Ciudad del Este. Agencia Regional.

En juicio oral fue condenado a 28 años prisión un hombre de 70 años, por abuso sexual en niños y coacción sexual. Fue víctima una niña desde los 6 hasta los 11 años. El fallo se dio a conocer este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue quien defendió la acusación en el juicio y el fallo condenatorio de 28 años de prisión, fue lo solicitado por la citada representante del Ministerio Público.

El condenado abusó de su hijastra menor de edad durante varios años y también de la madre de la niña. La misma, se enteró del hecho y pasó a ser sometida a agresiones sexuales, de acuerdo a lo presentado en el juicio.

Los antecedentes indican que los abusos comenzaron en el 2018, cuando la niña tenía seis años de edad, y siguieron sucediendo hasta octubre de 2023, cuando ya tenía 14 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en el kilómetro 14 de Minga Guazú.

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Inicialmente, las agresiones consistieron en manoseos, hasta que la niña fue más violentada físicamente, en ocasiones, el agresor sometía a la niña con una sonda puesta, según la exposición de la fiscal. Todo esto fue relatado con detalles por la niña, a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, responsabilizando a su padrastro de los vejámenes.

El hombre actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre, si revelaba los abusos, según lo expuesto en juicio. Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente a la fuerza y amenazada de muerte, según la fiscal Coronel.

El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, doctor Aníbal Duarte, había confirmado las agresiones sexuales.

De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día, según los datos Abiertos del Ministerio Público.

De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1.959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88 % de los casos cometidos que tienen como autores a familiares o a personas conocidas del entorno, como el caso que se reporta en este texto.

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Este lunes, padres de familia del colegio Robert Pereira, de la ciudad de Capiatá, solicitaron la destitución de la directora María Delia Acuña porque supuestamente está defendiendo al docente que manoseó a una estudiante de la institución educativa. Reportan que la mujer habría amenazado a la víctima y que por temor no asistió a clases.

El supuesto hecho de abuso sexual se reportó el pasado 3 de setiembre contra una alumna de 14 años, quien confesó que fue manoseada por el docente a cambio de buenas calificaciones. El supuesto autor fue detenido, pero temen a que sea liberado.

“Le comentamos lo que ocurrió a la directora y ella le encubrió. Dejó que el docente se vaya más temprano ese día. Si el profesor no hizo nada por qué se va a esconder. Además, no le permitió a la madre que le busque a su hija”, expresó el denunciante, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Explicó que ese mismo día la adolescente manifestó ante la directora que fue supuestamente manoseada por el maestro, quien le ofreció pasar de grado. “Sabiendo la verdad, la directora le encubría y no es la primera vez que hace esto por lo visto, pero como la cabeza no hace nada y las víctimas prefieren abandonar la institución”, confirmó.

Agregó que hoy la alumna decidió no asistir al colegio porque la encargada amenazó a los padres con demandarlos por falsa acusación contra el docente. “La directora las amenazó para que no hagan nada. A muchos padres nos dijo que no es cierto y que eso no pasó, que estamos destruyendo una familia y que nos va a demandar”, señaló.

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Pidió la que la directora sea apartada del cargo y que no vuelvan a liberar al presunto autor que aparentemente desde hace años está cometiendo hechos similares. “La afectada fue amenazada por la directora y tiene miedo para declarar”, puntualizó.

El supuesto agresor ya se encuentra recluido en la comisaría local, pero temen que vuelva a ser liberado. “Esperamos que se pudra en la cárcel porque a muchas alumnas ya les hizo lo mismo. La directora hace todo lo posible para ayudarle. Todos le tienen miedo porque tiene parientes en la política y no se puede hacer nada”, concluyó.

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Un hombre de 37 años fue imputado por el abuso sexual de una niña de 11 años con discapacidad, según la fiscal Rocío González, de la Unidad Zonal de Santa Rita, en Alto Paraná. El procesado es el padrastro de la víctima, trabajaba como albañil y fue denunciado por la tía de la víctima. La madre se encuentra prófuga y también sería imputada.

La subcomisaría del barrio San Miguel de Santa Rita informó que una mujer identificada como la tía de la niña denunció el hecho, después de haber recibido el pedido de auxilio de su sobrina. Contó que ayer sábado, al llegar de su trabajo al mediodía, su sobrina le contó sobre el abuso que sufrió del padrastro el pasado 4 de setiembre, estando alcoholizado.

Tras la comunicación del hecho a la fiscal Rocío González, se dispuso la aprehensión del hombre y que la niña sea trasladada a la sede fiscal para ser inspeccionada por el médico forense del Ministerio Público. Luego, mediante patrullaje por el barrio, siendo las 15:00 se procedió a la aprehensión del hombre y la fiscal dispuso su detención para luego ser imputado.

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La fiscal de Santa Rita explicó que la niña sufre de una parálisis parcial en su cuerpo, pero puede hablar bien y pidió ayuda a su tía contándole lo que le había pasado. Con la asistencia de la fiscalía, la víctima pudo contar más sobre el padecimiento que estuvo soportando, siendo sometida sexualmente por su padrastro desde los 6 años de edad.

“La madre ya sabía del hecho y no hizo nada, está prófuga y la voy a imputar”, sostuvo la agente del Ministerio Público. Informó además que, la Defensoría Pública de la Niñez intervino en la causa y la Fiscalía pidió que la guarda de la niña quede a cargo de la tía y la abuela.

De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día. También se registraron 2 víctimas de feminicidio y 3 casos de homicidio, según la plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público.

De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88% de los casos cometidos tienen como autores a familiares o personas conocidas del entorno, como el caso que reporta en este texto.

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La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló imputación por los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, asociación criminal en calidad de autores a un total de 12 personas que habrían participado en un esquema ilícito con el fin de obtener dinero de manera indebida.

El esquema consistiría en la obtención de fondos provenientes de cuentas bancarias de clientes y parte de esos fondos podría haberse utilizado para la adquisición de criptoactivos mediante operaciones de compra o intercambio con dinero. Dicha organización habría comenzado con la obtención indebida de datos y contraseñas de acceso y transacción de los clientes.

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Esta información podría haberse obtenido mediante maniobras fraudulentas dirigidas a los sistemas informáticos de la sede central del banco, lo que les permitiría acceder a las cuentas bancarias a través de la banca electrónica, usando dispositivos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.

Ahora será un juzgado penal de garantía quien deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o van a la cárcel.

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