La causa penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank avanza con 27 personas inicialmente imputadas, entre ellas directivos de la entidad y representantes de sociedades vinculadas que habrían participado en operaciones crediticias irregulares.

Las investigaciones también apuntan a determinar si estas maniobras se realizaron con el conocimiento, la complicidad o la omisión de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismo responsable de supervisar el funcionamiento de la entidad financiera.

El Ministerio Público abrió la investigación luego de recibir una comunicación del organismo regulador sobre supuestas irregularidades detectadas durante la supervisión del banco, cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto el 2 de noviembre.

La Fiscalía formuló el acta de imputación el 4 de noviembre, en el marco de la causa N.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Entre los principales investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente de Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank.

Entre los imputados se encuentran directivos y exdirectivos de Ueno Bank y de empresas vinculadas con el Grupo Vázquez. Los cargos corresponden a antecedentes societarios y perfiles de los directivos publicados durante la investigación.

1. Federico Miguel Vázquez Villasanti: vicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez.
2. Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente de Ueno Bank.
3. Julio Daniel Rey Fernández: exvicepresidente segundo de Ueno Bank.
4. Diana Leticia Mongelós González: vicepresidenta segunda de Ueno Bank.
5. Mariana Torres Rubiani: exdirectora titular de Ueno Bank.
6. Alejandro Gómez Abente: director titular de Ueno Bank.
7. Diego Fernando Duarte Schussmuller: director titular de Ueno Bank y vicepresidente primero de Ueno Seguros.
8. Miguel Ángel Almada Frutos: exsíndico titular de Ueno Bank.

La lista continúa con representantes, directivos y accionistas de empresas vinculadas.

1. José Augusto Sala Cardozo: presidente y representante legal de MOWI S.A.
2. Sergio Amado Pizurno Zsarán: vicepresidente de MOWI S.A. y director titular de Grupo M S.A.
3. Vanessa Esther Godoy Ayala: presidenta de Grupo Hendy S.A.
4. Óscar Urdapilleta: vicepresidente de Grupo M S.A.
5. César Javier Mengual Mazacotte: presidente de Grupo Hendy S.A.
6. Miguel Ángel Garay: director titular de Grupo Hendy S.A.
7. César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente y CEO de ITTI S.A.E.C.A.
8. Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado a Grupo M S.A.
9. Guillermo Vázquez Muniagurria: director titular de Grupo M S.A.
10. Diego Sebastián Gómez Arce: presidente de Grupo M S.A.
11. Luis Fernando Ríos Espínola: vicepresidente de TUIU S.A.
12. André Gayol Pires: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
13. Nicolás S. Di Iorio Olivares: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
14. Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente y representante legal de TUIU S.A.
15. Mauro Vargas Wildberger: presidente y accionista de FRANDEDE S.A., además de accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
16. Cecilia Domínguez Elizeche: vicepresidenta de FRANDEDE S.A.
17. Martín Vargas Wildberger: accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
18. Gloria Villasanti Farinha: presidenta de AIME S.A. Corredores de Seguros.
19. Raúl Fernando Sánchez Gómez: director titular de AIME S.A. Corredores de Seguros.

La imputación alcanza a personas con distintos grados de vinculación con las operaciones examinadas. Su inclusión en la causa no implica que todas hayan sido detenidas ni que exista una responsabilidad penal demostrada.

La investigación se concentra en un presunto esquema de operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, mediante préstamos y sobregiros concedidos a sociedades vinculadas.

Según los antecedentes fiscales, una parte de los recursos habría sido transferida entre distintas empresas para financiar operaciones diferentes de los destinos originalmente declarados.

Uno de los movimientos investigados corresponde a la adquisición de una cartera crediticia por USD 74,4 millones, operación que habría involucrado a Vinanzas S.A. y otras sociedades vinculadas con el grupo empresarial.

La Fiscalía busca determinar el origen y destino de los fondos, las garantías utilizadas y la eventual responsabilidad de quienes participaron en las operaciones.

El equipo del Ministerio Público está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

Los investigadores también desarrollan diligencias patrimoniales destinadas a identificar bienes y recursos que eventualmente puedan ser utilizados para reparar los perjuicios ocasionados a los afectados.

En paralelo, se realizaron allanamientos y se solicitaron medidas cautelares sobre cuentas y bienes de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.

El Ministerio Público informó posteriormente que las pesquisas se ampliaron y que se identificaron aproximadamente 35 personas y 37 empresas relacionadas con los movimientos financieros examinados.

Esto no significa que todas ellas estén imputadas, sino que sus vínculos y operaciones forman parte del análisis fiscal. La investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme se incorporen elementos de prueba.

El caso Ueno Bank mantiene así un frente judicial centrado en las operaciones financieras de la entidad y las sociedades vinculadas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.

El Banco Central del Paraguay (BCP) recordó los canales de atención habilitados para los clientes de Ueno Bank, con el objetivo de canalizar las consultas y reclamos relacionados con el proceso de resolución de la entidad financiera.

A través de sus redes sociales, la banca matriz detalló los correos electrónicos disponibles para atender inconvenientes vinculados a los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y otras situaciones particulares.

En ese sentido, mencionaron que los usuarios que necesiten realizar consultas sobre el proceso de pago, reportar errores en la plataforma, comunicar información incorrecta o plantear casos que requieran una verificación pueden enviar un correo a fgdpagos@bcp.gov.py.

Por otra parte, para reclamos relacionados con pagos ya acreditados, diferencias en los montos, desembolsos incompletos o acreditaciones pendientes, el canal habilitado es pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py. Este correo también está destinado a recibir reportes sobre otros inconvenientes vinculados con los desembolsos.

La banca matriz también recordó a los clientes la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales y evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios confidenciales, como medida de prevención ante posibles intentos de fraude.

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En respuesta a algunas de las consultas frecuentes de los inversionistas sobre los fondos mutuos y el mercado de valores, fue habilitada la dirección de correo proteccionsiv@bcp.gov.py a fin de aclarar las dudas de los inversionistas.

Recordaron que los fondos mutuos no funcionan igual que una cuenta de ahorro o un depósito bancario. “Un fondo mutuo reúne el dinero de muchas personas para realizar inversiones; cada inversionista es dueño de una parte de ese fondo de acuerdo al dinero que aportó. El valor de esa parte puede subir o bajar de acuerdo a cómo le van las inversiones en el fondo”, mencionaron.

Los fondos mutuos son productos de inversión y tienen reglas diferentes; no están incluidos en el Fondo de Garantía de Depósitos. “Por lo sucedido con Ueno Bank, la Superintendencia de Valores decidió suspender temporalmente los rescates y puso reglas claras para fijar el valor de lo que tenía que ver con esa entidad. Esto se hizo para que nadie pudiera retirar su dinero a un valor que perjudicara a otros inversionistas”, mencionaron.

Actualmente, los fondos mutuos de Ueno no están operando, mientras que todos los demás ya están funcionando, para evitar ventas apresuradas y a precios muy bajos, los rescates son graduales. “Si sos inversionista, podés consultar el valor de tu cuota y la situación en la que quedó tu fondo con la sociedad administradora del fondo”, indicaron.

Igualmente, se continuará trabajando en el caso específico de Ueno Administradora de Fondos para dar una respuesta a las personas afectadas. “La Superintendencia seguirá monitoreando y está evaluando todas las medidas para proteger los derechos de los inversionistas y también del mercado de valores”, mencionaron.

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El expresidente de la República, Santiago Peña, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, deberán presentarse este sábado ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria, en el marco de la investigación penal abierta por las presuntas irregularidades vinculadas al caso ueno bank. Será en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

De acuerdo con los horarios establecidos, Peña deberá comparecer a las 11:30, mientras que Carvallo tiene fijada su presentación para las 15:30. Ambos se encuentran alcanzados por una orden fiscal de detención dispuesta el viernes 6 de noviembre, dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

La investigación está a cargo de un equipo de agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos Informáticos. La causa busca esclarecer las presuntas responsabilidades de autoridades y exautoridades en las operaciones de ueno bank, los mecanismos de supervisión del sistema financiero y la colocación de fondos públicos en la entidad.

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Como antecedente, el Ministerio Público había anunciado el jueves 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con las denuncias sobre el funcionamiento del banco, la supervisión ejercida por el BCP y los recursos estatales depositados en la entidad. Entre las denuncias también se incorporaron cuestionamientos sobre las actuaciones de autoridades del Gobierno y del ente regulador.

El escándalo de ueno derivó en la renuncia de Peña, presentada el jueves, que no fue aceptada por el Congreso Nacional. Posteriormente, el Senado avanzó con el juicio político y resolvió su destitución el viernes, por mal desempeño de funciones. Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.

Horas después de conocerse la destitución, la Fiscalía anunció la imputación de Peña y ordenó su detención, al igual que la de Carvallo, en el marco de las investigaciones por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. De esta manera, las comparecencias previstas para este sábado constituyen un nuevo capítulo en la investigación judicial. Tras su audiencia, sabremos si declararon o se abstuvieron.

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Los directivos imputados en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en ueno bank se exponen a una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo con los delitos atribuidos por el Ministerio Público. La cifra surge de la aplicación de las reglas del concurso de hechos punibles, según la explicación de la expectativa de pena para la causa.

Entre los hechos punibles imputados figuran la conducta indebida en situaciones de crisis, que contempla una expectativa de hasta 10 años de prisión; lesión de confianza, que en su modalidad grave también puede alcanzar los 10 años; tentativa de estafa, con una expectativa de hasta 5 años, y violación de llevar libros de comercio, igualmente con una pena de hasta 5 años.

Al aplicarse las reglas del concurso de hechos punibles, la expectativa máxima inicial sería de 15 años de cárcel. Esto se explica porque se toma como base la pena más elevada, de 10 años, y se puede incrementar hasta la mitad de ese máximo, es decir, 5 años adicionales.

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Este viernes, Miguel Vázquez, CEO del extinto ueno bank y presidente del holding Grupo Vázquez, ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú), donde deberá cumplir prisión preventiva por disposición judicial, en el marco de la causa.

Asimismo, fueron trasladados otros directivos de la entidad bancaria: Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey, Diego Fernando Duarte y Alejandro Gómez Abente, quienes también quedaron a disposición del sistema penitenciario.

Por su parte, Miguel Ángel Almada Frutos será recluido en la Penitenciaría Padre Juan de la Vega, ubicada en Emboscada. La investigación fiscal busca determinar las responsabilidades de los directivos en los hechos atribuidos a la administración de la entidad bancaria. La prisión preventiva dispuesta por la Justicia no implica una declaración de culpabilidad.

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