Una de las tareas que se ha pro­puesto este gobierno desde que inició su administración es com­batir la corrupción existente en el país mediante numerosas medidas que se han dispuesto desde la más alta cumbre del poder. Dirigir los destinos de una nación no consiste solo en realizar obras, construir caminos, levantar muros, administrar los recursos financieros, emitir normas y leyes para mejorar el funcionamiento del Estado. Forma parte importantísima de esa tarea el combate a la corrupción, el castigo a los que cometen delitos y garantizar la vigencia plena del derecho en todos los ámbitos de la vida nacional.

Los hechos de corrupción, que consisten en el soborno, los ofrecimientos de dinero o bienes a los funcionarios públicos o a personas sin cargos para conseguir bene­ficios fuera de la ley son inaceptables como normales en una sociedad equilibrada. El tráfico de influencias, la malversación, los fraudes en el comercio, la utilización de cargos públicos para beneficios indebidos son actividades delictivas muy corrientes en sociedades como la nuestra que requie­ren medidas fulminantes para extirpar­las o disminuirlas en su mínima expre­sión. No son atribuibles solo a un partido político, a un Gobierno determinado o a un grupo social definido. Son pecados de las sociedades o países en que hay una cierta tolerancia debido a la floja acción de las instituciones estatales y la complicidad de ciertas autoridades. En que la persecución del delito y sus autores no son suficientes para conseguir buenos resultados.

Así como hay sociedades y países con un alto índice de corrupción, existen otras con un bajo nivel debido a las políticas públicas y al castigo a los que delinquen. Por lo cual la única salida que existe y demuestra ser adecuada es la persecución del delito y la lucha sin cuartel contra la corrupción.

Esa es una de las acciones encaradas por este gobierno apenas comenzó su adminis­tración en agosto último. Por eso el pasado 20 de agosto, 5 días después de iniciar su gestión, se realizó una cumbre de pode­res, en que representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Fisca­lía, suscribieron un compromiso nacional para el combate contra la corrupción. La denominada Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción propone 44 acciones específicas que contienen algunas refor­mas y actualizaciones de leyes, además del uso de la tecnología, procedimientos judi­ciales y legales para controlar a las perso­nas e instituciones a fin de evitar hechos de perversión y sancionar a los responsa­bles de los mismos.

Entre las medidas propuestas en esta campaña se quieren actualizar las leyes existentes para perseguir y sancionar los hechos delictivos. Esto para que los res­ponsables del soborno, la malversación, el tráfico de influencias y otros actos simila­res reciban castigos duros y ejemplares.

Para disminuir las posibilidades de con­cretar acciones sospechosas de perversión se posibilitará la digitalización de los trá­mites, y no permitir el contacto entre los ciudadanos y los funcionarios. Esto ade­más de otras numerosas decisiones, entre las que están las medidas para el combate al contrabando y sus manifestaciones.

La lucha contra el delito no consiste solo en evitar la posibilidad de que se lo cometa mediante la prevención adecuada. Una parte importantísima es perseguir a los delincuentes y hacer que reciban un cas­tigo ejemplar, debido al efecto pedagógico que tiene en el que lo recibe como en los que son testigos del hecho. Porque aparte del dolor que produce la pena, el castigo tiene la función de enseñar que no se debe cometer el delito.

La campaña iniciada por el Gobierno debe tener el acompañamiento de la sociedad paraguaya, pues la colaboración popu­lar para disminuir este delito y todas sus manifestaciones es fundamental para que tenga los resultados que se esperan. Un pueblo que tolera la corrupción y los deli­tos conexos difícilmente pueda llegar a extirparla y mejorar su situación gene­ral. Por lo que es trascendental que los que habitamos este país nos pongamos contra toda forma de esa delincuencia, aunque convenga a algunos sectores.

La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción debe ser parte importante de la preocupación y de la acción de todos en el comportamiento comercial, social y pri­vado. Solo así se podrá derrotar a esa per­versión que nos afecta.