El tribunal de apelación integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez confirmó al juez de Delitos Económicos José Delmás en el proceso penal del exsenador colorado Rodolfo Friedmann, Silvio Alfaro, Lourdes González y Eduardo Domínguez, acusados por administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo en el marco del proceso penal conocido como merienda escolar.
En su momento el exdiputado Éver Noguera, procesado igualmente en el caso, recusó al juez Delmás y por ende se había suspendido la realización de la audiencia preliminar. Ahora el magistrado tendrá la posibilidad de poder fijar nuevamente la fecha donde se definirá si los investigados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
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En la causa fue beneficiada con el sobreseimiento definitivo la exmodelo Marly Figueredo, esposa del exsenador Rodolfo Friedmann. Con esta resolución judicial la misma quedó fuera del proceso penal.
Acusación
Roberto Zacarías Recalde, fiscal adjunto asignado a la causa, presentó ante el juez José Delmás la acusación solicitando juicio oral para el exsenador y otras dos personas implicadas en el caso de merienda escolar. Por otra parte, se ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para Marly Figueredo, esposa del exlegislador.
La acusación contra Friedmann es en calidad de autor por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo. En tanto, su primo Silvio Alfaro y el exsecretario del exparlamentario durante su mandato en la Gobernación de Guairá, Eduardo Domínguez, son calificados como cómplices.
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Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
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Exsenador resalta madurez democrática y alta participación en las elecciones municipales
El analista político y exsenador Marcelo Duarte evaluó los resultados de las elecciones municipales del 4 de octubre en 263 distritos, destacando que fue una jornada tranquila, salvo algunos incidentes, y la transparencia con la que se trabajó desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). En comunicación con La Nación/Nación Media señaló que lo más importante de los comicios, más allá de los resultados, es que se llevaron adelante de manera absolutamente normal.
“Yo, por lo menos, no escuché denuncias de fraude o de violencia, ni en la capital ni en el interior del país se ha producido eventos de esa naturaleza, el cual es muy importante destacar”, indicó el abogado constitucionalista, al resaltar que la ciudadanía fue a cumplir con su deber cívico de votar en un ambiente de tranquilidad. “Eso quiere decir que nuestra democracia está funcionando bien”, afirmó.
Restablecer la gobernabilidad
Duarte dijo que particularmente dio seguimiento a los resultados de las elecciones en Asunción, al ser ciudadano asunceno: “Fue una elección muy significativa por aquello de que estaba en manos del oficialismo -a nivel nacional, el Partido Colorado- y la administración que estaba saliendo ha sido objeto de muchas críticas. Porque la administración de Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez ha sido un verdadero escándalo”.
El exparlamentario manifestó que ahora está en manos de los ganadores poner todo el empeño para restablecer la gobernabilidad democrática en la Municipalidad de Asunción. “Y manos a la obra para hacer rendir el dinero que los contribuyentes aportamos ahí y que no haya planilleros, que se mejoren las calles, el tránsito sea ordenado”, puntualizó.
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El excongresista del Partido Patria Querida (PPQ) se refirió también a la participación ciudadana en las últimas elecciones. “Los números hablan de una participación satisfactoria, es decir muy alentadora. Hay que tener en cuenta que es difícil predecir cómo va a reaccionar el electorado cuando enfrenta una elección donde las autoridades que están terminando su mandato han dado un pésimo ejemplo”, significó.
Dijo que la gente acudió a votar y se pronunció claramente en favor de la alternancia en la capital del país. “Eso me parece razonable y en el futuro podría servir para que cuide el poder que la ciudadanía le confiere”, subrayó. Por otro lado, el actual asesor jurídico externo de la Cámara de Senadores valoró la transparencia del proceso electoral. “De las elecciones que yo recuerde, esta es la que menos incidentes -si los hubo- han tenido relevancia, porque no he visto que la prensa haya hecho escándalo como hemos visto en otras elecciones”, remarcó.
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Urbieta propone crear un Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral en Concepción
El diputado colorado Arturo Urbieta presentó un proyecto de ley “Que crea un Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral en la Circunscripción Judicial de Concepción”. La iniciativa fue derivada a diversas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y dictamen.
La propuesta legislativa tiene por objeto crear dicho órgano jurisdiccional, con asiento en la ciudad de Concepción, a fin de fortalecer la segunda instancia y adecuar su estructura a las necesidades actuales de la jurisdicción.
De acuerdo con la exposición de motivos, la estructura de los órganos jurisdiccionales debe guardar “razonable correspondencia” con la naturaleza de las materias sometidas a revisión, con la entidad de los derechos involucrados y con las condiciones necesarias para garantizar una respuesta judicial adecuada, fundada y oportuna.
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El documento señala que el acceso a la Justicia no se limita a la posibilidad formal de acudir ante los tribunales, sino que comprende el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional efectiva, dentro de un plazo razonable y mediante órganos que cuenten con una organización e idoneidad acordes con sus funciones.
La iniciativa menciona que la Circunscripción Judicial de Concepción registra una evolución demográfica y jurisdiccional, reflejada en el crecimiento anual de los asuntos sometidos a revisión y de la población atendida.
También hace referencia al dinamismo comercial, empresarial, productivo e industrial, así como a la aparición de nuevas actividades económicas e inversiones “que naturalmente generan relaciones jurídicas de mayor diversidad y complejidad”.
Circunscripción de múltiple fueros
Actualmente, la Circunscripción Judicial de Concepción cuenta con un Tribunal de Apelación de competencia multifueros, que atiende causas de las materias Civil, Comercial, Laboral y Penal, además de un órgano especializado en Niñez y Adolescencia.
Según la fundamentación, la diferenciación de la competencia material permitirá que el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral concentre su función revisora en esas áreas. La propuesta sostiene que cada una presenta instituciones, principios, reglas sustantivas y procesales, y dinámicas jurídicas propias.
El legislador explica en su escrito que la segunda instancia debe analizar los agravios planteados, examinar los fundamentos de las resoluciones recurridas y determinar, conforme al marco jurídico aplicable, si corresponde confirmarlas, modificarlas o revocarlas.
Para ello, plantea que los magistrados encargados de dicha tarea cuenten con conocimiento, experiencia y particular versación en las materias sometidas a su competencia.
El proyecto contempla que la conformación definitiva del Tribunal, así como la asignación de los funcionarios y auxiliares de justicia necesarios para su funcionamiento, se realicen de acuerdo con la disponibilidad de recursos determinada por la Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente. Asimismo, faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la ley.
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Cámara confirma condena a tres expolicías por torturas
Un Tribunal de Apelación de Asunción confirmó las sentencias condenatorias de tres expolicías del régimen de Alfredo Stroessner, hallados culpables de someter a torturas físicas y psicológicas a Domingo Rolón, quien estuvo preso por motivos políticos entre 1976 y 1978. Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión, mientras que Manuel Alcaraz recibió una pena de 20 años.
La Cámara de Apelación consideró que las penas son proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de reprochabilidad de los autores. Asimismo, sostuvo que los condenados eran funcionarios públicos encargados de la seguridad y que las sanciones responden a criterios de prevención. Además, señaló que no existen elementos de desproporcionalidad o arbitrariedad en la sentencia de primera instancia.
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Respecto a la tortura y su imprescriptibilidad, la resolución señala que el Estado tiene la obligación de investigar crímenes atroces y evitar que queden impunes. La Cámara sostuvo que aplicar este criterio no constituye una aplicación retroactiva en perjuicio de los acusados
Durante el juicio se tuvo por probado que los tres participaron en las torturas sufridas por Rolón en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. La víctima, fallecida en 2024, fue sometida a golpes con garrote, látigo y otros objetos. Entre las pruebas valoradas se destacó el testimonio de Carlos Casco, quien también fue torturado y señaló a los tres condenados como responsables
Según el tribunal, los métodos de tortura fueron utilizados para obtener información sobre las Ligas Agrarias y otras organizaciones políticas críticas al régimen de Alfredo Stroessner. Domingo Rolón fue detenido tras ser traído desde Formosa por portar documentos no auténticos. Llegó a Asunción en el baúl de un vehículo y permaneció como preso político hasta 1977; posteriormente, fue trasladado a Emboscada, donde permaneció hasta 1978.
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