Este jueves la fiscal Gladys González se constituyó en las oficinas de la Municipalidad de Lambaré para recabar datos en el marco de una denuncia presentada por un grupo de ciudadanos en contra del intendente de la mencionada ciudad, Guido González.
González es acusado de supuesto homicidio culposo, mal desempeño en sus funciones y comisión de auxilio tras el accidente que se cobró la vida de dos militares, que fueron arrastrados por el raudal hasta el cauce del arroyo Lambaré durante una tormenta el pasado 2 de noviembre.
El intendente de Lambaré había recusado a los fiscales Eugenio Ocampos y Édgar Moreno, por lo que la causa pasó a González, quien hoy recorrió las diferentes dependencias del municipio para recabar documentos e información que aporten datos respecto a la acusación contra el edil lambareño.
“Hemos hablado con el director de obras y él nos proveyó de la documentación, le hemos expuesto la cantidad de documentos que necesitamos, eso se ha dejado por escrito. Muchos de ellos ya me ha entregado, otros no me pudo entregar y me pidió una prórroga de 72 horas”, indicó la fiscal a los medios de comunicación.
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La representante del Ministerio Publicó realizó además un recorrido por la calle que desemboca en el arroyo Lambaré para una inspección, allí conversó con los encargados del muro de contención que está siendo construido actualmente. Remarcó que la investigación estará respaldada por peritos fiscales y que también serán llamados a declarar funcionarios municipales.
Enrique Bacchetta, abogado del intendente de Lambaré, aseguró que todas las preguntas respecto las obras realizadas en la ciudad en materia de construcción, reparación y mantenimiento de calles, edificios, puentes y otras zonas quedarán respondidas en la investigación fiscal, ya que el intendente cuenta con todas las pruebas que avalan el buen desempeño de sus funciones.
“Queremos que se vean primeramente los documentos que se hicieron, qué no se hizo, por qué y de ahí en más que, objetivamente, el Ministerio Público tome una decisión, eso se llama institucionalidad y hay que respetar el debido proceso”, remarcó Bacchetta.
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