El abogado Daniel Lobo, defensor del pastor José Insfrán Galeano, imputado por lavado de dinero, producto presuntamente del narcotráfico, recusó a la jueza Rosarito Montanía, por supuesta falta de imparcialidad, alegando que la magistrada siente un inefable odio hacia el representante del procesado.
Ahora será un tribunal de apelación el que una vez más deberá estudiar si corresponde confirmar o no a la magistrada Rosarito Montanía en el proceso penal.
Lobo Corbeta sostuvo que la jueza demostró su falta de imparcialidad, mencionando que perdió el apego a la ley, con el solo efecto de perjudicar a su representado.
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Días atrás, el pastor Insfrán fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel de Emboscada, donde actualmente está cumpliendo la resolución judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo del año pasado.
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Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue hecha este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
El pedido comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A., ITTI S.A.E.C.A. y otras empresas.
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La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digital dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota.
El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias investigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.
En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelos González y Miguel Ángel Almada.
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Presidente de ueno desconocía los movimientos sobre préstamos y créditos, dice abogado
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del titular de ueno bank, Juan Gustale, manifestó que su cliente desconocía los movimientos que se realizaban en la entidad bancaria con respecto a los préstamos y créditos, los cuales supuestamente eran otorgados con números por encima de los iniciales.
“Víctima es una palabra que no sé si aplica, pero sí puedo decir que estaba en absoluto desconocimiento del carácter desvinculado de esa empresa. El presidente no es el encargado de definir o determinar quién es el beneficiario de préstamos”, afirmó en una entrevista con medios de comunicación.
Agregó que “eso al directorio llega de un comité de créditos, con dictámenes de riesgo, comerciales. Eso no se elabora desde el directorio; claro que se aprueban con su firma, pero eso sería responsabilidad objetiva y no estamos en un proceso administrativo, estamos en un proceso penal”.
Las afirmaciones de Fernández Zacur surgieron en el marco de la imposición de medidas cautelares a los ocho directivos imputados, la cual se dará en el transcurso de la mañana de este jueves.
Señaló que los informes técnicos elaborados por las áreas comerciales y de riesgo habrían contado con datos adulterados o esquemas de montos divergentes entre lo aprobado por el directorio y lo desembolsado finalmente.
“Aparecían más desembolsos o dinero en poder de esos beneficiarios y eso hasta para mis clientes llama la atención. Nosotros nos vamos a fiar de la investigación del Ministerio Público para saber qué pasó con eso. Ellos (directivos) se enteraron de esta irregularidad cuando llegaron las comunicaciones del Banco Central del Paraguay”, puntualizó.
El letrado manifestó además que “ahora tenemos que ver si los informes que les llegaban eran fraguados, pero eran informes que respaldaban el giro de acuerdo a lo que se les otorgaba. Yo desconozco la dinámica interna del banco, pero hay una gerencia de riesgo y un departamento comercial que arma las carpetas de créditos. Con este hecho cien por ciento podría haber más personas vinculadas en la causa, lo que se tiene que evaluar el cómo y cuándo”.
Fernández Zacur también ejerce la defensa de los directivos Diego Duarte Schussmüller y Alejandro Gómez Abente. Los mismos fueron imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Abogado exige que la investigación del caso ueno bank se extienda a autoridades del BCP
El abogado Óscar Tuma expresó que la investigación del Ministerio Público no debe limitarse a los directivos de ueno bank, refiriendo que existe una alta responsabilidad de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), al no generar los controles y las alertas en torno a la insolvencia de la entidad bancaria.
Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM, Tuma mencionó que “no nos quedemos únicamente con los dueños de la institución financiera. Las instituciones públicas que desembolsaron millones de dólares lo hicieron porque justamente el Banco Central del Paraguay no estaba actuando o advirtiendo”.
Agregó que “la complicidad del Banco Central del Paraguay al no generar los controles, de no hacer los informes correctos y emitir las alertas, inducía a que las instituciones públicas cometan el error en depositar su dinero en este banco”.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “En la investigación se pueden ir abriendo diferentes frentes. Esta será una investigación muy amplia; acá evidentemente hubo varios modus operandi”.
Tuma asumió la representación de varios ahorristas quienes ya se encuentran impulsando una denuncia penal contra las autoridades de ueno bank. “Dentro del ámbito jurídico, ayer nosotros presentamos la primera denuncia. También hay otros abogados que ya lo hicieron y seguramente entre hoy, mañana y la semana que viene se irán presentando más y más denuncias. Nosotros hemos optado por dividir las denuncias, porque cuando terminábamos de confeccionar una denuncia, caían otros afectados”, detalló.
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