden a obligaciones que no están contempladas dentro del presupuesto institucional.

“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la institución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el presidente del IPS.

Por su parte, el presidente de la Corte señaló que los amparos de salud constituyen una de las materias más sensibles para los magistrados, quienes deben adoptar decisiones urgentes cuando están en juego derechos fundamentales como la vida y la salud, siempre en el marco de la independencia judicial.

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Por su parte, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, explicó que la institución cumple con sus obligaciones hacia los asegurados, pero consideró necesario establecer criterios más claros respecto a las responsabilidades de cada organismo del Estado en los casos que llegan a la vía judicial.

“Hay situaciones en las que se ordenan prestaciones a favor de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación más profunda. Entendemos que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben participar otras instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como garante de la atención sanitaria de toda la población”, expresó Morínigo.

Tras la exposición, ambas autoridades coincidieron en la conveniencia de impulsar una mesa de trabajo técnica e interinstitucional para intercambiar información y analizar los desafíos que plantea esta problemática, respetando las competencias propias de cada institución.

Insistieron en que el trabajo coordinado será clave para garantizar una atención oportuna a los pacientes y fortalecer los mecanismos de respuesta del sistema sanitario nacional.

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