El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Elsa García, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel, deberán dictar sentencia de primera instancia en el juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira accionista y directora de la firma Imedic S.A acusados por contrabando, producción de documentos no auténticos, uso de documentos adulterados y asociación criminal en calidad de coautores en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos durante la pandemia del covid-19.
Este martes prosigue la audiencia oral con la réplica de los últimos acusados y luego de esta etapa los jueces ingresarán a deliberar para dictar la sentencia de primera instancia.
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En sus alegatos finales, la Fiscalía había solicitado la pena de 6 años de cárcel para Justo Ferreira así como para su hija Patricia Ferreira. Asimismo se pidió 4 años de pena privativa de libertad para el despachante de aduanas Carlos Gamarra por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta se pidió la pena de 5 años de pena privativa de libertad.
El Ministerio Público sostuvo que se probó en juicio que Justo Ferreira, así como su hija y el despachante de Aduanas no declararon en tiempo las camas hospitalarias de alto valor y al no ser las camas solicitadas en el pliego, iban a ser comercializadas en el mercado. Agregó que los funcionarios de Aduanas Molinas y Acosta participaron igualmente en los hechos, según la acusación.
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Fijan audiencia preliminar para acusados por estafa a colonos menonitas
El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.
Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.
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Juicio a exjueza: pruebas revelaron que acusada dictó fallo sabiendo que faltaba estatutos de empresas en el expediente
El juicio oral y público de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato luego de entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay, zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín, va ingresando en su etapa final y este martes ya se estarían presentando los alegatos finales.
Con la presentación de la totalidad de las pruebas documentales arrimadas por el Ministerio Público, así como por la querella adhesiva y la defensa de la acusada exjueza Tania Irún, la audiencia oral ingresará en su tramo final.
El Ministerio Público y la querella presentaron todos los elementos probatorios destacando un punto importante que fue una resolución judicial firmada por la hoy acusada Irún, quien sostuvo en dicho fallo que conocía que en el expediente judicial civil no estaban los estatutos de las empresas presuntamente de maletín antes de adjudicar las tierras ubicas en la seguridad fronteriza.
La querella representada por el abogado Francisco De Vargas sostuvo que en el expediente judicial civil consta un Auto Interlocutorio dictado por la misma Tania Irún en el año 2015, mediante el cual resolvió hacer lugar a una excepción de falta de personería planteada por la parte demandada donde la entonces jueza Irún fundamentó su decisión señalando expresamente que en el expediente no obraban los estatutos sociales de las empresas Cusabo, Kyveloria, Elite Kingdom y Firstar”.
Asimismo en el juicio oral se dio lectura a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con los votos de los ministros de la Corte Luis María Benítez y Manuel Ramírez Candia, quienes explicaron punto por punto el mal desempeño en sus funciones que la hoy exjueza Tanía Irún cometió y por la que fe destituida del cargo.
Estos elementos producidos en el juicio oral y otros deberán ser estudiados por los jueces de sentencia Rosana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz.
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LN PM: edición del 28 de julio
Nuevo presidente de la Ande promete transparencia y modernizar el sistema eléctrico
El ingeniero Miguel Báez Reyes asumió este martes la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), tras ser designado por el presidente de la República, Santiago Peña. En el acto oficial de asunción del cargo, Báez aseguró que la principal misión encargada por el mandatario es la de transparencia, por un lado, y así también la modernización del sistema eléctrico paraguayo.
“Asumo esta responsabilidad plenamente convencido que debemos seguir fortaleciendo la capacidad técnica de la institución modernizando, nuestros procesos, incorporando nuevas tecnologías, reduciendo las pérdidas eléctricas, ampliando las inversiones en infraestructuras y ofreciendo un servicio cada vez más confiable, eficiente y de mayor calidad para todos los paraguayos”, expresó en su discurso.
Incautan en Villeta 311 kg de marihuana premium valorada en USD 4,3 millones
Una inspección realizada a un contenedor que transportaba dos vehículos importados de Estados Unidos arrojó como resultado la incautación de paquetes de marihuana tipo hachis que estaban ocultos en los compartimentos y que totalizaron 311,2 kilogramos. El decomiso representa una pérdida de USD 4,3 millones aproximadamente para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La verificación fue hecha por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Gerencia General de Aduanas en el puerto Terport de la ciudad de Villeta.
Perú: asume Keiko Fujimori con el desafío de enfrentar al crimen y El Niño
La derechista Keiko Fujimori asumirá este martes la presidencia de Perú con la promesa de derrotar con mano dura la creciente criminalidad en las calles y encarar el fenómeno climático El Niño, que se perfila como el más devastador en décadas. La administradora, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, luego de perder tres balotajes consecutivos previos.
Hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos. “Es un partido que tiene un arraigo popular y que ha tenido una presencia dinámica en la política peruana, incluso cuando perdía las elecciones (presidenciales), por su presencia ininterrumpida en el Parlamento”, dice a la AFP el analista Jeffrey Radzinsky, director de la consultora política GFP.
La soja en el Chaco rinde en promedio 2.244 kg/ha, según Encuesta Agropecuaria
La Encuesta Nacional Agropecuaria del Chaco, ENA Chaco 2026, llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), arrojó datos interesantes sobre la actual productividad de la Región Occidental en términos agrícolas. Se destaca que la soja es el principal cultivo, con más de 150.000 hectáreas (ha) sembradas y un rinde de poco más de 2.200 kilos por hectárea.
La información relacionada con el estudio fue difundida recientemente y constituye un documento de relevancia, de manera a conocer la magnitud de las labores en la agricultura y la ganadería en el Chaco.
Alliana pide a Lula “hablar con franqueza histórica” y aboga por “gesto de fraternidad”
El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, señaló la necesidad de elevar hacia una “franqueza histórica” las polémicas declaraciones del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en alusión al conflicto bélico que enlutó la región hace 160 años. El vicepresidente de la República y aspirante presidencial rumbo al 2028 también se posicionó por la devolución de reliquias históricas del Paraguay como un “gesto de fraternidad”.
“La Guerra Guasú dejó a nuestro país en ruinas; de ello nos levantamos con valentía de hierro y titánica entereza. Sobre este episodio debemos hablar con franqueza histórica. Fue un capítulo vergonzoso, pactado desde un Tratado funesto para destrozar nuestra nación. Aquella guerra, que masacró a nuestros niños, quemó hospitales y saqueó Asunción, enluta la memoria”, expresó Alliana a través de una publicación emitida ayer lunes en redes sociales.
Exejecutivo de Ombú SA confirma reuniones de Giuzzio y Marcus Vinicius en sede policial
En el marco del juicio oral y público que enfrenta Arnaldo Giuzzio, este miércoles prestó su declaración ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Adolfo D’Ecclesiis, quien confirmó que el exministro abdista y Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua compartieron una prueba balística de material proveído por la empresa del brasileño, en la Agrupación FOPE de la Policía Nacional, en el barrio Tacumbú de Asunción, el 10 de diciembre de 2021.
D’Ecclesiis se desempeñaba en el cargo de ejecutivo comercial y vendedor en la empresa Ombú S.A, propiedad de Marcus Vinicius. Durante su declaración testifical detalló que los encuentros contaron con la presencia de Gilberto Enciso, gerente de la firma.
Caso Tía Chela: el 31 de agosto serán juzgados Miguel Prieto y otros
A pedido del agente fiscal Silvio Corbeta, el tribunal de sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, decidió recalendarizar para el 31 de agosto a las 08:00 el inicio del juicio oral y público para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por lesión de confianza y asociación criminal.
Se trata del caso conocido como “Tía Chela”, el cual investiga un supuesto negociado en la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
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Caso Tía Chela: el 31 de agosto serán juzgados Miguel Prieto y otros
A pedido del agente fiscal Silvio Corbeta, el tribunal de sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, decidió recalendarizar para el 31 de agosto a las 08:00 el inicio del juicio oral y público para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por lesión de confianza y asociación criminal.
Se trata del caso conocido como “Tía Chela”, el cual investiga un supuesto negociado en la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
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La Fiscalía sostiene que, bajo la administración de Prieto, la compra se concretó en abril de 2020 por la vía de la excepción de forma amañada. Esta adjudicación benefició a la empresa Tía Chela S.R.L. y generó un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña, debido a que los insumos presuntamente nunca llegaron a los beneficiarios.
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Además de Prieto, están acusados:
- Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
- Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social
- José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
- Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
- Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas
- Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
- Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
- Nelson Segovia Acevedo, tesorero
- Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
- Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA
Del mismo modo, Prieto cuenta con otros procesos penales por lesión de confianza donde también tendrá que responder por los hechos presuntamente irregulares cometidos durante su administración al frente de la comuna esteña.
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