La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Canindeyú detuvo a un presunto sicario del grupo criminal denominado Primer Comando Capital (PCC) que se habría fugado del penal de Pedro Juan Caballero en el 2020. Esta persona cuenta con dos nacionalidades y antecedentes por homicidios en Paraguay y en Brasil.

Según el reporte de los intervinientes, este hombre fue capturado en la zona boscosa de Brítez Cué, dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú en la jurisdicción del distrito de Yby Pytã.

Esta persona intentó darse a la fuga cuando vio a los militares, pero fue alcanzado y reducido antes de que ingrese entre la vegetación.

El detenido cuenta con dos cédulas, una paraguaya en la que figura con el nombre de Daniel Morel Paredes, y otra brasilera en el que tiene el nombre de Daniel Morel Parde. Este cuenta con órdenes de captura por homicidio, tentativa de homicidio y violación de la ley de armas en territorio nacional, además, en Brasil por homicidio y robo.

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“Esta persona presentó su documento de nacionalidad brasilera y al cotejar los datos se detecta que cuenta con antecedentes en Brasil, luego por el sistema AFIS se constata que también tiene nacionalidad paraguaya y posee tres antecedentes, con orden de captura y es unos de los 76 fugados del penal de Pedro Juan”, detalló el fiscal Juan Benegas, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Agregó que esta persona, quien se había fugado de la cárcel de Pedro Juan Caballero (PJC) en enero de 2020, se encontraba recluida en el pabellón donde estaban miembros del Primer Comando Capital (PCC). Según indicó, se espera que vuelva al mismo lugar del que logró escapar hace seis años.

De estos miembros, 32 fueron recapturados y uno fue abatido.

La fuga masiva de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ocurrida el 19 de enero de 2020, es considerada uno de los mayores colapsos de seguridad pública en la historia de Paraguay. En esa oportunidad, 76 reclusos de alta peligrosidad vinculados al Primer Comando Capital (PCC) ganaron la calle.

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La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), imputado por abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.

Capello Barreto fue detenido debido a que contaba con una orden de captura. El imputado se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad, lugar donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias. Hasta el momento se conocen tres víctimas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde hace años”, revela la investigación.

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Sobre el investigado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías N.° 5 resolvió no hacer lugar a la impugnación presentada por la defensa, por lo que confirmó la rebeldía y la orden de captura en contra del hombre de 42 años.

Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante las sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de las víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.

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El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.

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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.

La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.

“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Tras la amenaza de Giuzzio a fiscales, la audiencia oral se desarrollará bajo extrema seguridad.

El juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola, continuará este lunes desde las 7:00 con la presentación de pruebas documentales y testigos.

Tras la amenaza comuni­cada por la fiscala Verónica Valdez al tribunal de senten­cia que preside la magistrada Adriana Planás, la audien­cia oral se desarrollará bajo extrema seguridad. Se dis­pondrá de varios agentes policiales en la sala de juicios y en el pasillo a los efectos de evitar cualquier agresión física por parte del acusado hacia los representantes del Ministerio Público.

El fuerte dispositivo de seguridad dentro y fuera de la sala de juicios orales ya se pudo observar en la sesión anterior. Esta situación solo se dispone cuando los acusa­dos son considerados peli­grosos y tienen vínculos con el crimen organizado, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Ver­melho.

Días atrás, la fiscala Val­dez fue custodiada por varios uniformados desde su ingreso a la sede judicial. Esto se realizó para evi­tar que Giuzzio cumpla su supuesta promesa de ame­naza o, en su defecto, preve­nir cualquier tipo de roces o agresión que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado, quien es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente dete­nido en Brasil.

En la ocasión anterior, la agente puso en conocimiento del Tribunal de Sentencia –integrado por los magistra­dos Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete– la situación de amedrenta­miento protagonizada por Giuzzio al término de la audiencia previa. Según alegó, el acusado “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desa­fiante y desmedida, como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registra­ron la situación”. Además, agregó: “Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares, solicitamos al tri­bunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.

Las cámaras del canal GEN/Nación Media captaron el momento en el que el exmi­nistro del Interior y de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) increpó a ambos agentes del Ministe­rio Público apuntando con el dedo. “Vamos a hablar des­pués”, mencionó de manera prepotente tras ser vincu­lado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, y otros testigos clave que se desem­peñaron como funcionarios de la empresa Ombú SA, pro­piedad del capo narco.

El presunto amedrenta­miento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le solicitara concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abran, cha­mígo, una causa, tengan hue­vos. Yo estoy superconcen­trado en mi defensa, ustedes son los que tienen que con­centrarse después”, replicó el acusado al reclamar imputa­ciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento y se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido, hemos tomado como medida mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala, y ya están previstas todas las acciones para que en adelante contemos con la debida protec­ción. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto mutuo y no se permitirá ninguna falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Adriana Planás.