El tribunal de sentencia integrado por los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel condenó a varios funcionarios de Aduanas y un militar, luego de ser encontrados culpables por permitir el ingreso de mercaderías de contrabando por el Puente de la Amistad de Ciudad del Este. También los magistrados de sentencia decidieron revocar las medidas de los condenados y se resolvió que los mismos cumplan sus condenas privados de libertad.
Los condenados son Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, quien fue sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad; Luciano Florenciano Duarte recibió 6 años de cárcel; Eusebio Santacruz Duarte fue sentenciado a 6 años de pena privativa de libertad; y Jacinto Enrique Blanco Roa, militar, fue condenado 8 años de cárcel. Mientras que el colegiado absolvió de culpa y pena a Antonio Oporto y Pedro Rubén Báez Zacarías. Los condenados fueron encontrados culpables por cohecho pasivo, contrabando y asociación criminal.
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El colegiado sostuvo que se tuvo en cuenta imágenes del circuito cerrado que ofreció el Ministerio Público donde se puede visualizar el hecho pese a que no se tuvo una orden judicial para su grabación.
Ahora la defensa de cada uno de los condenados tendrá la posibilidad de poder apelar el fallo judicial. En caso de que suceda eso, será el tribunal de apelación el que deberá estudiar si corresponder confirmar la sentencia de primera instancia.
La defensa de los sentenciados puede apelar la determinación de la prisión preventiva de los condenados que se dispuso luego de la lectura de la sentencia condenatoria.
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“Tía Chela”: Prieto afronta juicio este lunes mientras avanza otro proceso en su contra
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.
El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia condenatoria ejemplar ante la gravedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.
La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.
La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.
Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.
En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Caso Tajy
El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.
En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
Consejo de Salud
A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.
Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
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Condenan a 18 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños
Un tribunal de sentencia condenó a 18 años de pena privativa de libertad a un hombre encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños. La agente fiscal, Cynthia Carolina Huespe Ortega, estuvo a cargo de sostener la acusación fiscal.
El hoy condenado abusó en reiteradas ocasiones de una niña de 11 años, entre los años 2019 y 2020. Durante el juicio oral, la representación fiscal expuso de manera detallada el daño psicológico y físico ocasionado a la víctima.
Las declaraciones de la menor (realizadas bajo el sistema de Cámara Gesell para evitar su revictimización), los testimonios de familiares y los informes de los peritos médicos y psicológicos, así como las demás pruebas documentales ofrecidas, fueron producidas ante el Tribunal de Sentencia. Dicho colegiado dictó la pena de 18 años de encierro al quedar plenamente demostrada la conducta reprochable del acusado en el hecho.
Tras la lectura íntegra del fallo, la defensa del condenado cuenta con el plazo legal establecido por la ley para interponer un recurso de apelación especial. En caso de presentarse dicha objeción, el caso será remitido a un Tribunal de Apelación en lo Penal. Esta instancia de alzada tendrá la responsabilidad de examinar el proceso y definir si corresponde confirmar, revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia.
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El sector porcino sigue expandiéndose y busca reforzar las acciones frente al ingreso irregular de animales
Las exportaciones de origen porcino mostraron un crecimiento de 8 % frente al mismo período de 2025, mientras el ingreso irregular de animales volvió a ocupar un lugar en la agenda de las autoridades y productores.
Coordinación entre productores e instituciones. Representantes del sector productivo junto con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, ante una denuncia de contrabando de cerdos.
Durante el encuentro participaron Pablo Báez Dávalos, Arnaldo Ríos y Delia Núñez, en representación del gremio de productores. La reunión tuvo como eje el análisis de la denuncia sobre el ingreso irregular de porcinos y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas.
El objetivo planteado es avanzar en acciones que permitan proteger la producción nacional y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y tributarias, aspectos considerados centrales frente al ingreso de animales por vías irregulares.
Exportaciones muestran crecimiento. En paralelo, los datos del Senacsa muestran la evolución de las exportaciones de productos de origen porcino. Entre enero y agosto de 2026, se exportaron 12.962.896,16 kilogramos, por un valor FOB de USD 35.588.878,36.
En el mismo periodo de 2025, las exportaciones alcanzaron 11.999.730,55 kilogramos y un valor FOB de USD 35.115.191,50. En 2024 fueron 6.600.138,66 kilogramos, por USD 18.681.541,97; en 2023, 4.289.571,44 kilogramos, por USD 10.878.894,43; y en 2022, 1.739.124,70 kilogramos, por USD 3.417.022,79.
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Brasil autoriza cruce prioritario para pacientes paraguayos con tratamiento en Foz
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Gobierno brasileño divulgó el nuevo reglamento para el acceso a los servicios en el control fronterizo, que implica el pase prioritario por el Puente de la Amistad de los pacientes que realizan tratamientos de salud en Foz de Iguazú. Se trata de la Portaria Conjunta n.º 1.176 de la Receita Federal (Ingresos Federales), la Policía Federal y la Policía Rodoviaria (Carretera) Federal de Brasil.
La ordenanza se vincula con un reclamo de grupos de padres de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y demás pacientes de otras patologías que acuden en forma permanente a la ciudad fronteriza para recibir atención. Se había suspendido un tiempo y uno de los grupos había realizado incluso una manifestación en Foz de Iguazú para la recuperación de la medida.
Para el uso de ese pase prioritario, los interesados deben obtener el documento a título individual. Es para que los pacientes eviten las largas filas en el cruce de frontera que, en el caso de niños y niñas con TEA, representa un daño en sus tratamientos. En general, las personas que realizan tratamiento a su salud, una larga espera en las filas es muy perjudicial, según las personas afectadas.
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La resolución conjunta n.° 1.176 de la RF, PRF y PF indica en uno de sus artículos que se autoriza “el acceso a los servicios” a “pacientes sometidos a tratamiento de salud continuado en Foz de Iguazú, estado de Paraná, así como su acompañante indispensable, mediante autorización de la Aduana”.
Dice como parágrafo único: “La utilización del acceso de servicio constituye una medida excepcional de control de ingreso, que no debe confundirse como vía de paso ordinario, una conveniencia personal, atajo de desplazamiento o una alternativa de flujo migratorio aduanero o vial regular”. La resolución es para el regreso a territorio paraguayo desde Foz de Yguazú.
Paso por la Marina
En Ciudad del Este, con los mismos fines, existe un pase prioritario para llegar al Puente de la Amistad, pero accediendo por el Área Naval del Este para llegar a la zona aduanera, según explicó a La Nación/Nación Media, Rubén Cáceres, padre de un niño con TEA y que es parte de uno de los grupos organizados con hijos que reciben tratamiento de salud en Foz.
Aclaró que en Paraguay no existe ley o reglamentación que contemple ese paso prioritario, pero se implementa en base a autorización de la Armada Paraguaya, a través de su sede en la cabecera del Puente de la Amistad.
Cáceres informó que el documento de pase se obtiene en la Policía Rodoviaria Federal de Foz, donde debe presentarse el diagnóstico del paciente y la nota del médico. Mencionó que en su grupo son como 150 personas, de las cuales son unas 70 las que realizan un tratamiento regular en Foz de Iguazú, pero aclara que hay más grupos y también personas con otras patologías.