• Jorge Zárate
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Derribar aquello de que el hombre manda/mujer obedece es clave para enfrentar el flagelo del feminicidio. La violencia de género tiene en estos crímenes su desenlace más extremo, la punta del iceberg. Subyacen allí controles cotidianos, humillaciones, aislamiento, amenazas, dependencia económica, miedo, celos naturalizados, violencia psicológica, golpes, acoso, persecución, silencios familiares e instituciones que llegan tarde. Aquí el análisis de tres especialistas.

El cuadro social determina comportamientos, coinciden las especialistas consultadas para este informe. El machismo estructural es la respuesta principal al por qué se sigue matando de la manera aberrante que se vio en el profusamente televisado caso de Deisy Giménez.

Entendiendo esto, se preguntó por qué el duro castigo previsto no detiene estas acciones, a qué se debe la insuficiencia de lo punitivo. Raquel Samudio, del departamento de Psiquiatría y Psicología Forense del Ministerio Público, explica que “la mayoría de los feminicidas no tienen una enfermedad mental que anule su comprensión o su voluntad, saben lo que hacen. Entonces, atribuir esto a un trastorno desplaza la responsabilidad y además estigmatiza a las personas que tienen un sufrimiento mental que en la mayoría de los casos son víctimas y no victimarios”.

“El agresor no hace un cálculo racional de los costos, actúa desde una lógica “si no es mía no es de nadie”. Entonces, la pérdida de control sobre la mujer lo vive como algo intolerable. Por esto es que no es raro que después se autoeliminen porque no es que les importe el castigo, sino que su objetivo es eliminar ese objeto que perdieron. Entonces esto también es muy importante porque la respuesta no puede ser solo penal, tiene que ser preventiva y tiene que ser temprana”, señala.

De su experiencia, describe que en los feminicidas suelen verse rasgos como “posesividad extrema o celos, baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional que muchas veces se disfraza como de dominio, como la necesidad de dominar en realidad porque dependen emocionalmente de la otra persona y creencias rígidas sobre los roles de género”. También se dan “antecedentes de violencia previa, en algunos casos hay consumo de sustancias, que no es en sí misma la causa de la violencia, pero sí la agrava”, agrega.

Myrian González desde hace más de 20 años es redactora del capítulo “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” para el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Describe entonces que el feminicida “se ciega ante lo que considera una afrenta a su hombría. Muchas veces le da vergüenza que otros hombres le consideren inútil, débil, por permitir que la mujer sea ‘juru guasu’, no baje la cabeza, no se calle, denuncie, le abandone”, describe.

“Según mi análisis, no es que sufre por amor, porque le dejaron, ni porque tiene algún descontrol psíquico. Lo que le pasa es que ve en peligro su hombría, él no puede actuar como un pelele, el mandato cultural masculino le dicta que él es el que manda sobre su novia o mujer. Siente que se le rompe el mandato tradicional del macho, del hombre de la casa”, dice describiendo el cuadro.

González, que es directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), entiende que “un problema principal es la ausencia, la falta de una educación igualitaria, que es responsabilidad del Estado”.

Agrega que la “educación machista es resultado de esa cultura que valora de manera diferenciada a mujeres y hombres. El Estado, con sus ministerios y políticas públicas, es responsable de no promover la educación igualitaria. Esto es, mirando la realidad con perspectiva de igualdad de género”, describe.

“Se debe visualizar, comprender y aceptar que esas diferencias entre mujeres y hombres generan discriminación y desigualdades y que estas se traducen en que las niñas tienen que portarse bien y no “tentar” a los varones, las mujeres deben obedecer a sus esposos para que no se enojen, las jóvenes no tienen que provocar sexualmente a los hombres vistiéndose de x forma, ni salir solas o a la noche. Esta es la cadena que somete a mujeres y envalentona a los hombres”, apunta llamando a la transformación de esta matriz.

Monserrat Fois es antropóloga social y preside la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF). Considera que una de las dimensiones más graves del problema “es la abrumadora irresponsabilidad del Estado porque no estamos frente a un fenómeno desconocido ni mucho menos inexplicable. Existen décadas de investigación en estudios de género, en sociología, antropología, en derecho y en políticas públicas que permiten comprender cómo se producen y reproducen las violencias contra las mujeres”.

Yendo a los datos, recuerda que “en Paraguay, solamente en 2025 hubo 37 feminicidios y más de 37 mil víctimas registradas de violencia familiar. En lo que va de 2026, ya van 20 feminicidios y 28 tentativas de feminicidios. Es decir, detrás de los casos extremos que llegan a los medios existe un universo muchísimo mayor de violencia cotidiana”, describe.

“Entonces, no me estoy refiriendo solamente a que una institución haya actuado mal ante una denuncia concreta, sino a gobiernos que, teniendo evidencia disponible, deciden escuchar a sectores políticos y religiosos que cuestionan sistemáticamente las políticas de género basados en prejuicios, supersticiones, odio o miedo y desoyen el conocimiento acumulado generado por investigadoras, académicas, funcionarias públicas y organizaciones feministas”, apunta.

Explica entonces que hay estudios e informes internacionales que permiten generar una trazabilidad sobre eventuales agresores: “Esto no significa, por supuesto, que podamos saber con certeza qué agresor va a matar ni en qué momento. Pero sí nos está diciendo que existen trayectorias y señales de riesgo que pueden ser identificadas y que deberían activar respuestas estatales diferenciadas”.

Insiste en que “antes que hablar de ‘combatir el feminicidio’, el Estado necesita construir capacidad para identificar trayectorias de violencia antes de que se vuelvan letales”.

Apunta entonces que “en el corto plazo, debemos evitar que una trayectoria de violencia tenga a la muerte al final de la historia. Y en el largo plazo, transformar las condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales que producen, permiten y las legitiman. El problema es estructural y, por lo tanto, la respuesta también tiene que tener esa categoría”.

Es hora de actuar.

Lo mediático juega un papel clave en la reproducción del modelo que incuba los feminicidios, pero puede también convertirse en factor de reversión. Todo depende de los ejercicios profesionales y empresariales, entienden las especialistas.

Para la psiquiatra Raquel Samudio, “una cobertura con muchos detalles morbosos del método, de fotos de la víctima, de relatos que romantizan al agresor como que la amaba demasiado o fue un crimen pasional o que terminan culpabilizando a la mujer, revictimiza a las familias. Además, también hay evidencia de que la difusión masiva de estos casos puede asociarse a un efecto dominó en otras personas que ya estaban predispuestas a cometer un crimen”, recuerda.

Apunta a su vez que “los medios también pueden funcionar como un factor protector muy grande cuando nombran el hecho como feminicidio, cuando contextualizan la violencia como un problema social y no como un caso individual, como un hecho privado, cuando muestran las señales de alerta y cuando informan dónde pedir ayuda. El periodismo responsable salva vidas”, recuerda.

Para la antropóloga social Montserrat Fois, “tanto los medios como las autoridades públicas producen sentidos y categorías a través de las cuales interpretamos la realidad. Contribuyen a decirnos qué es grave, qué es normal, qué es excepcional, qué es tolerable y hasta dónde una determinada violencia merece ser considerada un problema público”.

Citando a Rita Segato en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, recuerda que no es correcto presentar esta violencia como “algo disperso, anómalo o episódico. Un crimen acá, otro crimen allá, una pareja que discutió, un hombre que perdió el control”, sin reflejar “la estructura que conecta fenómenos que aparentemente no tienen relación entre sí”.

Otro elemento que pone en discusión es la espectacularización de la violencia. “Vimos circular por todas partes el video del feminicidio de Deisy y amanecimos a los días con la noticia de otro feminicidio ocurrido en Canindeyú. Quiero ser muy cuidadosa acá porque no puedo ni pretendo afirmar que exista una relación causal directa entre la difusión de un feminicidio y la comisión de otro. Pero Segato plantea algo muy importante para pensar este fenómeno y es que la propia violencia puede funcionar como una forma de comunicación”.

Agrega entonces que “la violencia no solamente actúa sobre la víctima concreta, puede comunicar poder, mostrar de qué es capaz el agresor, hasta dónde puede llegar, qué capacidad tiene de controlar, castigar o disponer sobre el cuerpo de otra persona. Y cuando los medios o las redes espectacularizan esa violencia pueden, potencialmente, convertirse en parte de la circulación de ese mensaje, ampliar su audiencia”.

Expone ante el caso que “esa exhibición reiterada puede ofrecer repertorios de acción y modelos de potencia con los cuales otros agresores pueden llegar a identificarse. No estoy diciendo que alguien que vea un feminicidio en televisión o en Tiktok automáticamente salga a cometer otro. Sería irresponsable afirmarlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que debemos preguntarnos qué efectos sociales produce mostrar una y otra vez el momento exacto en que una mujer es violentada o asesinada, convertir al agresor en protagonista y hacer circular su acto de poder millones de veces”, apunta.

Entiende que en esa situación el medio deja de ser solamente un canal que informa sobre un crimen corriendo el riesgo de transformarse, “aun sin proponérselo, en parte del dispositivo mediante el cual ese crimen adquiere visibilidad, audiencia y capacidad de comunicar poder. Para mí, ahí está la enorme responsabilidad de los medios y también de las plataformas digitales: informar sin convertir la crueldad en espectáculo”.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo las penas de dos condenados por su participación en la elaboración de documentos falsos que fueron proveídos por la empresaria Dalia López al exfutbolista Ronaldinho, a su hermano y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.

Por mayoría de votos, la máxima instancia judicial hizo lugar al recurso de casación planteado por las defensas y redujo la condena de Bernardo Arellano, funcionario de Migraciones, de cinco a cuatro años y seis meses de prisión. Asimismo, la pena de Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, funcionario de Identificaciones, pasó de cuatro a tres años y seis meses.

La ministra Carolina Llanes, con la adhesión del ministro Luis María Benítez Riera, consideró que correspondía modificar la calificación jurídica de las conductas atribuidas a ambos acusados y revisar la medición de las penas, sin modificar los hechos que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditados.

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Llanes votó por anular la resolución de la Cámara de Apelaciones que había confirmado las condenas, al señalar que incurrió en una “incongruencia omisiva”. Según explicó, el tribunal respondió de manera genérica a los cuestionamientos de las defensas sobre la calificación jurídica, sin fundamentar por qué correspondía mantener la decisión de primera instancia.

En su análisis, la ministra distinguió entre la producción de documentos no auténticos y la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. En ese punto, dio la razón a las defensas, que argumentaron que los pasaportes y las cédulas fueron expedidos por las instituciones correspondientes y que posteriormente sus datos fueron adulterados.

La ministra también examinó la intervención de Arellano y Amarilla en la obtención y posterior adulteración de los documentos. Sostuvo que ambos realizaron aportes esenciales dentro de un accionar conjunto y coordinado, con distribución de funciones, para conseguir documentos que permitieran inducir a error a los agentes de control migratorio.

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El crecimiento del emprendimiento de Roberto Aguilar fue acompañado por el financiamiento del Crédito Agrícola de Habilitación, que le permitió fortalecer su producción y llegar a nuevos mercados. De cuatro invernaderos pasó a una infraestructura de 92 unidades productivas. Así evolucionó el emprendimiento de Aguilar, productor de tomate de la zona de Calle 8, distrito de R. I. 3 Corrales, departamento de Caaguazú, quien actualmente alcanza una producción aproximada de 7.000 kilos por semana.

El crecimiento fue posible tras más de una década de trabajo con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), cuyo respaldo financiero acompañó la expansión de la actividad agrícola y permitió aumentar la capacidad para responder a la demanda del mercado.

Con este volumen de producción, Aguilar abastece al Mercado de Abasto y a otros canales de comercialización. Asimismo, provee tomates frescos al programa Hambre Cero, iniciativa que contribuye a la alimentación de estudiantes paraguayos y representa una oportunidad de comercialización para los productores nacionales.

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La ampliación de la infraestructura refleja el desarrollo de una unidad productiva que logró incrementar su capacidad y diversificar sus canales de venta. El acceso al financiamiento, sumado al trabajo sostenido del agricultor, fue uno de los factores que acompañaron este proceso de crecimiento.

El caso también pone en evidencia las posibilidades de expansión de la agricultura familiar cuando los productores cuentan con herramientas financieras para fortalecer sus emprendimientos y mejorar su capacidad de abastecimiento.

A través de la asistencia crediticia a agricultores y emprendedores de distintos puntos del país, el CAH busca impulsar la producción nacional, fortalecer las unidades productivas y facilitar el acceso a oportunidades comerciales, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social.

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Cuatro micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cordillera y Caaguazú incorporaron maquinarias y equipamientos para fortalecer sus procesos productivos, mejorar su competitividad y ampliar su capacidad de oferta en el mercado nacional. La iniciativa también apunta a generar condiciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en el interior del país.

La entrega se realizó en el marco del Proyecto de Competitividad de las Mipymes (PCM), impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el objetivo de acompañar el crecimiento de los emprendimientos mediante la incorporación de herramientas que permitan optimizar sus operaciones.

En Emboscada, departamento de Cordillera, la Granja San Jorge recibió un generador eléctrico de 50 kVA, que contribuirá a garantizar el suministro continuo de energía para sus actividades productivas.

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Por su parte, en Caaguazú, la firma DM Productos Creativos incorporó una máquina CNC router industrial para automatizar el corte de madera, mejorar la precisión y agilizar la fabricación. Asimismo, el emprendimiento NathNut recibió una procesadora de barra de mano y una envasadora de maní, destinadas a optimizar el procesamiento y la presentación de sus productos alimenticios.

En Coronel Oviedo, el taller de confección La Tienda de Rosita sumó equipos para fortalecer su cadena de producción, entre ellos una bordadora computarizada, máquina de coser, cortadora circular, plancha industrial, brochadora manual y selladora térmica.

Los nuevos equipamientos permitirán a los negocios beneficiados incrementar sus volúmenes de producción, mejorar la calidad de sus productos y explorar nuevas oportunidades comerciales. Además, la ampliación de sus operaciones podría favorecer la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad económica en sus respectivas comunidades.

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