El Ministerio Público solicitó 8 años de cárcel para el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y 5 años de cárcel para su esposa, María Selva Morínigo, por lavado de dinero. Foto: Archivo
Piden 8 años de cárcel para el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón
Compartir en redes
Las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera durante la exposición de los alegatos finales solicitaron 8 años de cárcel para el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, acusado por enriquecimiento ilícito. Asimismo, se pidió por 10 años la inhabilitación de ejercer cargo público.
Mientras que el Ministerio Público pidió 5 años de cárcel para María Selva Morínigo, acusada por lavado de dinero. Igualmente se solicitó el comiso especial de los bienes de la pareja Díaz Verón - Morínigo. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al exfiscal general del Estado está integrado por los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.
El Ministerio Público sostiene que se pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en los hechos punibles investigados por lo que corresponde la pena justa solicitada. El presente caso está llegando a su etapa final luego de 5 meses de juicio oral y público.
Los antecedentes revelan que los fiscales Osmar Legal y Natalia Silva, el 13 de agosto de 2019, acusaron a Javier Diaz Verón y a María Selva Morínigo. La acusación sostiene que el extitular del Ministerio Público y su esposa no pudieron justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma, según los fiscales, que se intentó ocultar los bienes a través de su esposa.
Condenan a 10 años de cárcel a un hombre encontrado culpable por abuso sexual en niños
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 10 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Sussy María Riquelme Brizuela, titular de la Unidad Penal n.° 2 de la Fiscalía Barrial N° 5.
La denuncia refiere que los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2019, cuando la madre de la víctima presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público. Según el relato, la niña, que en ese entonces tenía cuatro años, manifestó a su madre que su progenitor la había sometido a varios manoseos.
Tras la denuncia inicial, el Ministerio Público activó los protocolos de protección y recolección de pruebas, que incluyeron traslado a la Clínica Forense, realización de la entrevista en sede de la Cámara Gesell, evaluaciones especializadas en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. En todas estas instancias, la víctima mantuvo un relato coherente sobre lo sucedido, lo cual fue fundamental para sostener la acusación.
Ya en un primer juicio oral un tribunal de sentencia absolvió de culpa y pena al acusado, pero el tribunal de apelación anuló dicho fallo disponiendo el reenvío del caso para que otro colegiado pueda juzgar el presente caso donde se tuvo una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel.
Ratifican condena de 10 años de cárcel para Carlos Granada por coacción sexual y otros
Compartir en redes
El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, confirmó la condena de 10 años de cárcel para el exgerente periodístico de Canal 9, Carlos Granada, hallado culpable por los delitos de coacción, coacción sexual y violación. Igualmente, el condenado seguirá en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia.
Los camaristas concluyeron que las fundamentaciones del Tribunal de Sentencia que sustentan la resolución apelada se basan en valoraciones objetivas, siguiendo los lineamientos de la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica y el recto entendimiento. Según indica el fallo: “No se advierte en la sentencia apelada ninguna inobservancia o errónea aplicación de la ley penal de fondo ni de forma”.
También se menciona que la sentencia condenatoria no adolece de vicios ni nulidades, por lo que corresponde ratificar el fallo dictado en primera instancia.
En caso de que la máxima instancia judicial confirme nuevamente la condena, en línea con la decisión del tribunal, se dispondrá la detención de Carlos Granada para su posterior remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, a fin de cumplir su pena.
Cabe recordar que un Tribunal de Sentencia condenó a Granada en noviembre de 2025 a 10 años de prisión tras ser acusado por coacción, coacción sexual y violación.
Feminicidio: condenan a 28 años de cárcel a hombre que mató a su esposa e hija en Canindeyú
Compartir en redes
Este viernes, culminó el juicio contra Mario Benítez Melgarejo y el Tribunal de Sentencia lo condenó a 28 años de pena privativa de libertad por el feminicidio de su esposa y su hija de 14 años. La condena se logró luego de casi 3 años del crimen que dejó conmocionado al departamento de Canindeyú.
El agente fiscal Abelino Bareiro había solicitado 30 años de prisión para el hombre. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Hugo Medina, Sofía Jiménez y Bonifacio Rojas condenó al acusado a 28 años de prisión.
“Se trata de la pena más alta en el departamento por el hecho punible de feminicidio”, expresaron desde el Ministerio Público. El hombre habría asesinado a su esposa Fátima Yegros Duarte, de 33 años, y a su hija Gladys Mabel Benítez Melgarejo en setiembre del 2023.
El hecho ocurrió el 10 de setiembre de 2023, en una vivienda ubicada en la colonia Jamaica del distrito de La Paloma del Espíritu Santo, donde Benítez Melgarejo discutió con su pareja, en presencia de sus cinco hijos. Este le manifestó a su pareja que “le iba a solucionar su problema”.
Seguidamente, bajó la llave de la energía eléctrica, tomó un cuchillo y atacó a su esposa, a quien apuñaló en varias ocasiones. Al ver esto su hija intentó socorrer a su madre, momento en que el hoy condenado también la hirió con el cuchillo en la zona del abdomen. Madre e hija fueron auxiliadas por vecinos, pero fallecieron a raíz de las heridas.
La firma Ypyta solicitó que se realice la constitución judicial en la propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián. Foto: Gentileza
Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
Compartir en redes
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.