- Mônica de Carvalho
- Profesora de la Fundação Dom Cabral, Brasil
Hace algunos años, en un vuelo doméstico en el Reino Unido, fui testigo de una conversación tranquila pero reveladora entre una azafata y un pasajero con un humor irónico.
Este pasajero, de manera serena, presionó el botón de llamada y preguntó cuánto costaría fumar en el avión. Tras la explicación de la azafata de que estaba prohibido, él simplemente respondió: “Todo es cuestión de precio, ¿no es así?”.
Aunque la azafata tenía razón al subrayar la prohibición, el pasajero planteó un punto interesante: al final, ir contra la ley puede, para algunos individuos, reducirse a cuánto están dispuestos a pagar por las consecuencias de sus actos.
Esto puede ser especialmente cierto cuando entran en juego adicciones u otras preferencias intensas. En esencia, una sanción puede ser vista como el precio exigido por una infracción, ya sea en términos monetarios (multas) o como el costo de oportunidad del tiempo ocupado (prisión).
Esta anécdota nos introduce a una perspectiva relevante en los campos del Derecho y la Economía: la idea de que el crimen puede analizarse como una decisión calculada, tomada racionalmente, resultado de una función de utilidad microeconómica.
Desde el siglo XVIII, pensadores como Jeremy Bentham y Cesare Beccaria sostenían que los individuos buscan maximizar el placer y minimizar el dolor. Desde esta óptica microeconómica, los economistas estudian el crimen como parte del comportamiento humano, motivados por el aumento de la criminalidad y la insatisfacción con las explicaciones tradicionales.
Consideran el crimen como actos racionales, donde los individuos violan la ley porque perciben las actividades delictivas como más rentables que las alternativas legales. La decisión de delinquir implica sopesar los beneficios y los costos asociados.
Es evidente que el crimen constituye un problema social crucial. El enfoque microeconómico sugiere que los infractores responden a incentivos y que el número de delitos está influenciado por los recursos destinados a la aplicación de la ley y la prevención. El comportamiento criminal no se ve solo como una actitud emotiva o antisocial, sino como una actividad lucrativa.
Este análisis considera la sanción penal como un factor determinante de la tasa de criminalidad, en el que los individuos calculan el beneficio esperado menos la pena, multiplicada por la probabilidad de ser atrapados.
Estudios recientes sobre criminalidad en Brasil buscan relacionarla con variables como el mercado laboral, la desigualdad de ingresos, la educación, la demografía, la urbanización y la disuasión policial.
Datos recogidos en el ámbito público indican que niveles más altos de escolaridad y renta per cápita están negativamente asociados a los delitos contra las personas, pero positivamente relacionados con los delitos contra la propiedad.
En economías más desarrolladas, el aumento del ingreso y de los años de estudio corresponde a una reducción de la criminalidad general, pero a un aumento en la sofisticación del crimen. El concepto de “egonomics” de John Elster (1997), diametralmente opuesto al análisis racional y microeconómico del crimen, sugiere que los individuos pueden ser irracionales y egoístas.
La expresión de deseos y decisiones inconscientes son formas de funcionamiento mental que cuestionan la premisa de racionalidad. La racionalidad instrumental, las emociones y las normas sociales pueden así afectar las motivaciones individuales de formas complejas.
Desde la perspectiva racional, se entiende que los delitos son concebidos como fenómenos regulares, previsibles y sistemáticos; por tanto, las políticas contra el crimen deben basarse en asociaciones público-privadas y diseñarse para influir en los hábitos económicos y sociales.
Un aspecto positivo de este enfoque es considerar al delincuente no como un enemigo a erradicar, sino como alguien cuya conducta puede modificarse mediante la aplicación adecuada de la ley.
Por otro lado, puede argumentarse que confiar en la primacía de la racionalidad excluye cuestiones complejas que aquejan a nuestra sociedad, y que la privatización de las medidas de seguridad solo puede profundizar las divisiones sociales que realmente inciden en la criminalidad.
Lo que sí está claro es que una única perspectiva sobre el crimen debe ser definitivamente descartada; pero también es probable que un equilibrio adecuado de incentivos positivos, junto con una ley rápida y efectiva, sean elementos clave para enfrentarlo.
*Texto producido por Mônica R. de Carvalho, “core faculty” e profesora asociada da Fundação Dom Cabral, onde actúa en las áreas de Finanzas e Gobernanza Corporativa. Mônica es economista e doutora em Estudos Globais pela Sophia University (Japón).