El Tribunal de Apela­ción dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audien­cia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asocia­ción criminal, en la causa de presunta corrupción munici­pal por la compra de alimen­tos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preli­minar pendiente por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

El equipo de fiscales inte­grado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favore­cidas durante la pandemia del covid-19, por la administra­ción del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denomi­nada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una lici­tación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al pro­grama “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justa­mente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusa­ción por la existencia de un perjuicio patrimonial bas­tante importante”, refirió.

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciu­dad del Este, construido por Prieto durante la crisis sani­taria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefac­turación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impul­sado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impul­sada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peri­tos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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“Vamos a recorrer el país con una agenda abierta no preestablecida”, sostuvo el exsenador Sixto Pereira tras anunciar la realización de un Ñemongeta Guasu con la finalidad de reactivar el sector de izquierda rumbo a las futuras elecciones municipales y generales.

“Visitaremos y escucharemos a la gente, debemos volver a las bases, muchas veces los acuerdos y discusiones de cúpulas, la mezquindad de la dirigencia no funcionan. Acá se debe ser abiertos al debate”, manifestó a la 1140 AM.

El dirigente político recordó que el mecanismo ya fue aplicado entre los años 2004-2006 con el exobispo Fernando Lugo, a la cabeza antes de su llegada a la presidencia de la República en el 2008. “Esta es la metodología más democrática, participativa y protagónica. Debemos abrir el debate en los departamentos, ser incluyentes con la gente, debemos adaptarnos a la realidad de nuestros compatriotas”, expresó.

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Las afirmaciones de Pereira surgieron tras concretarse el domingo último un encuentro entre los partidos y movimientos que conforman la concertación del Frente Guasu (FG). La actividad sirvió para rendir un homenaje a Fernando Lugo y recordar 17 años de su llegada al Palacio de López tras imponerse a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Debemos saber qué es lo que siente la gente, buscar soluciones a sus problemas. En la ocasión reafirmamos la fuerza de coalición del Frente Guasu y propusimos iniciativas sobre qué modelo de Estado y país queremos”, sostuvo el exlegislador.

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El exsenador Jorge Querey se refirió acerca de la reactivación del Frente Guasu (FG) rumbo a las futuras elecciones municipales y presidenciales, tras padecer en el 2023 una debacle electoral a causa de los conflictos internos entre sus principales dirigentes.

“Yo creo que hay un fenómeno interesante de reagrupamiento, tanto en el sector progresista como en la oposición, esto me parece valorable. Aquí hay que hacer todo el esfuerzo para ganar la presidencia de la República en el 2028. Eso sí, el progresismo debe estar en esa formulación, si el progresismo no está u otros sectores no están, puede darse nuevamente un escenario de probable derrota”, sostuvo a la 780 AM.

El bloque político que se posicionó como la tercera fuerza a partir de los comicios de 2013 no logró conquistar el respaldo ciudadano en la última puja electoral, ganando solamente una banca en la Cámara Alta, la cual es ocupada por la senadora Esperanza Martínez.

No obstante, la parlamentaria terminó anunciando a mediados de marzo su retiro y el de su partido Participación Ciudadana de la concertación, con la finalidad de “construir un nuevo espacio político y social”.

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Las divisiones internas entre los altos referentes del progresismo paraguayo y con el exjefe de Estado, Fernando Lugo, fuera de las campañas políticas a raíz de las complicaciones en su estado de salud tras padecer un accidente cerebro vascular el 10 de agosto del 2022, contribuyeron a que el propio exmandatario y sus leales, quienes buscaban ser reelegidos, queden fuera del Parlamento.

El dirigente de izquierdista también hizo mención sobre la reaparición del exmandatario Fernando Lugo en un acto político en el distrito de Liberación, San Pedro. “Medicamente hablando él no tiene ningún impedimento, no existe ninguna contraindicación para que él haga esto. Su desplazamiento es lento, pero bueno. Ayer Lugo habló casi 6 minutos con bastante consistencia, con un mensaje pacificador, de construcción. Él fue, es y seguirá siendo una referencia muy importante de hacia donde tienen que apuntar los esfuerzos para cambiar el país”, dijo Querey.

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