El Ministerio de Justicia desmintió que en la cárcel regional de Coronel Oviedo se esté faenando gatos para el consumo de los internos. La cartera emitió un comunicado informando que tras la denuncia vía redes sociales, iniciaron una investigación y aclararon que los restos hallados corresponden a carne de conejo.

En ese sentido, la Dirección de la Penitenciaría Regional de Oviedo abrió una investigación administrativa interna tras la difusión de una publicación en redes sociales en la que se hacía referencia a un supuesto hecho de faenamiento de gatos dentro del establecimiento.

El Ministerio de Justicia aclaró que “la información difundida no se ajusta a los hechos verificados”. Asimismo, la institución solicita a la ciudadanía actuar con responsabilidad en la difusión de este tipo de información. “Evitar compartir contenidos no verificados que puedan generar confusión o alarma innecesaria”.

Por otra parte, la cartera de Estado, señala que ratificando su política de respeto y protección de los animales, la investigación continuará en curso hasta tanto se aclaren los hechos. Además, tomarán las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

La investigación se realiza de manera interinstitucional en forma coordinada con la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, de modo a contar con el respaldo técnico especializado.

La denuncia fue difundida por una organización de defensa animal, generando fuerte repercusión este fin de semana, luego de que se señalara el supuesto faenamiento de un gato dentro de la penitenciaría.

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El director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, confirmó que tras ordenar una investigación al director del penal, Jorge Torales, se concluyó que el animal observado en la imagen no era un gato, sino un conejo.

Según la versión oficial, una persona privada de libertad que se dedica a la cría de conejos llevó consigo un ejemplar ya faenado al regresar a la penitenciaría luego de su último permiso.

Como parte de la verificación, Peña indicó que la cabeza del animal quedó preservada para que pueda ser examinada por veterinarios u otras personas interesadas.

Desde el Ministerio de Justicia también señalaron que en varias penitenciarías los gatos son utilizados como control de plagas, por lo que son cuidados y castrados para evitar su sobrepoblación.

Peña lamentó la difusión de la denuncia y calificó de “indignante” que se afirme que en cárceles del país se estén consumiendo gatos.

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Marcha la construcción del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), ubicado en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Este espacio busca apoyar el desarrollo de aproximadamente 120 niños y brindar acompañamiento a sus familias, ofreciendo mejores oportunidades para su crecimiento y bienestar.

El proyecto es impulsado por el Gobierno y en su primera etapa proyecta la construcción de 20 centros, de un total de 50 que instarán en distintos puntos del país. Los trabajos registran un avance del 30 %. En el ese marco, una comitiva encabezada por la primera dama Leticia Ocampos y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, realizó una visita al lugar para verificar el desarrollo de los trabajos.

La primera dama habló del impulso que brindará este tipo de espacios al desarrollo infantil. “Mucha gente todavía no dimensiona el impacto que va a tener esto en un futuro no muy lejano”, expresó, al tiempo de remarcar la importancia de la atención en la etapa inicial de la infancia.

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“El desarrollo de su cerebro, la estimulación, la alimentación, todo lo que ellos absorben en esos mil primeros días es fundamental para su desarrollo, para más adelante”, afirmó.

Por otra parte, la ministra de Obras resaltó el enfoque de la iniciativa y señaló que el objetivo es impulsar un programa más integral enfocado en la primera infancia.

Del recorrido también participaron autoridades locales como el gobernador Marcelo Soto, el intendente Marcos Benítez, el senador Silvio Ovelar, además de las ministras de Salud, Teresa Barán, y de la Mujer, Alicia Pomata.

La infraestructura abarca un área de 850 m² y cuenta con una inversión de G. 2.382.984.847. El proyecto es financiado por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú.

La semana pasada el presidente de la República, Santiago Peña, inauguró el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Semillas del Futuro en el barrio Yataity de la ciudad de Capiatá. El programa se lleva adelante a través de la oficina de la primera dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

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Familiares de Raúl Osmar Agüero Morel (25), militar fallecido a causa de una herida de arma de fuego a nivel craneal, decidieron donar los órganos del joven en un gesto solidario, brindando una nueva oportunidad de vida a pacientes que se encontraban en lista de espera.

El Ministerio de Salud Pública, a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), llevó adelante el operativo de donación de órganos y tejidos en el Hospital Militar de Asunción, que permitió la ablación de dos riñones y dos córneas.

Los órganos renales fueron trasplantados a un paciente de 44 años, asistido en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, y a una joven de 22 años del Hospital de Clínicas – FCM-UNA.

Las córneas fueron captadas por la Fundación Visión y trasladadas al Banco de Tejidos, donde permanecerán en resguardo hasta su correspondiente implante.

El joven falleció tras un disparo accidental mientras limpiaba su arma reglamentaria en su día libre. El trágico suceso ocurrió el fin de semana pasado en la comunidad de Arroyito, departamento de Concepción.

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La cartera sanitaria destacó el “acto de amor” de la familia donante, enfatizando su gesto altruista que fortalece la cultura de donación y mantiene viva la esperanza de numerosos pacientes paraguayos.

En el mismo sentido, el ministerio de Salud reiteró su compromiso con la donación de órganos y tejidos, como un acto solidario que salva vidas y transforma realidades.

Ser donante es una elección personal que puede significar salvar vidas. Por ello, es fundamental que la decisión sea comunicada a familiares y seres queridos, para que pueda ser respetada.

Según la “Ley Anita” (n.º 6.170/18), toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos tras su fallecimiento. Quienes no deseen donar deben manifestarlo expresamente por escrito ante el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).

Para que el trasplante de órganos y tejidos sea posible, es indispensable la donación. A partir de ese momento, equipos multidisciplinarios de diferentes sectores trabajan de manera coordinada para verificar la compatibilidad, realizar la ablación (extracción de órganos o tejidos) y concretar el trasplante en los receptores.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.

“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.

Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.

La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.

El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.

Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.

Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".

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La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.

Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.

Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.

“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.

Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".

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