Una operación policial internacional contra sitios de pornografía infantil, liderada por la policía española, condujo a la detención de veinte personas en 12 países, entre ellos siete latinoamericanos, anunció la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Durante esta operación, iniciada a fines de 2024, “agentes especializados realizaron patrullas en línea e identificaron grupos de mensajería instantánea dedicados al intercambio de imágenes de explotación sexual infantil”, explicó Interpol.

“Las autoridades españolas arrestaron a siete sospechosos, incluyendo a un profesional de la salud”, acusado de haber comprado “imágenes explícitas” a menores de Europa del Este, y un docente, por “posesión y difusión de material de pornografía infantil en diversas plataformas en línea”, según Interpol.

En América Latina, fueron arrestadas 10 personas en los países implicados, “incluidos tres en El Salvador y un profesor en Panamá”, señaló la fuente.

“Los otros sospechosos fueron arrestados en otros lugares de Europa y en Estados Unidos”, indicó el comunicado. Durante el operativo, las autoridades se incautaron de computadoras, teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de almacenamiento digital, según la misma fuente.

Además de estas 20 detenciones, “se han identificado otros 68 sospechosos y se están llevando a cabo investigaciones adicionales en todo el mundo”, añadió Interpol.

La información recopilada se compartió con las autoridades de 28 países de América, Europa, Asia y Oceanía. En diciembre de 2024, Interpol invitó a investigadores españoles a Chile para asistir a la reunión del Grupo de Trabajo de Identificación de Víctimas de América Latina.

Allí, presentaron la Operación Víbora a oficiales especializados de toda América Latina, lo que les permitió intercambiar sobre casos, proporcionar pistas concretas y lanzar acciones coordinadas. La Unidad de Crímenes Contra Niños de Interpol organizó sesiones de seguimiento entre las autoridades para alinear los esfuerzos operativos con Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.

Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público se encuentran trabajando de manera coordinada para erradicar los casos de estafas en el circuito comercial de Encarnación y zonas aledañas, atendiendo a la gran afluencia de turistas.

En octubre del año pasado, dos ciudadanos argentinos provenientes de la ciudad de Córdoba habían denunciado una estafa por más de 55.000 dólares por la compra de aparatos electrónicos. Tras la investigación y el seguimiento de las autoridades locales, la Fiscalía formuló una acusación por estafa y asociación criminal contra cuatro hombres oriundos de Alto Paraná.

Los mismos operaban desde un local comercial de nombre Patagonia Life que se encuentra justamente en el corazón del circuito comercial encarnaceno. El lugar fue allanado en el marco de una serie de intervenciones y en esta oportunidad fueron detenidas siete personas.

Así también se procedió a un segundo allanamiento, esta vez en una vivienda en la zona de Cambyretá, donde los cuatro hombres investigados estarían residiendo.

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El fiscal Enrique Fornerón explicó en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, que estos hombres sindicados como estrategas de la estafa le habrían ofrecido un precio inmejorable para la adquisición de aparatos electrónicos y que durante el proceso de negociaciones inclusive habrían invitado a los argentinos a meriendas y casinos, de manera a persuadirlos.

Una vez cerrado el trato, los argentinos habían girado 12.000 dólares y posteriormente los cuatro paraguayos habrían ido hasta la Argentina para retirar el resto del dinero con la promesa de la entrega de los productos.

“Estos hombres habrían amenazado a las víctimas enviándoles videos de armas. Nosotros tenemos las evidencias de que todo lo que tenía que ver con el negocio habría sido montado. Esta estafa, en particular, llevó varios días de tratativas y un proceso de convencimiento”, remarcó el fiscal Fornerón.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

Dos agentes militares de la Armada Paraguaya quedaron aprehendidos luego ser filmados, presuntamente, solicitando coima a una embarcación mientras realizaban patrullaje en aguas del río Paraguay. Los uniformados están privados de su libertad en la cárcel militar de Viñas Cué.

De acuerdo a la denuncia, el suboficial ayudante Arturo Mariano Martínez Pérez y el suboficial tercero Santiago Lezcano Estigarribia fueron detenidos por un supuesto pedido de coima en aguas del río Paraguay.

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La detención se materializó luego de la publicación de un video donde se puede observar a ambos militares conversando con una persona que estaba en una embarcación. Las imágenes revelan que uno de los agentes recibe presumiblemente billetes de dinero. Tras un intercambio de palabras, ambos militares se retiraron del lugar.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones del destacamento naval y la Prefectura en Zanja Hū.

El ministro de Defensa, Óscar González, aseguró que no van a apañar este tipo de acciones y se están realizando las diligencias para el esclarecimiento. Los aprehendidos están a disposición del juez de Instrucción Militar, capitán Cipriano Moral Torres, quien ordenó que ambos permanezcan en libre comunicación en la mencionada cárcel militar.

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