El Ministerio Público pidió 6 años de cárcel para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de la firma Imedic, acusados por contrabando, producción de documentos no auténticos, uso de documentos adulterados y asociación criminal en calidad de coautores en el marco de la investigación por la compra fallida de insumos médicos durante la pandemia del COVID-19.
Asimismo, los fiscales pidieron 4 años de cárcel para el despachante de Aduanas Carlos Gamarra por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta se solicitó la pena de 5 años de pena privativa de libertad.
El fiscal Jorge Arce sostuvo que se probó en juicio que Justo Ferreira así como su hija y el despachante de Aduanas no declararon en tiempo las camas hospitalarias del alto valor y al no ser las camas solicitadas en el pliego, iban a ser comercializadas en el mercado. Agregó que los funcionarios de Aduanas Molina y Acosta participaron igualmente del hecho acusado.
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Del mismo modo, los fiscales mencionaron que los procesados buscaron un lucro indebido, teniendo en cuenta que el ingreso de estas camas resultó de un procedimiento totalmente irregular. Además se demostró que los acusados montaron un esquema donde se distribuyeron las tareas para poder introducir las camas al país en pleno conocimiento de que no se podía realizar dicha acción.
También los fiscales indicaron que los acusados estaban plenamente conscientes de que esas mercaderías importadas no eran cualquier mercadería, sino que tenían que tener la autorización de la Dinavisa para la importación e introducción a nuestro país.
El tribunal de Sentencia, que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza. La audiencia oral proseguirá el próximo 2 de noviembre con la presentación de los alegatos finales de la defensa de los acusados.
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