La fiscal interina de Ejecución especializada en Crimen Organizado, Liz Cowan pidió el rechazo del incidente de devolución de inmuebles presentado por la defensa de Ramón González Daher, que requirió sean desafectados del comiso por haber sido adquiridos tiempo antes de los hechos investigados.
La defensa técnica de González Daher, sentenciado por usura y lavado de dinero, solicitó que no sean sujeto de comiso varios inmuebles y a su vez pidió la cancelación de su inscripción en Registros Públicos a nombre de la Senabico, argumentando que fueron adquiridos antes del periodo investigado, entre 20 y 50 años.
La fiscal Cowan señalo que al dictarse la sentencia condenatoria, se dispuso el comiso de una serie de bienes, como inmuebles y cuentas bancarias; la condena fue objeto de revisión en segunda y tercera instancias, pasando a ser cosa juzgada, por lo que en la etapa de ejecución solamente resta cumplir la resolución conclusiva a cabalidad.
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González Daher recibió una condena de 15 años de cárcel y 5 años de pena privativa de libertad para su hijo Fernando González Karjallo. Padre e hijo fueron encontrados culpables por usura, lavado de dinero y declaración falsa.
RGD tiene otra sentencia condenatoria de 7 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por el delito de denuncia falsa y extorsión. El mismo está cumpliendo su condena en la cárcel de Coronel Oviedo.
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Consejo de Gobernadores rechaza expresiones de senador sobre el programa Hambre Cero
El Consejo de Gobernadores manifestó su rechazo las expresiones del senador Carlos Núñez sobre la supuesta utilización política del programa Hambre Cero en las Escuelas. A través de un comunicado, los jefes departamentales instan al legislador a realizar las denuncias en las instituciones que correspondan y que presente los argumentos reales, exigiendo respeto y responsabilidad con este tipo de expresiones políticas y mediáticas.
“Sus recientes expresiones contra los gobernadores de la República no pueden ser respondidas con silencio. No por susceptibilidad, sino por respeto a la institución que usted representa y a la ciudadanía que nos confió la responsabilidad de gobernar”, señala el escrito.
Agrega que “si existen irregularidades en Hambre Cero, que sean investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Nadie está pidiendo privilegios ni inmunidad frente al control. Lo que no aceptamos es que la acusación sustituya a la prueba y el ataque pretenda sustituir al argumento”.
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Los gobernantes instan a dejar de lado los ataques políticos internos: “Si su cuestionamiento es el programa, debatámoslo, si es a su administración, presente sus fundamentos. Pero si el blanco son las gobernaciones, tendrá que explicar por qué, bajo las mismas reglas, controles y mecanismos de fiscalización, sus cuestionamientos parecen tener un destinatario particularmente selectivo”.
Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, también se pronunció sobre el senador Núñez y expresó su rechazo ante estas declaraciones: “Realmente no queremos polemizar con nadie, yo le aprecio mucho al senador Núñez, y no me quiero pelear con nadie, pero tampoco podemos alegremente callarnos, tenemos que salir a defendernos porque realmente fue irresponsable su declaración”.
Indicó, en comunicación con 1020 AM, que no está en los ánimos llegar a una acción judicial, pero sí solicitarán al senador retractarse o ratificar sus dichos. “No creo por el momento, la idea es no darle demasiada entidad, pero estamos analizando en envío de un notario público para que se ratifique o se rectifique”, sentenció.
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Caso APA: investigación reveló presunto daño patrimonial de G. 1.990 millones
El fiscal Julio Ortiz confirmó la imputación contra directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) tras detectarse un esquema irregular en el desvío de fondos de la entidad para la supuesta adquisición de canastas navideñas. La investigación reveló un presunto daño patrimonial que alcanza los G. 1.990 millones.
“APA supuestamente procedió el año pasado a la contratación de una empresa para la realización de canastas navideñas y la entrega a sus asociados”, explicó este miércoles el fiscal en contacto con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público mencionó que se hallaron “varias inconsistencias administrativas” a través de una auditoría externa, según informe proporcionado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).
El supuesto proveedor de las canastas navideñas sería un local comercial denominado Despensa Gabrielito, ubicado en el barrio Costa Sosa de Luque, hasta donde se constituyeron los investigadores.
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“Hablando con la dueña y su marido, manifestaron que ellos no sabían qué es APA, que no se dedican al rubro de canastas navideñas, no realizaron ningún contrato y que ellos no se presentan a licitaciones. Ante esa situación, entendemos que APA mintió”, detalló el agente fiscal.
Sin embargo, posteriormente se presentó en APA una mujer diciendo ser contadora y que representaba a la Despensa Gabrielito. Además, solicita que los pagos se hagan en efectivo y no en cheques.
“Entonces, APA hace el cambio de cheque en efectivo y dejan el dinero en una caja perteneciente a APA ya dentro de la institución, y ahí supuestamente retira esta representante de la Despensa Gabrielito”, apuntó.
APA tampoco está entregando las documentaciones requeridas por la Fiscalía y Dinapi, por lo que no se tiene la copia de los contratos, añadió. “Lo que se está haciendo es la trazabilidad, que se está trancando, porque no sabemos a ciencia cierta si esta señora, la supuesta representante, es la que vino a retirar o qué se hizo del dinero”, refirió.
Se trata de 2.400 canastas que alcanzaron un costo de G. 1.990 millones en la compra de regalos navideños del Programa Jopói 2025 y las compras no están documentadas.
Lo concreto es que dos sumas de dinero se pagaron, una en agosto y otra en octubre, pero cuando Dinapi solicita las documentaciones, APA remite recién en diciembre.
David Herminio Portillo, Humberto Rodas, Juan José María Vidal y Walter Cabrera fueron imputados por presunta lesión de confianza y se exponen a una pena expectativa de diez años de pena privativa de libertad.
“Entre las medidas solicitadas al Juzgado está la prohibición de acercarse a la institución, porque pueden obstruir la investigación. Más adelante realizaremos un allanamiento”, puntualizó el fiscal.
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Feprinco pide que proyecto sobre regalías biotecnológicas agrícolas no sea aprobado
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) que aglutina a varios gremios, pide que el proyecto de ley que establece las condiciones de ejercicio en el cobro de regalías biotecnológicas agrícolas y modifica la ley nº. 1630 de patentes de invención, no sea aprobado.
En una nota remitida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, la federación expresó su preocupación sobre este proyecto de ley, ya que señalan que los efectos podrían trascender el ámbito estrictamente sectorial y afectar los compromisos internacionales asumidos en materia de propiedad intelectual.
Este proyecto se encuentra en el Congreso para su análisis.
“Se debe evaluar las consecuencias para el país en materia de imagen y credibilidad internacional del Paraguay, seguridad jurídica, respeto a las inversiones, acceso a tecnología y previsibilidad de las reglas”, señala el documento.
Consideran importante que el debate en torno a este proyecto no debe plantearse como una discusión entre usuarios de tecnologías y dueños de Propiedad Intelectual.
“La cuestión de fondo es más amplia y se relaciona con el tipo de país que queremos proyectar y con las condiciones que Paraguay debe ofrecer para atraer inversión, innovación y nuevas tecnologías”, explica.
Paraguay no puede reclamar seguridad jurídica, previsibilidad y respeto a las reglas para acceder a los mercados internacionales y, al mismo tiempo, generar dudas respecto de esas mismas garantías para quienes invierten, desarrollan y/o aportan tecnología en nuestro país.
A ello se suma que el proyecto presenta aspectos que vulneran principios constitucionales y de compatibilidad con compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, particularmente en materia de propiedad intelectual, aumentando innecesariamente el riesgo de litigios y controversias, fundamenta la Feprinco.
El proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que Paraguay sale al mundo con el discurso de atraer inversiones, tecnología e innovación y, recientemente firmar un acuerdo con la Unión Europea, señalan.
El Acuerdo Mercosur–UE reafirma la protección de los derechos de propiedad intelectual y las obligaciones internacionales asumidas en el marco de ADPIC/OMC1.
“Una legislación que limite el derecho al cobro por propiedad intelectual, generará cuestionamientos sobre 1ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o sus siglas en inglés: TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). la compatibilidad de la normativa paraguaya con dicho compromiso internacional y puede afectar las relaciones comerciales con la Unión Europea”, explica la nota.
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IPS revisará alquiler de sus inmuebles
El Instituto de Previsión Social precederá a la medida debido a que detectó una baja rentabilidad.
El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revisión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimonio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terrenos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de apenas G. 627 y G. 675 por hectárea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un rendimiento sumamente distante de las cifras de mercado.
El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verificación de la vigencia de los acuerdos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, considerando que varios de estos compromisos fueron firmados hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurídica para definir las acciones legales a seguir.
Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administración analiza la posibilidad de subastar públicamente aquellos inmuebles que no generen un retorno adecuado. La medida se respalda en la legislación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su aplicación efectiva.
León contextualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios económicos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utilidad de cada terreno serán analizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.