A partir de las 11:00 de mañana de este miércoles proseguirá el juicio oral de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y directora de la firma Imedic S.A acusados por contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal por la compra fallida de insumos médicos durante la pandemia del Covid-19.
Los principales acusados se exponen a 15 años de cárcel debido a que fueron acusados por varios hechos punibles, que de acuerdo al Ministerio Público fueron plenamente probados durante el debate del juicio oral y público.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza.
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Días atrás declararon padre e hija ante el tribunal colegiado. Por su parte el fiscal del caso Osmar Legal fue claro en señalar que “Justo Ferreira tuvo varias contradicciones en su declaración citando que cuentan con una experiencia de casi 40 años en la rama, pero no conocen detalles de las importaciones; hablan de documentaciones que, según ellos, podían ser presentadas 15 días después cuando en realidad la norma no dice eso”, comentó.
También el fiscal Legal fue claro en señalar que “el acusado dijo que la Fiscalía tiene algo personal y eso no es así, nosotros dentro de la objetividad y de los elementos probatorios que conseguimos en la investigación presentamos la acusación y sostenemos eso en el juicio oral”, indicó.
Igualmente, en el presente caso están acusados Carlos Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta.
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Caso María Fernanda: va a juicio oral proceso penal
El Juzgado Penal de la Adolescencia de Coronel Oviedo decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el adolescente, principal sospechoso del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025. La Justicia admitió la acusación fiscal por feminicidio y aborto en grado de tentativa, ratificando así el inicio de la etapa de juzgamiento.
Tras esta resolución, se deberá realizar el sorteo para designar a los integrantes del Tribunal de Sentencia que tendrán a su cargo el debate sobre la culpabilidad del procesado. El acusado permanece bajo prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025.
Cabe destacar que la semana pasada se confirmó que otros cinco acusados también enfrentarán un juicio oral por su presunta participación y encubrimiento en el crimen.
Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso.
El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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La mujer desaparecida y localizada en Carapeguá sería investigada por simulación de hecho punible
Patricia Analí Jara Meza (38), denunciada como desaparecida el pasado 28 de febrero, fue localizada en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY01, en el acceso a la ruta Carapeguá- Nueva Italia. Tras ser hallada, manifestó a los intervinientes que fue liberada por sus captores.
Sin embargo, la Fiscalía analiza una investigación por presunta simulación de hecho punible ante ciertos datos manejados por los investigadores.
A la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, le llamó la atención que la desaparición de la supuesta víctima se produjera el mismo día en que se presentó una denuncia por supuesta estafa.
La organizadora de eventos habría sido denunciada por una pareja por una presunta estafa de G. 15 millones, atendiendo que la mujer debía encargarse de la decoración de un evento que no se concretó.
Otro antecedente llamativo es que la misma aseguró haber sido víctima del supuesto hurto de G. 13 millones, por lo que supuestamente no pudo cumplir el compromiso de decoración.
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Jara Meza desapareció misteriosamente el sábado último tras comunicar a su familia que debía huir a raíz de amenazas de muerte de parte de la competencia, según el mensaje de texto enviado desde el teléfono de la mujer.
Durante la búsqueda de la mujer, tras la denuncia de familiares por su supuesta desaparición, no se pudo rastrear su teléfono celular, que fue hallado abandonado en el sanitario de una estación de servicio de San Lorenzo y con patrón de bloqueo.
Finalmente, efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá, la ubicaron tras comunicarse con un familiar e informar que se encontraba en la ciudad.
La mujer fue traslada por efectivos policiales del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y fue trasladada al Ministerio Público para declarar y ser evaluada por la clínica forense, además de recibir contención psicológica.
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Ubican a mujer que estaba desaparecida en Capiatá
La agente fiscal Carolina Martínez, de la ciudad de Capiatá, informó sobre la localización con vida de una mujer de 38 años, quien se encontraba con paradero desconocido desde el 28 de febrero. Se trata de Patricia Analí Jara Meza.
La representante del Ministerio Público señaló que la mujer fue ubicada en la ciudad de Carapeguá y será trasladada a la Clínica Forense para una inspección médica integral. Posteriormente, será derivada al Centro de Atención a Víctimas a fin de recibir contención psicológica.
La Fiscalía informa que continúan las investigaciones en torno a la supuesta amenaza que habría recibido la mujer.
Patricia Anali Jara Meza (38) tenía que trabajar el sábado en un evento organizado en un salón de la Prefectura Naval en Sajonia. Ese día salió de su casa (Capiatá) en horas de la siesta rumbo a ese lugar. Desde entonces, no se volvió a saber de ella, indicó su cuñado Cristian Torres.
Ese día Jara Meza respondió un mensaje a su hermano, que le preguntó dónde esperaría a su padre, a lo que ella contestó que fue amenazada de muerte y que debía huir.
“Dari, tengo una amenaza de muerte. Desde hace días me quitan plata. Ya no doy más. Cuidale a mi Benja, por favor. Debo huir. Me quitaron tanta plata que no podré cubrir el evento. Cuídense por favor. Es alguien de la competencia. No puedo decir más…Cualquier cosa, me comunico con ustedes. Me prohibieron hacer eventos”, decía el mensaje enviado a las 13:54 del sábado 28 de febrero tras lo cual la mujer habría apagado el teléfono, pues ya no llegó lo que había contestado el hermano.
Sin embargo, más tarde, el celular volvió a encenderse y lograron rastrearlo por GPS. La ubicación llevó a una estación de servicios sobre Avelino Martínez, donde los playeros declararon haber encontrado el dispositivo dentro de la cisterna del baño y contaron que lo encendieron para devolverlo a la propietaria.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.