Con el objetivo de definir las prioridades para el uso eficiente de los recursos en el presente año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, junto a los vicepresidentes primero y segundo, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, respectivamente, así como los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, mantuvieron una reunión con los directores de las áreas administrativas y financieras de la institución.
En la sala de sesiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se analizaron las proyecciones, así como los procedimientos administrativos y financieros necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema judicial. Algunas de las prioridades mencionadas durante la reunión fueron la inversión en tecnología y capacitación, al igual que los proyectos de construcción y ampliación de las estructuras edilicias para fortalecer la descentralización de los servicios de justicia, según el sitio web del Poder Judicial.
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Las autoridades judiciales insistieron en la importancia de trabajar en la previsibilidad en cuanto a la planificación financiera y administrativa, así como en técnicas de optimización de recursos, calidad del gasto público y transparencia en la gestión, sin olvidar el mantenimiento de las medidas de austeridad. La reunión finalizó con el compromiso de los ministros de la CSJ de colaborar en conjunto para asegurar la eficiente ejecución del presupuesto 2024.
De la mesa de trabajo también participaron el director general de Administración y Finanzas, Lic. Mirko Duré; el director de Presupuesto, Lic. Carlos Benítez; la directora Financiera, Dra. Luz Antúnez; y el director de Planificación, Alberto Martínez Franco.
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Noticias falsas y posverdad emergen como nuevos desafíos para la administración de justicia
Las noticias falsas, la posverdad y la creciente influencia de grupos de poder al margen de las instituciones representan hoy algunos de los principales desafíos para la independencia judicial y el ejercicio del derecho. Ese fue uno de los ejes centrales de la II Semana Jurídica desarrollada en Curuguaty, donde se analizó cómo la desinformación puede afectar el funcionamiento del sistema de justicia y debilitar el Estado de Derecho.
Durante la apertura del encuentro, realizado en la filial Curuguaty de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), se debatió sobre el impacto que tienen los contenidos falsos y las campañas de manipulación de la información en la labor de jueces, fiscales y abogados, así como en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
En contexto
El análisis cobró especial relevancia en un contexto marcado por el reciente ataque contra una dependencia policial en el departamento de Canindeyú, un episodio que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a escenarios de alta tensión y a la influencia del crimen organizado.
Durante la jornada también se advirtió sobre los riesgos que representan los llamados poderes fácticos cuando intentan condicionar las decisiones de los órganos de justicia o instalar narrativas destinadas a generar incertidumbre, desconfianza o caos social.
Otro de los puntos abordados fue la importancia de garantizar la independencia de los magistrados y preservar la objetividad en cada proceso judicial, evitando que factores externos o presiones mediáticas interfieran en la aplicación de la ley.
Análisis
El debate incluyó además una reflexión sobre la ética profesional en el ámbito jurídico, resaltando que la formación técnica y la integridad continúan siendo pilares indispensables para quienes ejercen funciones dentro del sistema de justicia. Asimismo, se analizó el fenómeno de los llamados “juicios paralelos”, impulsados muchas veces desde redes sociales y otros espacios públicos, y cómo estos pueden afectar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
La conferencia formó parte de la II Semana Jurídica organizada en Curuguaty, un espacio académico que reunió a estudiantes, docentes, magistrados y profesionales del derecho para debatir sobre los desafíos que enfrenta actualmente la administración de justicia en un escenario marcado por la rápida circulación de información y el creciente impacto de la desinformación.
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Aniversario de Saltos del Guairá modifica la actividad judicial el 30 de julio
La actividad en el Poder Judicial de Saltos del Guairá tendrá una pausa el próximo 30 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera asueto judicial en esa sede con motivo del 53.º aniversario fundacional de la capital del departamento de Canindeyú, informaron este jueves. Como consecuencia de la medida, todos los plazos procesales cuyo vencimiento estaba previsto para esa fecha quedarán automáticamente prorrogados hasta el 31 de julio de 2026.
Las autoridades también recordaron que la resolución fue adoptada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de las atribuciones que la legislación le confiere para organizar el funcionamiento de los tribunales y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia en circunstancias excepcionales o conmemorativas.
La suspensión alcanza exclusivamente a los plazos procesales correspondientes a la Circunscripción Judicial de Canindeyú con asiento en Saltos del Guairá, mientras que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente hábil.
La fundación
La ciudad, ubicada en el extremo noreste del país y fronteriza con el estado brasileño de Paraná, fue fundada el 30 de julio de 1973, en el marco del proceso de colonización y desarrollo impulsado en esa zona del país. Con el paso de las décadas se consolidó como la capital departamental de Canindeyú y uno de los principales polos comerciales de la frontera, favorecida por su intensa relación económica con Brasil y por el dinamismo generado en torno al comercio, la agricultura y los servicios.
Desde el punto de vista institucional, Saltos del Guairá alberga la sede de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, desde donde se administran los servicios de justicia para el departamento. En esa jurisdicción funcionan juzgados de distintas especialidades, tribunales de apelación, oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de dependencias administrativas que atienden los procesos judiciales de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico y económico del país.
La decisión de la Corte Suprema forma parte de una práctica habitual mediante la cual se ajusta el calendario judicial en localidades que celebran aniversarios fundacionales u otras fechas de relevancia cívica, procurando preservar tanto las actividades conmemorativas como la seguridad jurídica de las partes mediante la prórroga automática de los plazos procesales.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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Mil aspirantes participaron en examen de ingreso del Poder Judicial en Villarrica
El vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, y el ministro doctor Manuel Ramírez Candia, ambos superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, encabezaron ayer viernes una serie de actividades desarrolladas en el marco del “Día de Gobierno” en la ciudad de Villarrica.
Durante la jornada se desarrolló el examen de conocimientos dirigido a postulantes del Concurso para Ingreso de Personas al Poder Judicial, en el que participaron más de 1.000 aspirantes a cargos jurisdiccionales, administrativos y forenses. Así también, se llevó a cabo el acto de juramento de ley de 37 nuevos abogados que prestarán servicios en la mencionada circunscripción. La ceremonia estuvo a cargo de la secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, abogada Rita Monges.
La presencia de los ministros de la máxima instancia judicial en la Circunscripción Judicial del Guairá forma parte del plan de acción del Poder Judicial destinado a fortalecer el servicio de justicia en las distintas localidades del interior del país, además de atender las sugerencias y necesidades planteadas tanto por autoridades locales como por la ciudadanía en general.
Durante la ceremonia, el doctor Luis María Benítez Riera expresó sus congratulaciones a los nuevos abogados del Guairá y, al mismo tiempo, los alentó a continuar capacitándose con el objetivo de servir a la ciudadanía, haciendo especial énfasis en el aspecto humano de la profesión. Por su parte, el doctor Manuel Ramírez Candia subrayó el compromiso de la abogacía de atender cada vez mejor las necesidades de las personas.
Finalmente, los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, doctores Benítez Riera y Ramírez Candia, mantuvieron una reunión con integrantes del Consejo de Administración de la zona, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a optimizar la prestación del servicio de justicia. Asimismo, recibieron a representantes de gremios de abogados del Guairá para abordar temas de interés público.