La jueza Rosarito Montanía, a pedido del fiscal Deny Pak solicitó la extradición de Diego Marset detenido en Brasil y quien es hermano del prófugo Sebastián Marset. El pedido de Pak fue presentado el pasado 3 de enero, luego de la detención del imputado registrada en una lujosa vivienda en Foz de Iguazú, Brasil.
La solicitud del Ministerio Público se basa en el tratado de extradición entre países que integran el Mercosur establecido en la ley 2753/2005, y se hace especial énfasis en mantener la prisión preventiva de Diego Marset mientras avanza el proceso para su comparecencia ante la Justicia paraguaya, por medio de la extradición.
En febrero del 2022, Diego Marset fue imputado y obtuvo una orden de captura en el marco de la operación contra la presunta organización criminal que lideraban su hermano y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico (ya detenido). También la pareja del presunto capo narco, Gianina García Troche, estaba alistada en la orden emitida por la Justicia paraguaya.
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En el marco de la operación denominada León 23, desplegada desde julio pasado en Santa Cruz, donde Sebastián Marset se encontraba residiendo y desarrollando sus actividades, la Policía boliviana buscaba también a su hermanastro Diego Nicolás Alba Marset, quien tenía tres identidades presumiblemente falsas, incluyendo una cédula paraguaya, según la investigación.
En noviembre pasado, un canal de TV uruguayo emitió una entrevista clandestina con Sebastián Marset, en que manifestaba su interés en que sus familiares fueran procesados en Uruguay. No obstante, luego afirmó que él nunca se entregaría. Por otra parte, el levantamiento de la alerta roja para su esposa en los registros de la Interpol generó controversia en las últimas semanas, con varios sospechosos detenidos.
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Paraguay y Brasil acuerdan reforzar controles para evitar ingreso ilegal de tirzepatida
Tras la serie de robos de medicamentos para adelgazar con principio activo de tirzepatida, autoridades sanitarias de Paraguay y Brasil acordaron realizar controles para evitar que estos ingresen a territorio brasileño, donde está prohibida la venta del fármaco proveniente de territorio nacional.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) firmaron un acuerdo para combatir la entrada a territorio brasileño de medicamento usado para adelgazar proveniente de Paraguay. Como primera medida aumentarán intercambio de información y la supervisión sanitaria.
Estos controles se intensificarán en puntos estratégicos, donde se presumen los delincuentes hace pasar el fármaco especialmente en la frontera por tierra como en: Foz de Iguaçu y Ciudad del Este. También en la ciudades de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, frente a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.
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En la mayoría de los casos se presume que tras robar una importante cantidad de este medicamento en territorio nacional, los delincuentes se encargan de enviar hacia Brasil en medio de mercancía que van legalmente. Tiempo en el que ya pierden la cadena de frío que requieren para poder mantener el principio activo para un afectivo tratamiento para la obesidad, diabetes y otros afecciones
La tirzepatida se utiliza en medicamentos con venta libre en todas las farmacias de Paraguay, cuyos precios son 60 % menos que los productos que son vendidos legalmente en el vecino país, según medios brasileños. En enero de este año, quedó prohibida la venta, distribución, importación y publicidad de medicamentos a base de tirzepatida provenientes de territorio paraguayo.
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Impactante fallo: asesinó y mutiló al abusador de su hija y fue absuelta
Un fallo reciente en Brasil sacudió a la opinión pública y reavivó un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que la justicia no alcanza para reparar un daño irreparable?
Un tribunal absolvió a una mujer que había sido acusada de homicidio y mutilación contra el hombre señalado como responsable del abuso sexual de su hija. La escena en la sala de audiencias, cargada de tensión y emociones contenidas, reflejó la profundidad del conflicto moral que atravesó todo el proceso. La reacción de los presentes, entre el alivio, la conmoción y la controversia, fue tan elocuente como el propio veredicto.
Según se reconstruyó durante el juicio, la mujer actuó impulsada por una mezcla de desesperación, dolor y una noción visceral de justicia. La defensa sostuvo que su accionar no podía analizarse fuera del contexto de la violencia extrema sufrida por la menor. El tribunal, en una decisión que no tardó en generar repercusiones, consideró esas circunstancias y concluyó que existían atenuantes suficientes para dictar la absolución.
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El caso abre interrogantes de fondo sobre el sistema judicial y sus límites frente a delitos particularmente sensibles. ¿Puede la ley contemplar plenamente el impacto emocional de un crimen de esta naturaleza? ¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa, propia o de un tercero, y la justicia por mano propia?
En Brasil, el fallo ya alimenta un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y social. Para algunos, la decisión representa un acto de comprensión frente a una situación límite; para otros, sienta un precedente peligroso que podría erosionar el principio de que solo el Estado debe ejercer la justicia.
Más allá de las posturas, lo cierto es que el caso expone una tensión difícil de resolver: la distancia entre la racionalidad de la ley y la intensidad de las emociones humanas cuando se trata de proteger a un hijo.
Queda abierta la pregunta, inevitable y profundamente personal: ¿cómo debería responder la sociedad ante hechos donde el dolor y la justicia parecen enfrentarse sin una salida clara?
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“No habrá impunidad”, afirma ministro contra militares que favorecieron a pareja de Marset
“Puedo asegurar transparencia, que seremos implacables para mantener el prestigio, la eficiencia y eficacia de una institución tan grande como las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en torno a la detención preventiva de dos militares, que habrían favorecido a Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su estadía en el penal de Viñas Cué.
La investigación contra los uniformados se debe al hallazgo de elementos no autorizados en la celda de García Troche, imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas en el marco del operativo A Ultranza Py, lanzado en febrero de 2022.
“Más que dolor, siento indignación, es lo que tengo. Si esto se llega a comprobar fehacientemente, que tuvieron negligencia en el cumplimiento de sus funciones, viene a empañar la imagen que tratamos de construir”, indicó el general retirado, este viernes, a la 1020 AM.
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Los uniformados implicados son el teniente coronel Víctor Valiente y el mayor Marcos Sotelo, quienes ya fueron separados de sus cargos. “Las investigaciones de la Justicia Militar datan desde el pasado 2 de diciembre, cuando se comprobó que la señora consumía marihuana. Ambos fueron relevados de sus cargos el 18 de diciembre", señaló el ministro.
Valiente es investigado por presuntas faltas contra la disciplina militar, referente a la “negligencia y el poco compromiso que tuvo como titular de la Dirección del Servicio de Justicia Militar”, alegó González.
Mientras que a Sotelo por abuso de autoridad y faltas contra la disciplina militar. “Él se desempeñaba como jefe del área penal y habría ordenado el ingreso de los elementos no autorizados. Esto se determinará en el proceso judicial que se está llevando adelante“, comentó. Entre los elementos no autorizados que fueron entregados a García Troche figuran marihuana, un machetillo, preservativos.
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Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos
Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El mismo informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema criminal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organizaciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.
LA COOPERACIÓN CON MARSET
Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran operación A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronología de los hechos considerando la frustración como la injerencia que sufrieron las investigaciones en una abierta cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.
Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipótesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Marset y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que proviene de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.
El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la observación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubicaciones de las pistas, los depósitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.
Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría interviniendo otro bloque criminal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quienes haciendo uso de su logística empresarial y asociados al esquema criminal de Sebastián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exportaciones de sustancias ilícitas parten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y transitan a través de las rutas fluviales y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.
DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Marset y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de investigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteligencia de la Senad en los puertos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que todavía es un capítulo pendiente de las investigaciones concernientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.