Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
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Corte IDH llama a países de OEA a adoptar medidas para la población ante cambio climático
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial continental, dictaminó este jueves que los países de la OEA tienen la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población frente al cambio climático.
La decisión de la Corte IDH implica que los países del continente deben hacer reformas legales que eventualmente aumenten las exigencias a las empresas, una vieja aspiración de las oenegés ambientalistas.
“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados [...] de la degradación del sistema climático global”, dijo la Corte IDH en una opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023.
El tribunal con sede en San José recordó que “el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana” de Derechos Humanos.
Por esta razón, los Estados deben “adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas estatales y privadas”.
Entre otros aspectos, “los Estados deben exhortar a todas las empresas domiciliadas o que operan en su territorio a que adopten medidas efectivas para combatir el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos”, dispuso la Corte.
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“Las normas adoptadas en este contexto deben orientar al Estado y a los particulares bajo su jurisdicción para enfrentar de manera eficaz e integral las causas y consecuencias del cambio climático”, agregó.
Las audiencias previas para emitir esta opinión tuvieron una participación récord, de más de 160 organizaciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas y comunidades indígenas.
Varias oenegés habían expresado previamente su esperanza de que la Corte IDH obligara a los países del continente a tomar medidas para proteger a las personas frente al cambio climático.
La Corte IDH, una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción sobre una veintena de Estados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
Sin embargo, “su relevancia también se extiende a nivel mundial”, afirmó el 18 de junio Nikki Reisch, de la ONG Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en una conferencia virtual.
“La crisis climática no es sólo una crisis de derechos humanos y de justicia social, también es una crisis de impunidad”, indicó Michelle Jonker-Argueta, de Greenpeace Internacional, en la misma conferencia.
- Fuente: AFP
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Jueza deberá decidir si deja impune o no proceso penal por estafa
Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.
El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Intervención en CDE: a la par de la auditoría tratan de cumplir con millonaria deuda
El interventor de la municipalidad de Ciudad Del Este, Ramón Ramírez, señaló que están tratando de sobrellevar las dificultades de pagar los gastos rígidos de la comuna. No obstante, indicó que están priorizando las remuneraciones de los funcionarios.
En conversación con el programa “Tarde de Perros”, emitido por Universo 970Am/Nación Media, mencionó que en la fecha empezaron a regularizar el pago de salarios pendientes desde mayo. Si bien, la principal acción es la intervención, se tiene que cuidar que no sufra la ciudadanía.
“Estamos viendo cómo sobrellevar todo esto, porque llegar al segundo mes sin pago del salario pendiente, es un punto muy delicado. Estamos tratando que de acuerdo a los ingresos y disponibilidades, poder honrar esa deuda”, explicó.
Agregó que también está pendiente la cobertura de servicios básicos, cobertura de transferencia al Ministerio de Economía y están tratando de cumplir con todas esas obligaciones cuanto antes.
“Si bien, estamos en un ambiente muy politizado y el equipo del intendente saliente tratará de justificar y tener sus argumentos sobre la deuda, realmente creo que no tendrán muchos fundamentos, porque son cifras que están en el documento del corte administrativo. Fueron cifras que fueron revisadas por el equipo del señor Miguel Prieto y que tienen las firmas de todas las autoridades que quedaron cesadas”, mencionó.
Por otra parte, explicó que el proceso de intervención se debe separar en dos grandes ejes. Por un lado, el trabajo de intervención auditora propiamente dicho, para observar los puntos cuestionados por la Contraloría General y motivaron la intervención. En este aspecto se está avanzando en el proceso de análisis, pero no puede aún brindar detalles al respecto.
Por otra parte, está la recepción y funcionamiento general de la administración municipal; en este aspecto, señaló que se realizó el corte administrativo y se hicieron público los principales números con los que se recibió la administración y las finanzas del municipio.
“Hoy comenzamos a regularizar los compromisos pendientes, principalmente con lo que se refiere al pago de salarios del personal que tenían un importante atraso. Teniendo en cuenta que más del 63 % del personal aún no estaba percibiendo el salario de mayo, estamos comenzando el proceso de pagos, en función a las disponibilidades”, precisó.
Ramírez explicó también que en cuanto a la estructura general, en 60 días que dura la intervención no pretenden modificar ni cambiar la estructura municipal. “Nosotros tenemos responsabilidad específica y principal que es el trabajo de intervención, pero estamos tratando de garantizar todos los servicios de la municipalidad”, acotó.
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Municipalidad de Ciudad del Este arrastra una deuda millonaria de G. 108.000 millones
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, realizó el primer corte administrativo en la gestión de Miguel Prieto y reveló varias irregulares administrativas, como la millonaria deuda que arrastra el municipio, de unos G. 108.000 millones, pero la disponibilidad presupuestaria actual es de G. 16.000 millones. Señaló que hasta el momento la comuna tiene un 40 % de ejecución presupuestaria, lo que equivale a G. 148.000 millones.
Otro punto señalado por el interventor es el atraso en el pago de salarios, hasta la fecha el 63 % de los funcionarios de la institución municipal aún no percibió su salario de mayo, lo que representa unos G. 6.000 millones que deben ser cubiertos para liquidar los salarios.
“Tenemos una ejecución presupuestaria al 23 de junio del 40 %, aproximadamente G. 148.000 millones ejecutados del presupuesto total. Estamos recibiendo, es decir, que está en disponibilidad la suma de 16.800 millones de guaraníes, disponibles en cajas de los bancos que opera la municipalidad”, detallaba el interventor en una conferencia de prensa en la sede municipal.
También apuntó a deudas y compromisos que deben ser respondidos de manera inmediata, incluyendo los salarios, como transferencias pendientes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en concepto de ingresos de impuestos y otros conceptos.
“Tenemos una deuda que cubrir de forma inmediata, que son compromisos asumidos por el municipio y que debe ser honrada dentro de este período, máximo de 27.000 millones de guaraníes, de los cuales, unos 6.000 millones corresponden al pago de salarios, anexos como seguros y demás beneficios, que trataremos de honrar en la brevedad el tiempo”, detalló el interventor.
La firma del documento, entre el interventor Ramón Ramírez y el cesado intendente Miguel Prieto, para iniciar el corte administrativo se dio en la tarde de ayer miércoles, a las 16:00. “Todavía no inició formalmente el proceso de intervención en materia de auditoría. Simplemente estamos haciendo el arreglo institucional para saber cómo recibe esta intervención el municipio y cómo entrega la autoridad saliente todas las cuentas de la institución”, sostuvo Ramírez.