El juzgado de Atención Permanente ordenó la prisión preventiva de dos funcionarios judiciales imputados por falsificar resoluciones judiciales. Foto: Gentileza
Decretan prisión de funcionarios imputados por falsificación de resoluciones judiciales
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El juzgado de atención permanente ordenó la prisión preventiva en el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional por diez días de los funcionarios judiciales Randolf Daniel Gaona y Raúl Guerrero Ugarte, imputados por acceso indebido a datos mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos y manipulación de graficaciones técnicas.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Los imputados guardarán en la referida dependencia policial la prisión preventiva para luego ser trasladado hasta la penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Los fiscales del caso son Irma Llano, Alba Delvalle, Silvana Otazú, Ruth Benítez y Benjamín Beltrán. Del mismo modo, la máxima instancia judicial iniciará un sumario para poder deslindar la responsabilidad de los funcionarios imputados y detenidos.
El Ministerio Público realizó varios allanamientos en el tribunal de apelación de Asunción así como en la sede judicial de Caacupé donde se logró la detención de los imputados que serían los cabecillas de la red que falsificaba resoluciones judiciales para levantar embargos y otros.
La denuncia fue presentada por la propia Corte Suprema de Justicia debido a que se había adulterado el certificado de trabajo del funcionario judicial detenido, por lo que a raíz de dicha situación se pudo descubrir un megaesquema de falsificación.
Asimismo, la defensa de los dos imputados puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que resolver si corresponde confirmar la resolución del juez de turno o revoca el mismo y ordena que sean beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.
Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.
Disidentes de las FARC secuestran a funcionarios fiscales
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Bogotá, Colombia. AFP
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades ayer sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín ayer sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición, además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas.
Desde el Ministerio de Salud confirmaron que funcionarios del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) serán capacitados en el Instituto Nacional de Salud (INS) para lograr la profesionalización. Los seneperos podrán adquirir el título de técnicos para seguir mejorando la atención sanitaria a nivel país.
La reunión para tratar sobre este tema fue muy exitosa, ya que todo está encaminado para que los trabajadores puedan formarse dentro del instituto. Del encuentro participaron la doctora Cristina Caballero, directora general del INS y el doctor José Antonio Montiel Britos, director general del Senepa.
Ambas instituciones dependientes del Ministerio de Salud acordaron una serie de acciones conjuntas que fortalecerán la profesionalización del personal de Senepa y mejorará los procesos logísticos. “Una de las principales iniciativas acordadas fue el desarrollo de programas de formación y capacitación para el personal con grado de tecnicatura”, detallaron desde la cartera sanitaria.
Así también, el pasado viernes se reunieron para tratar sobre la formación médica y el papel esencial del Ministerio de Salud en el proceso formativo, tal como lo establece el Código Sanitario del país, donde presentaron los avances y estrategias desarrolladas en el ámbito de la formación médica, teniendo en cuenta el enfoque del sistema de salud.
Otro punto que fue socializado fue sobre los procesos formativos de los futuros médicos, especialmente en lo que respecta a los campos de práctica. Los profesionales enfatizaron sobre la importancia de garantizar una formación integral y de calidad para los profesionales de la salud para mejorar la atención médica a la población.
Líder del clan Rotela seguirá en prisión hasta el 2046
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El Ministerio Público logró este jueves unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución, Celia Beckelman; la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder criminal Armando Javier Rotela Ayala.
La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicada por un Tribunal de Sentencia en fecha 17 de marzo del 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicada por un Tribunal de Paraguarí, el 7 de enero del 2021.