Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha vapuleado a la monarquía del país nórdico. Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.

Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel. La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.

Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.

El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.

“Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida”, declaró el segundo día del juicio. “Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, añadió.

Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.

En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.

El debate judicial se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que Hoiby podía percibir en el momento de los hechos. En su alegato, el fiscal Sturla Henriksbo describió a un acusado “que se cree que todo le está permitido”.

A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía “por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen”.

También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en “un monstruo”, “objeto del odio de toda Noruega”.

El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo. La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo. Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un “régimen de terror”, según la acusación.

Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control. Fue al analizar sus teléfonos y ordenadores cuando los investigadores encontraron vídeos que, según ellos, documentaban las violaciones.

Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.

Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.

Fuente: AFP.

Fue encontrado culpable por una brutal golpiza ocurrida en un local nocturno en 2022.

El Tribunal de Senten­cia integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a cinco años de cárcel a Héctor Iván Grau, luego de ser encontrado cul­pable por la brutal golpiza que recibió el joven Benja­mín Zapag, hecho ocurrido en un local nocturno del barrio Villa Morra de Asunción, en el 2022.

El condenado irá a la cárcel una vez que quede firme y eje­cutoriada la sentencia conde­natoria. Es decir, si la defensa del sentenciado apela el fallo judicial, se deberá esperar a que se defina en segunda y ter­cera instancia para que luego pueda ingresar a la peniten­ciaría.

Los jueces de sentencia men­cionaron que se pudo probar la responsabilidad del acu­sado en el hecho, por lo que corresponde la pena de cinco años de pena privativa de libertad.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público pidió siete años de cárcel para Grau. Misma pena solicitó la quere­lla adhesiva representada por el abogado Ricardo Preda.

Ahora, la defensa del conde­nado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judi­cial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá definir si corres­ponde confirmar la sentencia condenatoria.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a cinco años de cárcel a Héctor Iván Grau, luego de ser encontrado culpable por la brutal golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag, hecho ocurrido en un local nocturno del barrio Villa Morra de Asunción, en el 2022.

El condenado irá a la cárcel una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria. Es decir, si la defensa del sentenciado apela el fallo judicial, se deberá esperar a que se defina en segunda y tercera instancia para que luego pueda ingresar a la penitenciaría. Los jueces de sentencia mencionaron que se pudo probar la responsabilidad del acusado en el hecho, por lo que corresponde la pena de cinco años de pena privativa de libertad.

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Durante los alegatos finales, el Ministerio Público pidió siete años de cárcel para Grau. Misma pena solicitó la querella adhesiva representada por el abogado Ricardo Preda. Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de Apelación el que deberá definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.

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Este miércoles prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien está siendo juzgado por la presunta frustra­ción de le ejecución y perse­cución penal por supuesta­mente no alertar operaciones del empresario Darío Mes­ser, entre los años 2017 y 2018. En esta jornada se realizó la producción de documentos, dando continuidad con este proceso judicial.

“En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero en aquel entonces, los procedimientos que se llevaron adelante y también, cómo el caso en sí está construido por el Ministerio Público a partir del ejercicio de funciones, también toda una serie de actos normativos que denotan quien ejercía qué función y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El juicio prosigue ya con las pruebas documentales, ya que los 11 testigos ya cumplieron con las declaraciones ante el Tribunal de Sentencia en el marco de esta causa. De acuerdo con el abogado, en estas declaraciones se confirma que la argumentación de la fiscalía contra el exministro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.

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“La declaración de los testigos lo que denota es una tramitación normal para lo que es un informe de inteligencia financiera, no hay ningún tipo de violación de plazos, y siempre insisto en el punto fundamental, no existió ningún tipo de filtración de información por parte de la Secretaría. Eso se acredita con el caso que las personas que eran objetos de inteligencia financiera no intentaron siquiera realizar ningún tipo de movimiento respecto a su patrimonio”, refirió.

Indicó que los testigos explicaron “cada uno de los pasos dentro de estas etapas que finalmente se culmina en un informe de inteligencia financiera, por ejemplo, el área de asesoría jurídica y el tiempo en el cual la asesoría analizó el borrador de informe y emitió su dictamen, y su dictamen con recomendaciones de profundización de ciertos aspectos antes de tomar la decisión final de remitir al Ministerio Público”.

Agregó que “el plazo en el cual la fiscalía no encuentra irregularidad alguna y es un tema interesante de destacar, la fiscalía cuando hace referencia a Óscar Boidanich denuncia un plazo entre junio del 2017 y abril del 2018, pero dentro de esos plazos fueron pasando varias etapas y varias áreas, como por ejemplo, la dirección de Asuntos Jurídicos que entre ese borrador y otros borradores de informes y otras tareas de la dirección llevó un trabajo de casi 5 meses”.

Ateniendo a todas estas informaciones, “eso la fiscalía no observa como irregular, entonces tampoco se le puede adjudicar a Óscar Boidanich y posteriormente a plazos que están relacionados a los meses de enero a febrero, marzo y abril, en los cuales Boidanich tampoco estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo”.

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