El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Claudia Criscioni, Digno Fleitas y José Agustín Fernández, ratificó la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, pareja de la fiscal Katia Uemura, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Los jueces de alzada decidieron confirmar el fallo firmado por el juzgado penal de Garantías que había ratificado la prisión de Montenegro por considerar que existe aún peligro de fuga de parte del imputado.
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En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital hizo lugar a la prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, con relación al operativo Pavo Real en el que están investigadas más de 40 personas por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo líder es Jarvis Pavão.
El Ministerio Público en su pedido de prórroga sostuvo que la causa penal que se está investigando es muy compleja y requiere de una gran cantidad de diligencias investigativas, que en muchos de los casos son técnicas. Igualmente, el fiscal menciona que hasta la fecha son 41 personas imputadas, de las cuales, 23 se encuentran sometidas al proceso; existen 12 rebeldes, 4 que litigan en la clandestinidad y uno que no se encuentra sometido al proceso, por lo que se constituye en un elevado número de imputados.
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Condenan a dueño de “La Chispa” por emisión de ruidos dañinos
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 9 meses de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a Juan Sebastián Coronel Bareiro, responsable del Centro Cultural “La Chispa” de Asunción, luego de ser encontrado culpable por contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El condenado no pisará la cárcel debido a que la sentencia será reemplazada por varias reglas de conducta que tendrá que cumplir Coronel Bareiro. Los jueces de sentencia que votaron por la condena son Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, mientras que la jueza Yolanda Portillo votó por la absolución.
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Los magistrados hallaron culpable al acusado de los delitos de contaminación de aire y ruidos dañinos, debido a que sobrepasó los niveles máximos de sonido en varias actividades realizadas en el Centro Cultural La Chispa, ubicado en Estrella entre Colón y Montevideo, de nuestra capital.
El magistrado Capurro señalo que La Chispa cumplía con su labor cultural, y que la música y el arte, era indudable, sin embargo, indicó que se constató que hubo violación de la ordenanza respecto a la medición de los decibeles, y que en ese sentido en dos hechos fueron los comprobados, el 21 de abril del 2024, a las 00:30, cuando se registró un máximo de 85 y en el 1 de marzo del 2024 con un máximo de 86 decibeles.
El juez Capurro manifestó que en dos ocasiones se superaron los valores máximos, en la ordenanza, no así en cuanto a las demás. Citaron también las actuaciones fueron por las denuncias de los vecinos.
Alegatos
La fiscala Elvia Chávez, en sus alegatos finales, pidió la pena de 4 años de cárcel, por los mencionados hechos punibles, tras indicar que los testigos que mencionaron que no podían dormir de los ruidos, lo que repercutió en su salud. Además, había señalado las mediciones que realizaron tanto la Policía como la Fiscalía y los funcionarios municipales, en los cuales se sobrepasó el tope máximo de decibeles de sonido que establecen las leyes administrativas.
Por su parte, la defensa a cargo de la abogada Emilia Yoguvich, había señalado que los hechos no eran típicos, ya que la Fiscalía usó leyes y ordenanzas que no estaban vigentes, por lo que no existía delitos. Esto fue rechazado en mayoría.
Los jueces habían dejado para más adelante, resolver junto con la sentencia, los incidentes presentados por la defensa al inicio del juicio oral.
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Abdo offshore: carta de Seychelles incumple reglas de una investigación oficial, dice Preda
El abogado penalista Ricardo Preda ratificó que la carta del gobierno de Seychelles que expuso Mario Abdo Benítez en redes sociales carece de valor absolutorio y que no fue obtenida por los canales oficiales de una investigación formal, considerando que el sistema bancario de la isla africana no permite el acceso a información privada. El exmandatario busca desmentir que sea titular de cuentas bancarias que ocultarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la investigación de la prensa argentina, señalando una ruta del dinero creada con empresas ficticias de Hong Kong y Dubái para distanciar responsabilidades de sus presuntos beneficiarios.
“Así como una publicación periodística no es de por sí condenatoria, este documento que aparece no es absolutorio. Acá hay mucha investigación que hacer aún. La carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional", comentó Preda a través de una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Abdo Benítez busca ahora escudarse en un simple informe preliminar en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, con la firma de Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.
“Esta carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional, no creo que una autoridad como un jefe de gabinete del Poder Ejecutivo sea la autoridad competente en cuanto a señalar si empresas o personas tienen cuentas en entidades financieras en un país. Estimo yo que no se trata de la respuesta a un pedido de cooperación internacional sobre la investigación abierta en Paraguay”, dijo Preda.
El abogado siguió sosteniendo que “realmente es muy extraño que una autoridad del Poder Ejecutivo haga esa afirmación en un documento que aparentemente se expide como un comunicado o certificado a pedido de alguien”.
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Inconsistencias en DD. JJ.
La publicación del periodista argentino Luis Gasulla en el portal Periodismo y Punto refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas. La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
“Los fiscales deberían evaluar esta nota para justamente hacer su pedido de colaboración internacional a aquel país, que en verdad no debería ir dirigida a un órgano del Poder Ejecutivo, sino a las entidades financieras donde se sospecha que están estas cuentas”, comentó Preda mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido este miércoles por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el abogado afirmó que este caso debe anexarse a la causa judicial que investiga las inconsistencias en las declaraciones juradas de Abdo Benítez. “Las investigaciones relacionadas a las empresas del expresidente no deberían estar desconectadas de esta investigación vinculada a las supuestas cuentas bancarias en Seychelles. Se debe buscar si sus empresas hicieron transferencias al exterior y dónde lo hicieron”, comentó.
Antecedentes
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre de 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, que lo vinculan entre sus principales accionistas.
En tanto, el pasado 24 de julio, la Fiscalía paraguaya abrió de oficio otra causa penal en torno a Abdo Benítez, acerca de estos supuestos fondos ocultos en Seychelles. El exmandatario prometió públicamente en un video publicado en marzo pasado que se sometería a la justicia, pero seguidamente se constató que solo fue una farsa. En este caso, el político dijo que “La mentira se acabó”, aunque sigue sin aclarar el destino de USD 41 millones de ganancias, que la Contraloría denunció.
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Juez autoriza tener contacto con el abogado del “Chapo” Guzmán
Tras meses de no recibir respuestas a los reclamos por parte de las autoridades judiciales, la defensa del “Chapo” Guzmán hizo pública una carta en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa acusaba a las autoridades de confiscar su correspondencia e impedirle el contacto con su representante legal.
“La Justicia estadounidense autorizó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a recibir la visita de su nuevo abogado defensor, Israel José Encinosa, en el penal de súper máxima seguridad del estado de Colorado, donde purga una pena de prisión perpetua”, informó el medio Milenio, que se hizo eco a través de RT.
A continuación, el portal de origen ruso da cuenta que el abogado logró la autorización para realizar llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente.
El juez federal Brian Cogan, responsable del juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, autorizó la petición y en el texto se precisa que el abogado fue “autorizado para reunirse en persona con el Sr. Guzmán Loera en el ADX-Florence", y se puntualiza que “no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”.
La carta
Según el medio digital, “la semana previa se hizo público el contenido de una carta manuscrita que remitiera el capo a Cogan, en la que acusaba a las autoridades del penal de bloquear su correspondencia y el contacto con su nuevo representante legal, y le pedía a Cogan su intervención. Este respondió que debía agotar otras instancias administrativas".
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En 2019, el juez Brian Cogan sentenció a Guzmán Loera a cadena perpetua tras haberlo encontrado culpable de varios cargos de narcotráfico.
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Ratifican que Roberto Cárdenas debe cumplir en la cárcel su condena de 8 años
El tribunal de apelación integrado por Dionisio Frutos, Gustavo Bóveda y Helmut Fortlage ratificó la orden de captura contra el exintendente de Lambaré, condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza por un perjuicio de G. 859 millones en la construcción de varias instituciones educativas de la mencionada ciudad. Cárdenas deberá ser detenido y trasladado hasta una penitenciaria para cumplir la condena que ya quedó firme en la Corte Suprema de Justicia.
En su momento, la jueza de Ejecución, María Lidia Wyder Mendieta, ordenó la captura del exjefe comunal para que pueda cumplir la pena de 8 años de cárcel, pero la defensa del condenado presentó varios incidentes alegando que la sentencia condenatoria aún no había quedado firme, pero con esta determinación judicial Cárdenas deberá estar privado de su libertad.
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Los camaristas mencionaron que la aclaratoria solo se limita a corregir errores materiales y aclarar expresiones oscuras o suplir omisiones, sin alterar el fondo de la cuestión razón por la cual no puede ser considerado como impedimento para la ejecución de una condena.
Condena
El 23 de diciembre de 2021, Roberto Cárdenas fue condenado por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción. La Fiscalía probó que causó un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos al municipio provenientes de royalties de la Itaipú Binacional.
En noviembre del año pasado, la Sala Constitucional de la Corte ya había rechazado un recurso de aclaratoria presentado por Cárdenas contra un acuerdo y sentencia.
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