Una comitiva de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público realizó una visita a la Penitenciaría Regional de Villarrica a fin de monitorear la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad. Durante la visita se efectuaron entrevistas con el fin de detectar casos que podrían implicar eventuales violaciones de Derechos Humanos.
Los funcionarios, abogados Lorena Céspedes, Sdenayde Irala y Óscar Duarte, realizaron la visita de monitoreo a la penitenciaría regional los días 13, 14 y 15 de diciembre del corriente año en el marco del cumplimiento del manual de funciones de la Dirección de Derechos Humanos - resolución F.G.E. N.º 638/2012 - y en atención a la resolución F.G.E. N.º 134/2012 y a las recomendaciones nacionales e internacionales.
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En la oportunidad, constataron las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) y el lugar de reclusión, logrando levantar una medida de fuerza que había llevado a cabo un interno de nacionalidad brasileña.
El reo se encontraba realizando una huelga de hambre desde hace varios días, procedieron a dialogar con el mismo y consiguieron que se comprometa a ingerir paulatinamente alimentos y levantar la medida adoptada. Igualmente, el Ministerio Público anunció que se realizarán más visitas a otras penitenciarías de nuestro país para seguir relevando datos sobre los privados de libertad.
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Preocupante aumento de la pornografía infantil
Más de 11.000 denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes ingresaron para ser investigadas al Ministerio Público entre 2021 y 2026.
El Observatorio del Ministerio Público visibiliza el preocupante aumento de denuncias relacionadas con el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay durante los últimos seis años.
Las cifras registradas para iniciar una causa penal en el periodo analizado totalizan 11.815 denuncias, lo más alarmante es que estos números solo representan el 30 por ciento del total de los reportes que llegan al Ministerio Público. Es decir, el 70 por ciento queda en un subregistro por falta de elementos técnicos o pruebas a ser remitidas por otras entidades que permitan aclarar los hechos que efectivamente existieron.
ALARMANTE INCREMENTO
Las estadísticas revelan que la pandemia trajo consigo un alarmante incremento de delitos cometidos a través de medios informáticos, debido al mayor acceso a dispositivos tecnológicos y redes sociales, situación que fue aprovechada por depredadores sexuales.
Según datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio Público, en 2021 se registró un total de 2.796 denuncias; en 2022 fueron reportadas 1.859 causas. En tanto, en 2023 ingresaron 107 reportes. Aunque la cifra refleje una aparente disminución, en realidad no todos los datos fueron divulgados por razones operativas.
En 2024 se observó un incremento significativo, cerrando el periodo con 2.937 denuncias, superando notablemente las cifras de años anteriores. El año pasado, las denuncias disminuyeron levemente, totalizando 2.462 casos a nivel país. En lo que respecta al presente año, al cierre del mes de abril ingresaron 1.654 denuncias ante el Ministerio Público.
REGIONES CRÍTICAS
Las denuncias provienen de distintos puntos del país; sin embargo, los departamentos y zonas con mayor incidencia son Asunción, Central, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.
La fiscal Irma Llano, especialista en investigaciones de delitos informáticos, señaló que las principales formas de captación de víctimas por parte de pedófilos se producen a través de videojuegos y plataformas de mensajería.
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Fiscalía recibió 11.815 denuncias por pornografía relativa a niños entre 2021 y 2026
El Ministerio Público, a través del observatorio, informó sobre el aumento de denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay. De acuerdo a la mencionada dependencia, entre 2021 y abril de 2026 ingresaron 11.815 denuncias a nivel país.
El informe revela el incremento de delitos informáticos tras la pandemia y está relacionado con el mayor acceso a dispositivos tecnológicos, videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería, situación aprovechada por depredadores sexuales.
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Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son:
- Asunción
- Central
- Caaguazú
- Itapúa
- Alto Paraná.
Solo en 2024 se registraron 2.937 casos, mientras que en lo que va del 2026 ya ingresaron 1.654 denuncias hasta abril.
La fiscal especializada Irma Llano alertó que los pedófilos captan principalmente a sus víctimas mediante videojuegos y aplicaciones de mensajería. Además, advirtió que la falta de control sobre el uso de internet y redes sociales facilita este tipo de hechos.
El Ministerio Público recordó que estos delitos suelen estar vinculados a hechos graves como abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, extorsión y violencia sexual.
La legislación paraguaya prevé penas de hasta 10 años de prisión por pornografía infantil, además de sanciones por consumo, posesión, difusión y organización de actividades vinculadas a explotación sexual de menores.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Martínez Simón inspecciona juzgados Civil y Comercial, y de la Niñez y la Adolescencia en Asunción
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, sigue realizando su recorrido por los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y los juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital, ubicados en el tercer piso del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento, relevar necesidades operativas e identificar acciones orientadas al fortalecimiento institucional y la modernización del servicio de Justicia.
Durante su tradicional recorrido, el titular de la máxima instancia judicial dialogó con los magistrados, actuarios judiciales y funcionarios de los juzgados visitados sobre la dinámica de trabajo y las principales necesidades vinculadas a recursos humanos, organización de espacios y funcionamiento general de las dependencias.
Posteriormente, señaló que continúan las tareas de reorganización y mejora en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Asimismo, destacó que el Poder Judicial avanza en el proceso de digitalización, reciclaje de documentos y remisión de expedientes al archivo institucional.
“Seguimos con la misma dinámica: enviando expedientes al archivo, verificando el reciclaje de papeles que no forman parte de los expedientes y que siempre se acumulan. Sobre eso vamos a elaborar un informe consolidado de todo lo reciclado y remitido al archivo”, expresó.
El titular de la Corte también subrayó la importancia de generar condiciones adecuadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, atendiendo a la especial sensibilidad de los casos que allí se tramitan.
“Estos relevamientos tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados en general. Sin embargo, en el fuero de Niñez y Adolescencia el tema es todavía más sensible, porque los niños necesitan una atención distinta, una atención que no aumente el estrés que ya tienen por presenciar conflictos. Por eso debemos procurar un ambiente amigable y humano para ellos”, manifestó.
Estas acciones forman parte de la política de supervisión directa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, orientada a acompañar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales e introducir mejoras operativas a partir de la observación in situ.
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