La audiencia preliminar para Héctor Grau y Marcello Fretes, acusados por lesión grave por agredir al joven Benjamín Zapag, fue suspendida este miércoles. La audiencia debía desarrollarse ante la jueza Cynthia Lovera, pero se pospuso por pedido de la abogada Sara Parquet, defensora de Fretes. Ante la suspensión, la jueza Lovera fijó nueva fecha para los días 21 y 22 de febrero.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público el acusado Marcello Fretes detuvo a Zapag a la salida del sanitario de la discoteca asuncena, en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.
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En caso de que el presente caso se eleve a juicio oral se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Igualmente si se hace lugar al sobreseimiento definitivo, la fiscalía tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial.
En enero último, la jueza penal de Garantías de feria, Diana Carvallo, decidió no hacer lugar al pedido de permiso para que Marcello Fretes pueda realizar un viaje al Brasil. La defensa del imputado pidió ir a la ciudad veraniega brasileña de Camboriú de vacaciones.
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Juicio a exjueza: Fiscalía podría presentar alegatos finales y pedir los años de cárcel para la acusada
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada de prevaricato por entregar presuntamente más de 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían “de maletín” en la zona de Alto Paraguay. En la fecha, el Ministerio Público podría presentar los alegatos finales y solicitar los años de cárcel para la exmagistrada. En la jornada de este viernes se podría generar la sentencia de primera instancia.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo evaluar los elementos probatorios en el presente juicio oral está integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz. El fiscal del caso es Cristian Benítez, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público y aportó los elementos de prueba.
Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, querellante en la causa, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”. Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras.
Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Indicó que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo—, queda acreditado que la exjueza no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Igualmente, se destacaron los votos de los ministros de la Corte y exmiembros del JEM, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes concluyeron que Irún cometió mal desempeño en sus funciones al violar la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual fue destituida.
Por su parte la defensa sostiene que no se probó el delito de prevaricato por lo que no puede haber sentencia.
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Juicio a exjueza: pruebas documentales comprometen situación de la acusada, sostiene querella
En el marco del juicio oral y público que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por prevaricato, se han producido varias pruebas documentales entre las que se destaca la lectura de los estatutos de las empresas offshore que fueron beneficiadas por el llamativo fallo judicial de la acusada.
El abogado Francisco de Vargas, querellante en el presente caso, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”.
Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras. Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Indicó el citado profesional que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo de magistrada—, queda acreditado que no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Tras su destitución en el plano administrativo, el Ministerio Público inició el proceso penal que derivó en su imputación, posterior acusación y en el presente juicio oral y público, explicó el referido profesional del derecho. Por su parte, la defensa de la acusada sostiene que hasta el momento no se probó la acusación fiscal.
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Acusan y piden juicio oral para hijo de Lalo, un abogado y dos escribanas
La Fiscalía presentó acusación y pidió que el presente proceso penal se eleve a juicio oral y público para Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes; el abogado Óscar Tuma, y dos escribanas, por presuntamente integrar un esquema destinado a frustrar el comiso de bienes vinculados al caso “Pavo Real”.
El Ministerio Público sostiene en su requerimiento conclusivo que Rodrigues transfirió cuatro propiedades y ocho rodados que estaban afectados por medidas cautelares, pese a conocer que tenía prohibido venderlos o transferirlos. Por los citados hechos fue acusado por supuesto lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Con relación al abogado Óscar Tuma, los fiscales le atribuyen haber recibido cuatro inmuebles como pago de honorarios, pese a conocer que su cliente se encontraba inhibido y que los bienes estaban sujetos a eventual comiso. Según la acusación, con ello habría contribuido a impedir que dichos inmuebles fueran decomisados por el Estado.
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También fueron acusadas dos escribanas, a quienes se les atribuye haber confeccionado e inscripto escrituras con constancias presuntamente falsas para concretar las transferencias.
Entre las irregularidades señaladas figura la certificación de actos otorgados por una persona fallecida y la supuesta comparecencia de Alexandre Rodrigues en fechas en las que, según la Fiscalía, permanecía recluido en la Penitenciaría de Encarnación.
Ahora, el Juzgado Penal de Garantía tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si los acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados.
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Juicio contra Maduro en EE. UU. es fijado para el 1 de junio de 2027
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan.
En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.
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El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.
Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra”.
Maduro enfrenta los cargos de conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.
Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
- Fuente: AFP
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