La fiscal Alma Zayas tiene un año más de tiempo para poder investigar al exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Benítez, y otras personas por lesión de confianza. Foto: Archivo
Otorgan sobreseimiento provisional a exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú
Compartir en redes
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento provisional del exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez, y a otros siete imputados por lesión de confianza donde inicialmente se sostuvo que existió un perjuicio patrimonial de G. 6.906.370.169. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
La fiscal Alma Zayas solicitó el sobreseimiento provisional debido a que se tiene varias diligencias pendientes de realización por lo que requiere más tiempo para poder cerrar la investigación. En caso de encontrar elementos contra los investigados el Ministerio Público podrá reabrir el caso y presentar la acusación contra los investigados.
El magistrado argumentó la resolución judicial “observamos que el Ministerio Público no ha podido recolectar los elementos probatorios necesarios en la etapa preparatoria para sostener una eventual acusación en la presente causa, por lo que la solicitud de dicho requerimiento responde necesariamente a una situación objetiva de insuficiencia probatoria respecto a las características delictivas del suceso investigado y de la autoría y/o responsabilidad del imputado.”
Antecedentes
Según el acta de imputación formulada por la agente del Ministerio Público Victoria Acuña, el exjefe comunal y los demás procesados tuvieron participación en un perjuicio patrimonial a la municipalidad de esa ciudad, de G 6.906.370.169.
Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón y Francisco Balbino González, quien ocupó de manera interina por 9 días la intendencia, en su calidad de ordenadores de gastos, habrían firmado han firmado órdenes de pago, cheques y contratos sin que exista documento de respaldo, pero de todas formas se realizaron los desembolsos.
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Foto: Archivo
Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
Compartir en redes
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
El juez Rodrigo Estigarribia otorgó medidas alternativas a la prisión a la jueza de Paz Analía Cibils, imputada por el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Gentileza
Mafia de pagarés: otorgan medidas alternativas a la suspendida jueza de Paz, Analía Cibils
Compartir en redes
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la jueza de Paz de la Encarnación, suspendida en sus funciones, Analía Cibils. Ella está imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
De acuerdo a la presente investigación fiscal, el juzgado de Paz de la Encarnación es uno de los principales donde se habría articulado la trama criminal.
Estigarribia resolvió que la magistrada comparezca de forma mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, además le prohibió salir salida del país, así como también las cauciones cuyos montos no fueron dados a conocer hasta el momento.
Además de los hechos que se le atribuyen a la jueza Cibils, recientemente la Contraloría detectó graves inconsistencias en su estudio de correspondencia y que podría ser del monto superior al inicial en el orden de G. 800 millones.
La diligencia judicial se llevó a cabo luego de que se rechazaran varias chicanas presentadas por la defensa de la jueza suspendida en sus funciones. En el presente caso, se tiene a varios ujieres imputado,s así como a funcionarios de los juzgados de Paz de la capital.
Exintendente de Lambaré enfrentará juicio oral por millonario desvío
Compartir en redes
El ex intendente de Lambaré, Armando Gómez, enfrentará juicio oral y público por un millonario desvío de G. 7.315 millones en la citada municipalidad, que debía ser para aportes jubilatorios. Así lo resolvió el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, luego de la realización de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Otazú rechazó el pedido de realizar una pericia contable solicitada por la defensa del acusado debido a que ya fue cerrada la etapa para poder realizar dicha diligencia. Además, Otazú confirmó la medida de arresto domiciliario que pesa sobre Gómez.
El presente caso tiene relación con un esquema que lideraba el exjefe comunal en el que la Dirección de Talento Humano preparaba las planillas de pago y descuentos de los funcionarios permanentes, remitiéndolas posteriormente al Departamento de Contabilidad, donde nunca se preparaba la orden de pago, aunque el descuento sí se realizaba a los funcionarios.
Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado. Una vez que se tenga a los jueces que van a juzgar el presente caso, deberá fijarse la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, está acusado por varios delitos por la compra de alimentos de forma irregular durante la pandemia. Foto: Archivo
Ratifican a juez que deberá citar a Miguel Prieto para la audiencia preliminar
Compartir en redes
El Tribunal de Apelaciones integrado por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla ratificó la competencia del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien fue recusado por uno de los acusados en el proceso penal que enfrenta el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia.
Ahora el expediente tendrá que bajar nuevamente al juzgado de Otazú, quien tendrá que fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público.
Días atrás, la defensa del procesado Higinio Ramón Acuña recusó al juez Otazú y logró suspender la audiencia preliminar.
Acusación
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este sería de alrededor de G. 300 millones, en un esquema encabezado por Prieto y otras 10 personas para desviar fondos de la entidad municipal a través de licitaciones públicas que eran direccionadas a empresas afines o funcionales a Prieto.