La jueza Cynthia Lovera fijó para los días 13 y 14 de febrero de este año a las 8:30 de la mañana la audiencia preliminar del expresidente de la Ande Carlos Heisele, acusado por lesión de confianza en el caso de la construcción de la Línea 500 Kv. En la citada diligencia judicial se definirá si Heisele se sentará en el banquillo de los acusados como cualquier otro procesado.
Igualmente enfrentarán audiencia preliminar los acusados René Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos, quienes también están procesados en el presente caso.
Meses atrás la máxima instancia judicial declaró la caducidad de la acción de inconstitucionalidad que presentó la defensa del extitular de la Ande, quien pretende llegar a la impunidad y no enfrentar un juicio oral y público.
El proceso penal se inició tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto millonario en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV. Asimismo, de acuerdo a la acusación, se otorgaron indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles ubicados en la franja de dominio de la línea de 500 kV que une Itaipú con Presidente Hayes.
El fiscal Leonardi Guerrero indicó que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que fijó el costo estimado de G. 3.000 millones. Se estima que el daño ocasionado se aproxima a los G. 9.451 millones.
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Suspenden audiencia por muerte de Maradona entre insultos y amenazas de abogados
Los principales abogados del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvieron este martes al borde de la agresión física, en un episodio que obligó a los jueces a suspender la audiencia y amenazar con apartarlos del proceso que tiene lugar en Argentina.
El incidente se desencadenó durante la declaración de un testigo en el proceso que ha llevado al banquillo al equipo médico que atendió a Maradona en la internación domiciliaria antes de su muerte en 2020.
La audiencia tuvo que ser momentáneamente suspendida y los contrincantes se trasladaron fuera de la sala para continuar la contienda. Enfrentados con los rostros a centímetros de distancia en medio de una ronda de abogados, policías y periodistas, los legistas se gritaron insultos.
“Acá estoy, ¿qué vas a hacer?”, le espetó Fernando Burlando, representante de dos de las hijas de Maradona, a Francisco Oneto, defensor del principal acusado. “Payaso de mierda”, le respondió furioso su contraparte. “Sos un gil (tonto)”, replicó Burlando.
Uno de los fiscales y un policía intervinieron y lograron alejar a Oneto unos diez metros sin que la agresión física se concretara.
El enfrentamiento comenzó dentro de la sala de audiencias, cuando Burlando se mofó de Oneto en medio de una discusión entre ambos legistas.
“Te gritan en todos lados, hasta en tu casa”, dijo Burlando. “¿Qué sabés lo que pasa en mi casa, irrespetuoso? Decímelo afuera”, respondió Oneto, mientras se levantaba velozmente y caminaba hacia el escritorio de su colega.
Esta rivalidad es una constante del proceso que comenzó en abril y se extenderá por lo menos hasta fines de agosto.
Maradona murió a los 60 años en una vivienda en Tigre, al norte de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020, de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio cuando se recuperaba de una neurocirugía.
En el juicio que se desarrolla en San Isidro, cerca de Tigre, se examina si el exfutbolista recibió atención adecuada por parte de los siete integrantes de su equipo médico, que enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que sabían que sus acciones u omisiones podía generar la muerte del exfutbolista.
Todos se declaran inocentes.
- Fuente: AFP
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Comisión del Senado inicia audiencias de postulantes para elegir al próximo contralor
La Cámara de Senadores inicia este jueves la ronda de audiencias públicas para evaluar las propuestas y perfiles de los candidatos a contralor y subcontralor general de la República. El proceso se encuentra a cargo de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el colorado Javier Zacarías, quien aseguró que la confección de las ternas se ejecutará de acuerdo a la idoneidad y la trayectoria de cada uno de los postulantes.
Zacarías también desmintió las versiones promovidas desde la oposición que apuntan a desmeritar el proceso de selección catalogándolo como un “trato meramente protocolar”, al sostener que el oficialismo colorado supuestamente ya definió la continuidad de los actuales titulares Camilo Benítez y Augusto Paiva.
“No existe tal cosa, yo desmiento categóricamente eso. No hemos tratado absolutamente nada en la bancada de Honor Colorado. La idea es escuchar a todos, hacer una tanda de 10 postulantes por día, tanto los días lunes y jueves a partir de las 10:00 para que la ciudadanía, los medios de prensa y los senadores puedan debatir”, sostuvo en un entrevista con los medios de comunicación, antes de dar inicio a la sesión de apertura.
Zacarías agregó: “Haremos un estudio bien claro de todo lo que es el currículum de cada uno, su historial teniendo en cuenta que varios fueron funcionarios públicos. Estamos realizando averiguaciones para ver si llegaron a tener sumarios o cuestiones administrativas de por medio, porque eso los descalificaría automáticamente. Vamos a hacer una elección responsable, el que define es el plenario”.
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Con relación al requerimiento de los opositores de que el cargo de contralor sea ejercido por un representante de la oposición, teniendo en cuenta que el gobierno central es liderado por colorados, Zacarías afirmó: “No estoy de acuerdo con ese criterio, la Contraloría debe estar en manos de los mejores, de aquellas personas que califiquen técnicamente y tengan la ética y moral para ocupar el cargo“.
El senador recordó que varios representantes de la oposición que lograron acceder al cargo fueron denunciados y condenados. “El hecho de que sea de la oposición no te garantiza independencia, transparencia y justicia. Yo no tengo ninguna objeción sobre el trabajo del actual contralor, creo que ha hecho muchas denuncias claras, públicas y concretas ante el Ministerio Público, sacó al tapete casos emblemáticos mediante estudios exhaustivos”, sentenció.
Zacarías detalló que las audiencias públicas serán realizadas hasta la primera semana de agosto para luego remitir inmediatamente las ternas tanto para la Contraloría y la Subcontraloría a la Cámara de Diputados, quienes serán los encargados de la elección.
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Juicio oral contra exjueza civil Tania Irún se iniciará el 22 de julio
Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.
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Acusación fiscal
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
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Destraban caso contra Prieto y aguardan fecha para audiencia
El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.
Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.
El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.
Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.