El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Claudia Criscioni, Digno Fleitas y José Agustín Fernández, ratificó la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, pareja de la fiscal Katia Uemura, imputado por supuestamente formar parte del esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Los jueces de alzada decidieron confirmar el fallo firmado por el juzgado penal de Garantías que había ratificado la prisión de Montenegro por considerar que existe aún peligro de fuga de parte del imputado.
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En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital hizo lugar a la prórroga extraordinaria de seis meses para la investigación del fiscal Osmar Segovia, con relación al operativo Pavo Real en el que están investigadas más de 40 personas por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo líder es Jarvis Pavão.
El Ministerio Público en su pedido de prórroga sostuvo que la causa penal que se está investigando es muy compleja y requiere de una gran cantidad de diligencias investigativas, que en muchos de los casos son técnicas. Igualmente, el fiscal menciona que hasta la fecha son 41 personas imputadas, de las cuales, 23 se encuentran sometidas al proceso; existen 12 rebeldes, 4 que litigan en la clandestinidad y uno que no se encuentra sometido al proceso, por lo que se constituye en un elevado número de imputados.
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Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Nuevo Liberalismo apela fallo del TSJE que impide avance de internas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, informó que su movimiento Nuevo Liberalismo apeló la decisión del Tribunal Electoral de la capital y Central, primera sala, que suspende el adelantamiento de las elecciones internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para el 17 de agosto.
“Nosotros apelamos, existen muchos antecedentes y jurisprudencia consistentes en que varios partidos políticos hicieron sus elecciones internas el pasado año mediante las papeletas. Nosotros planteamos hacer lo mismo, pero lastimosamente la Justicia Electoral sacó una medida cautelar y trancó todo el proceso”, indicó a la 1020 AM.
Estigarribia sostuvo que la medida cautelar surgió exclusivamente ante la imposibilidad del TSJE de proveer las máquinas de votación y no por el hecho de que hayan violado las leyes electorales, al decidir mediante una convención extraordinaria el desdoblamiento de los comicios internos de las elecciones municipales previstas para el 2026.
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“El PLRA es un partido grande con autonomía, pero nosotros como movimiento, iremos el próximo año a unas elecciones si es esto lo que desean. Las elecciones queríamos realizar para organizar al partido que está muy golpeado después de las últimas elecciones”, afirmó.
Antecedentes
La medida cautelar fue firmada por los jueces Lorena Rojas, Modesto Núñez y Hugo Alberto Oxilia Vera. En el documento se aclara que las medidas cautelares estarán vigentes “ínterin se sustancie la presente acción”, es decir, hasta que el conflicto sea resuelto en una instancia superior.
De esta forma, los jueces electorales hacen lugar a la solicitud de medida cautelar que prohíbe innovar en los cargos de miembros del directorio a nivel nacional, miembros de directorios departamentales, presidentes y miembros de comités, así como convencionales.
La decisión de desdoblar los comicios internos del PLRA de las elecciones municipales previstas para el 2026, fue tomada a través de una convención extraordinaria impulsada el 6 de octubre del 2024 por los sectores internos disidentes liderados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo.
En la ocasión también se resolvió la reforma del estatuto del PLRA donde se exige que el titular de la agrupación opositora renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de presidente de la República.
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Derrumbe en Encarnación: abogado pide imputación y apunta contra Yd
“El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", sostuvo el abogado Rolando Aquino tras reclamar al Ministerio Público avanzar con imputaciones contra los responsables de autorizar y controlar la construcción del edificio derrumbado.
“Ante cualquier evento donde fallecen personas, donde hay por ejemplo una riña y termina con la muerte de personas, generalmente el fiscal ordena la detención e imputa al rollo para luego determinar quién es el responsable. Me llama la atención que a simple vista es patente la negligencia de los intervinientes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Aquino ejerce la representación legal de Karen Alfonso, madre de la adolescente Montserrat Brítez, una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación, ocurrido en la noche del pasado 2 de abril.
“Como mínimo se debió imputar ya por actividades peligrosas en la construcción a los responsables. Las víctimas esperan esto. La madre está muy devastada, su primera instrucción siempre fue que se haga justicia y que se le castigue a los responsables. El deseo nuestro es que se impute para luego determinar las responsabilidades conforme al rol que cumplió cada uno”, dijo el abogado.
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La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad de Encarnación que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.
“El hecho ocurrió el 2 de abril durante la noche y el 6 o 7 de abril, nosotros ya presentamos la denuncia penal que fue firmada por la madre por derecho propio. Hasta yo diría que en este caso se puede pasar del aspecto culposo de la conducta como mínimo al doloso. Se siguió esta obra con vicios y horrores“, mencionó.
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Brasil: ordenan encarcelar al expresidente Collor, condenado por corrupción
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer jueves encarcelar al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.
La orden será sometida a votación por los demás magistrados de la corte este viernes, pero es de cumplimiento “inmediato”, sin esperar a la decisión del plenario. El magistrado “Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el segundo recurso de la defensa y determinó la detención inmediata del expresidente de la República y exsenador Fernando Collor de Mello", indicó la corte en un comunicado.
El exmandatario, de 75 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de da petrolera estatal brasileña Petrobras.
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Su defensa recibió el fallo “con sorpresa y preocupación” y afirmó que Collor “se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes”, en una nota enviada a la prensa. Una fuente del tribunal aclaró que “nadie puede ser detenido en la noche, pero él puede entregarse en la madrugada”.
Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son “meramente dilatorios”. A partir de las 11:00 locales (14:00 GMT) y hasta las 23:59 del viernes (02:59 GMT del sábado) el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión.
Destino común
Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.
Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a puertas de ser juzgado por una tentativa de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración la reelección. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder. Sin embargo, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción.
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En 1989 derrotó en las urnas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente entre 2003 y 2010, Lula luego estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato. La condena contra Lula fue finalmente anulada por la corte suprema y el izquierdista volvió a Planalto en 2023.
Tras renunciar a la presidencia en medio de protestas callejeras, Collor consiguió volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta 2022. Ese año apoyó a Bolsonaro en las elecciones.
Como senador, se valió “de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio” de una distribuidora de combustibles filial de Petrobras y direccionar contratos, según la corte suprema.
Fuente: AFP