El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Claudia Criscioni, Digno Fleitas y José Agustín Fernández, ratificó la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, pareja de la fiscal Katia Uemura, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Los jueces de alzada decidieron confirmar el fallo firmado por el juzgado penal de Garantías que había ratificado la prisión de Montenegro por considerar que existe aún peligro de fuga de parte del imputado.
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En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital hizo lugar a la prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, con relación al operativo Pavo Real en el que están investigadas más de 40 personas por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo líder es Jarvis Pavão.
El Ministerio Público en su pedido de prórroga sostuvo que la causa penal que se está investigando es muy compleja y requiere de una gran cantidad de diligencias investigativas, que en muchos de los casos son técnicas. Igualmente, el fiscal menciona que hasta la fecha son 41 personas imputadas, de las cuales, 23 se encuentran sometidas al proceso; existen 12 rebeldes, 4 que litigan en la clandestinidad y uno que no se encuentra sometido al proceso, por lo que se constituye en un elevado número de imputados.
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Juicio oral a los directivos de Montego Trading será el 30 de junio
El Tribunal de Apelación penal, cuarta sala, ratificó que el juicio oral y público para varios acusados por violación de la ley de juegos de azar se debe realizar el 30 de junio, a las 11:30. Los camaristas rechazaron la chicana presentada por una de las acusadas.
Deben estar sentados en el banquillo de los acusados los directivos de las firmas Montego Trading S.A. y Crown City Online Paraguay S.A., Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar”.
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En su momento, la jueza penal de Garantía Clara Ruiz Díaz, decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan los citados directivos de la mencionada firma. Los acusados habían presentado varios incidentes al solo efecto de dilatar el presente caso, pero todos los incidentes fueron rechazados y tendrán que enfrentar juicio oral y público.
Otra imputación
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online. Además, de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
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Polémica: el Tribunal debate si Cristina Kirchner puede o no salir al balcón de su prisión domiciliaria
La prisión domiciliaria de la expresidenta argentina Cristina Kirchner abrió un debate respecto a si puede salir al balcón para saludar a los manifestantes que le expresan solidaridad a toda hora, mientras el tribunal toma una decisión al respecto.
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“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no”, se quejó Kirchner en redes sociales.
La exmandataria (2007-2015) cumple desde el martes una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta debido al otorgamiento irregular de concesiones para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), según consignó la justicia.
La condena, que ratificó la Corte Suprema días después de que el líder opositora anunciara su candidatura a legisladora provincial, incluye una inhabilitación política perpetua.
Sin embargo, las condiciones de la prisión domiciliaria en su departamento en Buenos Aires, a escasos minutos del Congreso Nacional, abrieron un debate.
¿Puede salir al balcón? ¿Puede interactuar con sus seguidores por redes sociales? ¿Puede tener servicio doméstico o secretario personal?
“Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, sostuvo Kirchner al compatir en redes sociales el escrito con la demanda a los jueces que la condenaron.
La exmandataria hizo el miércoles una llamada telefónica transmitida por parlantes a las decenas de millas de manifestantes que se congregaron en la Plaza de Mayo para pedir su liberación bajo la consigna “Argentina con Cristina”.
“Hola, ¿me escuchan ahí en Plaza de Mayo? Soy yo, Cristina (...) tenemos que darnos maña para poder comunicarnos y para estar cerca, así que bueno, vamos con la tecnología por ahora”, dijo, tras lo cual recibió aplausos y cánticos de apoyo de sus simpatizantes.
El abogado defensor Carlos Beraldi explicó este jueves que la cuestión del balcón “no es un detalle menor”.
“Se le pide al tribunal que aclare lo que se convirtió en una polémica pública, es una cuestión muy sensible porque si incumple puede generar sanciones”, dijo a la prensa al salir del domicilio de Kirchner.
El humor popular se apropió de la polémica del balcón. En los alrededores de la casa de Kirchner hay pegatinas con la leyenda “Siempre balcón, nunca sótano”, “Tu balcón, nuestra alegría” o “De la plaza al balcón, los soldados de Perón”.
El miércoles y luego de que Kirchner ironizara con la frase “menos mal que no tengo macetas”, sus seguidores dejaron macetas con plantas frente a la casa con la leyenda “para que salgas a regar voluntades”.
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Según el letrado, la prisión domiciliaria “no es más que un impedimento para que salga” a la calle, por lo que demostró que la exmandataria no debería verse impedida de utilizar las redes sociales para seguir su actividad política.
Fuente: AFP
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Falsa denuncia de Giuzzio es “congruente” con filtración de Seprelad, señala abogado
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.