La jueza penal de Garantía Diana Carvallo, a pedido del Ministerio Público, resolvió hacer lugar al sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Ramón Paredes Palma y del suboficial Arnaldo Báez, quienes estaban procesados en el caso de Rodrigo Quintana.
El comisario Paredes Palma fue procesado por inducir a un subordinado a un hecho punible, debido a que presuntamente fue quien dio la orden de ingresar a la sede del PLRA donde falleció el joven Rodrigo Quintana.
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Por su parte, el agente policial Arnaldo Báez fue procesado por el delito de coacción, al ser uno de los uniformados en irrumpir en el local del PLRA y amenazar a los presentes, incluso al que intentó auxiliar a Quintana tras ser herido de muerte.
La fiscal adjunta Nancy Salomón presentó requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo para ambos ante la imposibilidad de colectar evidencias que puedan sostener una acusación respecto a los dos uniformados.
Con la resolución judicial de sobreseimiento definitivo, se dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre Paredes Palma y Báez.
En este caso también está procesado el agente policial Gustavo Florentín, quien está con medidas alternativas a la prisión a la espera que el proceso penal avance.
El homicidio de Rodrigo Quintana, ocurrió el 1 de abril del 2017 dentro del local del PLRA.
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Microtraficantes y barrabravas buscan meterse en los colegios, advierte comisario
El comisario Juan Agüero, director general interino de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, advirtió que el microtráfico y las barrabravas intentan introducirse entre los estudiantes de colegios capitalinos y pidió el acompañamiento de los padres para el control de sus hijos.
“El tema del microtráfico como también el tema de las barrabravas, quieren introducirse entre los alumnos. Tuve una reunión con el director del CNC y me comentó sobre esta situación”, dijo a la 1020 AM.
Las declaraciones surgen tras la denuncia de un conflicto entre alumnos del Colegio Nacional de la Capital (CNC) y del Colegio Nacional Ysaty.
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“Los alumnos incluso llevan petardos, por eso es que a veces se controlan las mochilas con presencia de los padres. Pero no se le permite a ningún personal policial que le toque a ningún menor y que le haga un cateo, es por eso que se le convoca a los padres”, explicó el jefe policial.
En ese sentido, aclaró que la Policía no puede realizar cateos a menores de edad. “Nosotros como Policía Nacional no podemos hacer cateo a un menor de edad. Los padres pueden echar un vistazo antes de que sus hijos vayan al colegio”, señaló el uniformado.
Añadió que en algunas instituciones educativas de Asunción se hallaron drogas y réplicas de armas en las mochilas de los alumnos. En tales casos, los padres son convocados, debido a que los menores son inimputables y se les entrega nuevamente a sus familias.
Agüero insistió en que el abordaje debe ser conjunto entre docentes, Policía Nacional, Ministerio Público y padres. “Esto tiene que ser un trabajo coordinado entre profesores, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los padres esencialmente. Los padres son responsables de la educación de sus hijos”, expresó.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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Ypytá: jueza se constituirá en la universidad UASS, ligada a esposa de Rafaat y a otros inmuebles
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, fijó para el próximo 21 de octubre a partir de las 13:30, la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad, institución ligada a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani. Igualmente, la magistrada realizará cinco constituciones más en dos inmuebles a las 14:00, 14:30, 15:00 y 15:30.
La diligencia judicial se llevará a cabo con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó el procedimiento en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en las otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la magistrada de Paz, quien posteriormente deberá informar al juez de Asunción, Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá.
Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.