La jueza penal de garantía Cynthia Lovera fijó para el martes 12 y miércoles 13 de diciembre, a las 8:30, la audiencia preliminar para Marcello Fretes y Héctor Grau, acusados por lesión grave debido a la brutal golpiza propinada a la víctima Benjamín Zapag.
En la referida diligencia judicial se definirá si los dos acusados estarán sentados en el banquillo, así como pidió el Ministerio Público. Igualmente, la defensa de los dos procesados solicitó al juzgado el sobreseimiento definitivo.
La acusación del Ministerio Público refiere que el acusado Marcello Fretes detuvo a Zapag a la salida del sanitario de la discoteca donde estaban. El otro acusado, Héctor Grau, estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, a quien presuntamente le aplicó los golpes que produjeron la lesión.
En caso de que el presente caso se eleve a juicio oral, se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Igualmente si se hace lugar al sobreseimiento definitivo, la Fiscalía tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial.
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Habrá audiencia disciplinaria a Prieto por chicanas
El planteamiento se dio en contra de la resolución que dispuso su convocatoria para una audiencia disciplinaria por las chicanas en el marco de la causa conocida como Tajy, en la cual es investigado por el presunto perjuicio de más de G. 306 millones durante su administración municipal.
Con la resolución de la Sala Penal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón quedó firme el trámite para la realización de una audiencia disciplinaria fijada en una instancia previa.
Los magistrados apuntaron que la convocatoria “no genera agravio irreparable al imputado”, esto teniendo en cuenta que “su conducta procesal podrá debatirse ampliamente durante la audiencia disciplinaria”. Esta audiencia se da porque Prieto se representa a sí mismo en este proceso.
El ministro Alberto Martínez Simón actuó como preopinante, y expuso las argumentaciones del por qué no corresponde la apelación, señalando que “aunque la resolución fue dictada por un Tribunal de Apelaciones y puede ser revisada por la máxima instancia judicial, en este caso no corresponde la apelación porque el supuesto perjuicio alegado por Prieto no tiene carácter irreparable”.
Este criterio fue acompañado por los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, por lo que la decisión fue adoptada de manera unánime. Miguel Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal
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Fijan para el 14 de octubre la audiencia preliminar para Rafael Filizzola
El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.
En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.
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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.
De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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Estafa a colonos: juez deberá definir si acusados van a juicio oral
Este jueves 1 de octubre se deberá realizar la audiencia preliminar de tres acusados por una millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. La audiencia se tendrá que desarrollar ante el juez penal de Garantías de la referida zona, Vicente Coronel, quien podría aplicar sanciones si la diligencia se vuelve a suspender.
En agosto pasado, el acto judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse el acto, por lo que la acción fue considerada como una chicana con el único efecto de dilatar el proceso penal. En este caso, la abogada Gessy Ruiz Díaz interviene como querellante. Asimismo, están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados, y señalado como uno de los cerebros de la megaestafa, y la abogada Ilse Paredes.
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Acusación
La Fiscalía presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público, tras sostener que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en dicha instancia y lograr una sentencia condenatoria. Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín.
Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías. A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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Tercer caso de Prieto: suman siete los procesados con suspensión condicional tras admitir hechos de corrupción
El juez Humberto Otazú otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Cinthia Noelia Alén Guerrero, quien admitió su complicidad en el delito de lesión de confianza. El caso también involucra al exintendente Miguel Prieto por el pago de obras inexistentes, financiadas por el Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, lo que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.
Tras la admisión de los hechos, el magistrado resolvió aplicar la salida procesal. Alén Guerrero deberá abonar la suma de G. 50 millones como reparación del daño social en un plazo de 10 días hábiles, una vez que la resolución quede firme.
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El dinero será destinado a la Municipalidad de Ciudad del Este. La defensa de la procesada se allanó al pedido de suspensión formulado por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle.
Semanas atrás, durante una audiencia preliminar, otros seis procesados también admitieron los hechos de corrupción ante el juez Otazú, devolvieron un total de G. 300 millones y obtuvieron el mismo beneficio.
Los procesados que recibieron la suspensión son: Lucía Lisboa (exsecretaria del Consejo de Salud), Salem Esgaib Zugaib (extesorero), y Karen González, Fredy Guzmán, Sonia Barrios y Hugo Benítez.
El juzgado estableció reglas de conducta que deberán cumplir por el plazo de un año, incluyendo la donación de G. 50 millones cada uno como reparación del daño. Además de Miguel Prieto, otras dos personas siguen acusadas en la causa.
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