El agente fiscal de Emboscada, Gedeón Escobar Torres, presentó imputación en contra de Jorge Daniel Silva Ortega, por asesinar a su hijastra de tan solo 1 año y 11 meses de edad. La representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías, la prisión preventiva del procesado, aprehendido luego del suceso.
Ahora el imputado deberá ser convocado por el juzgado Penal de Garantías de Cordillera para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el procesado será trasladado a una penitenciaria de nuestro país. Una vez que se lleve a cabo la citada diligencia judicial se definirá en que cárcel estará privado de libertad.
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De acuerdo a la investigación, el hecho se produjo el 14 de enero del 2024, a las 18:10, en una compañía de la localidad de Emboscada, donde se encontraba Silva Ortega, quien había quedado al cuidado de la pequeña víctima.
La niña habría sido agredida por el hombre con golpes de puño, a la altura del rostro y la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata. La víctima fue inspeccionada por el médico forense del Ministerio Público, cuyo informe señala como causa de muerte traumatismo de cráneo.
El hecho causó gran indignación en los pobladores de la ciudad de Emboscada, en donde exigieron justicia por el brutal crimen de la niña de 1 años y 11 meses de edad.
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En el Este, imputan a un hombre por el abuso sexual de su hijastra de 11 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En cada denuncia de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se repite el mismo padrón en los victimarios; se trata de alguien del entorno familiar, tal como indican las estadísticas. Es el caso por el cual la fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a un hombre de 25 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima sería su hijastra, de 11 años.
La investigación a cargo de la agente de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, tiene que ver con una denuncia presentada por la madre de la niña, en la que se relata que, desde septiembre de 2026 el hombre convivía con la citada mujer y las dos hijas menores de 11 y 8 años.
En la primera quincena de octubre, el hoy procesado habría aprovechado los momentos en que la mujer salía a trabajar para quedarse a solas con las niñas. En una ocasión, la mayor no asistió a la escuela y, según la investigación, en esas circunstancias se habrían iniciado los abusos. La pareja vivía en Ciudad del Este.
Las agresiones se habrían repetido en diferentes ocasiones, tanto en una habitación de la vivienda como en el baño. De acuerdo con el escrito fiscal, el hombre habría recurrido a la fuerza y a las amenazas para cometer los hechos e impedir que la niña confesara sobre los abusos.
Sin embargo, la víctima decidió contar a su madre lo que venía sufriendo y la mamá presentó la denuncia ante las instituciones pertinentes y dio inicio a la investigación.
Como parte de las diligencias, la niña fue examinada por en medicina forense y recibió asistencia psicológica del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. La hermana menor también fue atendida por una psicóloga y, según el informe de asistencia, habría relatado que presenció los manoseos y escuchó a su hermana pedir que el hombre la dejara tranquila.
Entre los elementos de sospecha, la Fiscalía menciona la denuncia policial, la entrevista a la madre, el informe de inspección forense y los informes de asistencia psicológica de ambas niñas. La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, quien se encuentra privado de libertad.
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Periodista comparecerá ante la Fiscalía tras grave accidente en Asunción
Este miércoles 21 de octubre, el periodista Roberto Coronel, quien protagonizó un grave accidente de tránsito que ocasionó daños materiales durante la madrugada del sábado sobre la avenida General Máximo Santos, en el barrio San Vicente de Asunción, deberá comparecer ante el fiscal Benjamín Beltrán.
Tras esta diligencia, el Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación contra el comunicador, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.
En la audiencia indagatoria, el periodista deberá declarar sobre los hechos por los cuales está siendo investigado —específicamente, exposición al peligro en el tránsito terrestre— o, en su defecto, podrá admitir los hechos y solicitar una salida procesal antes de ser imputado.
De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba.
El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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Fideicomisos de Leoz y Atlas en la mira en nueva causa
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso. Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del Banco Atlas, por presunto lavado de dinero.
“Una vez que formularon su acto conclusivo, y en cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público, regido por el principio de legalidad procesal, está obligado a investigar cuando toma conocimiento de elementos que generan sospechas, incluso a partir de indicios, sobre la posible comisión de un hecho punible”, señaló Lovera en declaraciones a Nación Media.
En este sentido detalló que a través de una tarea de revisión de esos antecedentes, y un pronunciamiento de la Fiscalía General, se señala que se identificaron nuevos hechos, diferentes a los que fueron acusados en el caso Banco Atlas – Conmebol. En este caso, se investigan las operaciones respecto a fondos depositados por Nicolás Leoz, y otros hechos.
El abogado señaló que Leoz realizó una serie de adquisiciones de inmuebles, que se iniciaron desde el año 2000 en adelante, esto con una sospecha razonable que lo hizo como consecuencia de los perjuicios a la Conmebol, y el Banco Atlas también habría realizado estos fideicomisos.
“Esos inmuebles fueron objetos de loteamiento para la venta y luego Nicolás Leoz cuando es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de activos en la misma época de estos fideicomisos del banco Atlas también hizo otros fideicomisos inmobiliarios. Eso implicó también blindar esos inmuebles y en ese contexto proseguir con esos procesos de loteamiento y venta, y asegurarse esos recursos en el sentido de la protección de una figura como el fideicomiso”, detalló.
Agregó que, en ese contexto, “por lo que se pudo identificar en la información recopilada en esta otra causa estaban inmobiliarias como Inmobiliaria del Este, Inmobiliaria Raíces, y que finalmente terminaron administrando esos fideicomisos inmobiliarios en ese marco, respecto a otro banco diferente a Atlas”.
El letrado sostuvo finalmente, que “esos fideicomisos iniciaron por valores cercanos a los 2 millones de dólares, pero por lo que se obtuvo en esa investigación, a finales de ese año en el cual iniciaron los fideicomisos eran inmuebles por valor de 20 millones de dólares, inclusive superando”.
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Corte presentó denuncia en Fiscalía tras amenaza de ataque en Palacio de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar un correo electrónico masivo de carácter intimidatorio remitido a su Secretaría General. El mensaje advertía sobre supuestos atentados contra el personal y la infraestructura del Palacio de Justicia en Asunción, expandiendo las alertas hacia otros estamentos del Estado.
Como respuesta inmediata, la jefatura de seguridad del Poder Judicial ordenó un estricto control de acceso y revisiones minuciosas en todas las sedes con el fin de garantizar la vida de magistrados, abogados litigantes y usuarios civiles.
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Suspensión en la comunidad universitaria
El mismo correo anónimo afectó de manera paralela a las casillas institucionales del rectorado y múltiples facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En el texto, presuntos grupos extremistas de internet amenazaban con perpetrar un tiroteo y detonar artefactos explosivos en una facultad sorpresa. Ante la gravedad de la advertencia, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (CEDUNA) instó a la evacuación preventiva del campus. Posteriormente, las autoridades universitarias suspendieron formalmente todas las actividades presenciales para salvaguardar a la comunidad educativa.
Investigación policial
Especialistas del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, intervinieron para realizar la trazabilidad del correo. Las primeras pericias arrojaron que el emisor utilizó plataformas de anonimato internacional y rebote de nodos para ocultar su dirección IP.
Asimismo, la Policía emitió una alerta debido a que el mensaje incluía un enlace malicioso diseñado para vulnerar los dispositivos de quienes intentaran abrirlo. Agentes de los departamentos de Inteligencia y Antiterrorismo, junto con canes especialistas, inspeccionaron minuciosamente los predios y descartaron la presencia física de explosivos en el campus, calificando la situación en desarrollo bajo un perfil de alta volatilidad digital.