El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Claudia Criscioni, Digno Fleitas y José Agustín Fernández, ratificó la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, pareja de la fiscal Katia Uemura, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Los jueces de alzada decidieron confirmar el fallo firmado por el juzgado penal de Garantías que había ratificado la prisión de Montenegro por considerar que existe aún peligro de fuga de parte del imputado.
Te puede interesar: San Antonio: hallan un cadáver en un patio baldío
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital hizo lugar a la prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, con relación al operativo Pavo Real en el que están investigadas más de 40 personas por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo líder es Jarvis Pavão.
El Ministerio Público en su pedido de prórroga sostuvo que la causa penal que se está investigando es muy compleja y requiere de una gran cantidad de diligencias investigativas, que en muchos de los casos son técnicas. Igualmente, el fiscal menciona que hasta la fecha son 41 personas imputadas, de las cuales, 23 se encuentran sometidas al proceso; existen 12 rebeldes, 4 que litigan en la clandestinidad y uno que no se encuentra sometido al proceso, por lo que se constituye en un elevado número de imputados.
Podes leer: En Capitán Bado se incautan de una avioneta que era utilizada para el tráfico de drogas
Dejanos tu comentario
Ratifican prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.
Te puede interesar: Allanan una “sala de pánico” perteneciente a Peña en San Bernardino
Elementos analizados
Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.
La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:
- presunto lavado de activos
- estafa
- conducta indebida en situaciones de crisis
- lesión de confianza
- violación del deber de llevar libros de comercio
- y asociación criminal.
No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.
Leé también: Allanan la vivienda de Carlos Fernández Valdovinos
Dejanos tu comentario
Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
Lea también: Anuncian tormentas y descenso de temperatura para este sábado
Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
Dejanos tu comentario
Presidente de ueno desconocía los movimientos sobre préstamos y créditos, dice abogado
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del titular de ueno bank, Juan Gustale, manifestó que su cliente desconocía los movimientos que se realizaban en la entidad bancaria con respecto a los préstamos y créditos, los cuales supuestamente eran otorgados con números por encima de los iniciales.
“Víctima es una palabra que no sé si aplica, pero sí puedo decir que estaba en absoluto desconocimiento del carácter desvinculado de esa empresa. El presidente no es el encargado de definir o determinar quién es el beneficiario de préstamos”, afirmó en una entrevista con medios de comunicación.
Agregó que “eso al directorio llega de un comité de créditos, con dictámenes de riesgo, comerciales. Eso no se elabora desde el directorio; claro que se aprueban con su firma, pero eso sería responsabilidad objetiva y no estamos en un proceso administrativo, estamos en un proceso penal”.
Las afirmaciones de Fernández Zacur surgieron en el marco de la imposición de medidas cautelares a los ocho directivos imputados, la cual se dará en el transcurso de la mañana de este jueves.
Señaló que los informes técnicos elaborados por las áreas comerciales y de riesgo habrían contado con datos adulterados o esquemas de montos divergentes entre lo aprobado por el directorio y lo desembolsado finalmente.
“Aparecían más desembolsos o dinero en poder de esos beneficiarios y eso hasta para mis clientes llama la atención. Nosotros nos vamos a fiar de la investigación del Ministerio Público para saber qué pasó con eso. Ellos (directivos) se enteraron de esta irregularidad cuando llegaron las comunicaciones del Banco Central del Paraguay”, puntualizó.
El letrado manifestó además que “ahora tenemos que ver si los informes que les llegaban eran fraguados, pero eran informes que respaldaban el giro de acuerdo a lo que se les otorgaba. Yo desconozco la dinámica interna del banco, pero hay una gerencia de riesgo y un departamento comercial que arma las carpetas de créditos. Con este hecho cien por ciento podría haber más personas vinculadas en la causa, lo que se tiene que evaluar el cómo y cuándo”.
Fernández Zacur también ejerce la defensa de los directivos Diego Duarte Schussmüller y Alejandro Gómez Abente. Los mismos fueron imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Te puede interesar: Alejandro Aguilera adelanta que votará por el juicio político
Dejanos tu comentario
Ypytá: apelación frena constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
En el marco del juicio civil de la firma Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, la abogada Ivonne María Guardati Maldonado —representante legal de Ronaldo Braga Diniz, presunto testaferro de Ángela Toumani (exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat)— recurre a chicanas para evitar que se realice la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), institución ligada a la esposa de Rafaat.
Esta vez, la citada abogada apeló la determinación adoptada por la Justicia que ratificaba la realización de dicha diligencia. El objetivo de la medida es identificar a los ocupantes del inmueble, un valioso predio ubicado en Pedro Juan Caballero que habría sido objeto de una compra irregular, así como realizar un relevamiento de datos íntegro sobre las instalaciones donde funciona la referida universidad. Con la apelación presentada, se frena temporalmente la inspección, lo que sugiere que se intentaría ocultar información dentro de la casa de estudios.
Por su parte, el magistrado Édgar Rivas Laguardia, fuertemente criticado por su dudosa actuación en el caso, tardó nueve meses en autorizar la constitución judicial tanto en la UASS de Pedro Juan Caballero como en otras propiedades de la firma Ypytá.
Corte definirá si el juez queda fuera del cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en el cargo al juez Rivas Laguardia. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de decidir si ratifican al cuestionado magistrado o si, por el contrario, apuestan por una figura nueva y más transparente para ocupar el juzgado civil de Asunción.
Podes leer: Condenan a 10 años de prisión a violador sistemático de una adolescente