Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
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Marset no quiere juicio rápido, por lo que Fiscalía prepararía nuevos cargos
El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció hoy miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
Esta audiencia que se desarrolló hoy debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para preparación una mejor estrategia de defensa.
La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante, renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por Occrp (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.
Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.
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Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.
En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.
Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.
Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.
La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como “A Ultranza Py”, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero
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Marset declara hoy ante Justicia estadounidense
El uruguayo Sebastián Marset deberá presentarse este miércoles ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, esta audiencia había sido postergada por pedido de la defensa argumentando que requería de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido. La audiencia debió realizarse el pasado 25 de marzo.
Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo.
El uruguayo está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización que, de acuerdo a las investigaciones, traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.
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En esta audiencia Marset deberá definir si se declara culpable o no de los delitos de los cuales es acusado, en el caso de no declararse culpable, podría también colaborar con la justicia de los Estados Unidos y acceder a la reducción de pena por delación premiada. De declararse no culpable iría a un juicio con jurado y enfrentará una fuerte condena.
Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga, al que el juez del caso accedió y convocó para el 25 de marzo, la cual nuevamente fue prorrogada para este 1 de abril.
Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D. C.
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MOPC y gremios de la construcción buscan salida a pagos pendientes
El gobierno y el sector de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medidas acordadas y avanzar en soluciones concretas.
En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a través de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.
En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evitar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Estamos trabajando con los gremios para avanzar en soluciones que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó.
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No obstante, Centurión reconoció que el principal condicionante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda aproximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos acumulados.
“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.
Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la aprobación del sistema de factoraje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liquidez inmediata.
La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el gobierno.
El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los mecanismos propuestos.
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IPS adopta medidas para mejorar el servicio tras muerte de Braulio Vázquez
Tras la muerte de Braulio Vázquez por fallas en equipo y demoras en la atención en el servicio de salud de IPS, que derivó en una auditoría interna y la intervención de la Superintendencia de Salud, la previsional adoptó varias medidas para subsanar el inconveniente, confirmó el Dr. Derlis León, gerente de Salud de la previsional.
“Se tomaron varias medidas, desde disciplinarias, hasta el refuerzo en todo lo que significa el circuito de atención y en cuanto a la capacitación de recursos humanos”, precisó en diálogo con el programa Así son las cosas de Canal GEN y Radio Universo 970AM.
Proyectan además la incorporación de dos angiógrafos más, aparato necesario para cuadros críticos de infarto, como en el caso del asegurado fallecido.
En cuanto a las sanciones, refirió que se han separado del cargo a los responsables. “En cuanto al cumplimiento de protocolo por demoras en atención se fijaron estrategias para que no se vuelva a repetir con ninguna persona o ciudadano”, indicó.
En cuanto a dichas estrategias, comentó que se ha establecido un sistema de teleinfarto y comunicación directa con hemodinamia además de capacitación en el código infarto. “Y esperamos que con estas medidas, se subsane. Estamos en proceso permanente de mejoras”, apuntó.
Salida de profesionales de la salud
A raíz de la salida de varios profesionales de la salud en los últimos tiempos, la gerencia de Salud del IPS también ha realizado una reorganización de los recursos humanos.
“Hemos incorporado más de 300 médicos y hay planes de incorporar otros 300 más en los próximos meses. Hace 15 días atrás incorporamos 300 médicos porque tuvimos una brecha generada por la reducción de carga horaria”, precisó el entrevistado.
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Añadió que esa reducción horaria ahora beneficia al personal que tiene cinco años de antigüedad, tanto permanentes como contratados. En relación a la reducción de especialistas, el año pasado han renunciado al IPS para pasar a filas del Ministerio de Salud, mencionó.
“Eso generó que haya alterado nuestros servicios. Hoy estamos regularizando esa situación. Garantizamos todos los servicios y la próxima semana vamos a seguir incorporando profesionales de la salud”, precisó.
Call center
También se refirió al déficit en cuanto al sistema de atención en el Call center según quejas de asegurados.
“A lo largo del 2025 se ha mejorado la capacidad en un convenio con Copaco. Se ha duplicado el número de personas que refuerza el call center”, indicó.
No obstante, sigue siendo insuficiente, reconoció. Inicialmente, estaban entre 50. Hoy día son 130 en el call center, comentó. “Pero están recibiendo estrategias de automatización de las respuestas”, refirió.
Por otro lado, redujeron los tiempos de espera para consultas con especialistas. “Por ejemplo, endocrinología y diabetes de una espera de cuatro meses, hemos reducido a menos de dos”, afirmó.
Y anunció que a partir de abril arrancarán con maratón de atención en especialidades con mayor tiempo de espera.