El Ejecutivo, a través del Decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La resolución presidencial fue comunicada este domingo por el Ministerio del Interior.

En el documento se detalla que la medida ejecutiva es un paso “provisorio y operativo”, mientras se tramita el tratamiento legislativo del proyecto de ley respectivo. “Esta acción responde al carácter impostergable de una causa que exige la actuación coordinada del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales. El decreto constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe, a fin de asegurar la coherencia normativa y funcional”.

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Asimismo, el decreto señala que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles”.

La resolución presidencial señala que “ante la magnitud del desafío, este ministerio reafirma que no se trata de quién promueva las normas, sino de que estas se apliquen, se respeten y se cumplan. Esto debe constituirse en una política pública permanente, que trascienda gobiernos y perdure en el tiempo”.

Finalmente, el Ejecutivo exhorta a la ciudadanía a colaborar responsablemente en este esfuerzo, que es una causa nacional. Aún no se ha hecho pública la resolución presidencial ni se conoce su alcance.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un hombre que había asaltado a una docente frente a sus alumnos del nivel inicial, fue condenado a siete años de prisión por el hecho punible de robo agravado.

Se trata de Vicente Darío Gutiérrez Giménez (29), cuya acusación fue defendida por el fiscal Gabriel Segovia Villasanti.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Lourdes Morínigo, Evangelina Villalba Montana y Óscar Gabriel Genes. El juicio se desarrolló hoy viernes en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este.

La condena se produce a un año y nueve meses del hecho que causó preocupación en aquel momento, debido al terror que se generó por algunos minutos dentro de la escuela, teniendo a niños como testigos.

El caso se remonta al 14 de setiembre de 2023, a las 9:45, en el colegio Fe y Alegría, del barrio Fátima de Ciudad del Este.

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En esa ocasión, la docente se encontraba en el parque de la escuela con sus alumnos, cuando se presentó el asaltante solitario y la amenazó con un arma blanca a que entregue su celular, a lo que ella respondió que no tenía consigo porque lo había dejado en el aula.

Ante eso, el delincuente la llevó hasta la sala donde se apoderó del celular, de un televisor de 32 pulgadas, un parlante y la suma de 1.000.000 de guaraníes, correspondiente a la recaudación de un sorteo organizado por la institución educativa. Todo esto ocurrió frente a los alumnitos del nivel inicial y de forma muy rápida.

Gutiérrez Giménez huyó y luego fue aprehendido en horas de la tarde, tras una intensa búsqueda. De su poder fueron recuperados los objetos sustraídos y el arma blanca utilizada para cometer el atraco. El Ministerio Público inició el proceso penal que culminó con la condena.

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La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentará el miércoles ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes la dirigente izquierdista.

Kirchner, presidenta del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, ha pedido cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema del país confirmó el pasado martes una condena de 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.

Kirchner, que había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, fue además inhabilitada políticamente de por vida. La exmandataria expresó este viernes que no eludirá órdenes judiciales. “Por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (sede de los tribunales en Buenos Aires) para estar a derecho como siempre lo he hecho”, afirmó este viernes en sus redes sociales.

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Se trata del último día del plazo fijado por la justicia. La dos veces presidenta (2007-2015) solicitó al tribunal cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, a escasos minutos del Congreso Nacional, en la capital argentina. El tribunal aún debe decidir si lo autoriza, solicita otro domicilio de detención o la envía a prisión.

La ley argentina establece que los mayores de 70 años, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad, pueden solicitar prisión domiciliaria, pero el beneficio queda a discreción del juez de la causa.

“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó Kirchner este viernes. La exmandataria recordó que cuenta con custodia personal “de por vida” por su condición de expresidenta. “Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, dijo.

En 2022, cuando Kirchner era vicepresidenta, un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le disparó a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, dijo este viernes.

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El atacante y otros involucrados están siendo juzgados, pero Kircher denuncia que la justicia “no ha querido avanzar respecto a los autores intelectuales y los apoyos económicos”. La expresidenta acusa de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces de la causa, y la oposición considera su condena una proscripción.

Los tres jueces de la Corte Suprema “son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos”, denunció Kirchner frente a una multitud en Buenos Aires tras la condena.

Fuente: AFP

El titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, dejó en claro que aún no están vigentes las nuevas condiciones migratorias establecidas por decreto del Poder Ejecutivo en Argentina. El alto funcionario afirmó que aún está pendiente la reglamentación, documento en el cual se especificarán los mecanismos de aplicación de la normativa.

“El decreto de necesidad de urgencia, que se dictó hace como una semana atrás, es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo según las normas del vecino país, donde una vez que se publica en la Gaceta Oficial, ya se vuelve vigente. Sin embargo, lo que tiene que ver con el trámite que se hace propiamente en frontera, esa misma norma establece que debe ser reglamentada, eso significa que si bien el decreto está vigente, no está todavía reglamentado”, explicó Kronawetter.

En conversación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el director detalló que esta nueva normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, no contempla aún cómo será el régimen de control de frontera. Por ejemplo, el decreto habla de que el viajero deberá contar con seguro médico, pero aún no se especificó cómo debe ser presentada dicha documentación,

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“Tampoco si se va a establecer para cierto kilometraje dentro de la frontera, o sea, todas esas cuestiones únicamente con la reglamentación se van a saber y hasta tanto esa reglamentación no esté elaborada y publicada de manera oficial, todo es una conjetura, es decir, hoy en día necesita los mismos documentos que se tenía ayer, hace un mes o un año, no cambió absolutamente nada”, aseveró.

Asimismo, añadió que tampoco se ha dado a conocer a partir de cuándo esto entraría en vigencia. En este contexto, Kronawetter instó a la ciudadanía en no caer ante informaciones falsas que circulan en redes sociales o portales que hablan de nuevas exigencias. “No tienen ningún asidero oficial”, sentenció y ratificó, “está vigente el decreto, pero no es exigible por falta de reglamentación”.

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