Este lunes 14 de setiembre se encuentra prevista la continuidad del juicio oral del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado a raíz de un presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Para la misma fecha también volverá a sentarse en el banquillo de acusados el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el cargo formal de lesión de confianza.

El enjuiciamiento del exministro abdista está fijado para las 7:00 y se encuentra en su etapa final, concentrado tanto en la producción y la lectura de evidencias documentales. La audiencia judicial había entrado en una pausa forzada el pasado lunes 7 de setiembre ante problemas de salud que alegó padecer su abogada Gilvi Quiñónez.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

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Mientras que la audiencia de Prieto se encuentra marcada para las 8:00 con la lectura del auto de apertura a juicio y, posteriormente, los alegatos iniciales del Ministerio Público y la defensa. El dirigente opositor y líder del Partido Yo Creo se encuentra acusado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.

La causa judicial es conocida como “Tía Chela” y se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.

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El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.

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La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.

Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.

En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.

El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.

En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.

El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.

A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.

Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

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El caso del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, para obras de ampliación, podría ser elevado a otro juicio que afrontará Miguel Prieto, exintendente destituido de Ciudad del Este. La Fiscalía realizará el próximo miércoles 9 de setiembre la representación del requerimiento conclusivo establecido por el juzgado especializado de Delitos Económicos.

“El 9 de setiembre es la fecha en la que oficialmente nosotros vamos a expedirnos sobre la situación procesal de tres personas que quedaron, que son Miguel Prieto, la señora Valeria Romero y el señor Sebastián Martínez, y también está imputado en esta causa, sin embargo, el diputado nacional Walter García, quien no fue desaforado”, había anunciado en su momento el fiscal de la causa, Silvio Corbeta.

En el marco de esta presentación se podría determinar si esta causa será elevada a juicio, el tercero que debe enfrentar el exintendente esteño. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos, si se tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, fueron las expresiones del agente fiscal.

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El pasado jueves 3 de setiembre, Prieto fue convocado a una declaración indagatoria ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, integrado por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.

El destituido intendente se abstuvo a declarar ante los fiscales, en el marco del pro­ceso penal por lesión de con­fianza en el que se lo inves­tiga por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millo­nes a la comuna esteña.

En esta causa, siete de los once imputados solicitaron la suspensión condicional de procedimiento tras admitir los hechos en el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo de Salud de Ciudad del Este.

“Eso da entidad a la causa, en el sentido de que la causa tiene suficiente pruea probatoria como para demostrar la conducta y estas personas prefieren evitar un enjuiciamiento público para conllevar a una condena de estas personas por los hechos que les fueron imputados”, resaltaba el fiscal Corbeta en entrevista para GEN y Universo 970 AM/Nación Media esta semana.

Agregó que “estas personas optan por reconocer básicamente, admitir su participación y, solicitan y ofrecen reparaciones en ese sentido, una salida que está permitida dentro del sistema acusatorio y del Código Procesal Penal”.

El daño patrimonial de G. 757 millo­nes a las arcas de la comuna se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna esteña, en este caso, se otorgó los fondos a una organización sin fines de lucro, que es el Consejo de Salud de la comuna.

De acuerdo con la investi­gación fiscal, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supues­tamente a la inversión física y edilicia dentro del mencio­nado centro médico.

La documentación recabada indica que el Consejo Local habría destinado el dinero a supuestas mejoras físicas, principalmente a reiteradas refacciones en un mismo lugar y en cortos. Entre los traba­jos bajo la lupa se encuentran remodelaciones en diversas áreas médicas, la construc­ción del pabellón de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la refacción de los pabellones de Nefrología y Traumatolo­gía del Hospital Regional.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) y exasesora, Magdalena Montiel, indicó que la administración del exintendente y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, ya debió ser intervenida en el año 2020 a raíz de los diversos hechos de corrupción en su administración.

“Nosotros nos espantamos, hay muchas investigaciones que no llegamos a concretar con denuncias penales, pero que sí merecen. Para nosotros que le conocimos fue una gran decepción, porque yo estuve en el equipo de la gente que estuvimos apoyándole”, indicó este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, durante una emisión especial desde la capital de Alto Paraná.

Señaló también que “yo fui contratada por Prieto como asesora y la idea fue orientarle a su administración porque cuento con mucha experiencia en el tema de la gestión pública, pero a los dos o tres meses ya empezaron los problemas con su equipo. Ellos criticaron la administración de la exintendenta Sandra McLeod y cometieron los mismos vicios, con muchas irregularidades en su comienzo”.

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Montiel detalló que de las más de 53 denuncias que posee Prieto un total de 15 fueron impulsadas por la organización no gubernamental. “En el 2020 la administración de Prieto ya debió ser intervenida por todas las irregularidades cometidas. En la pandemia del Covid-19 surgieron todas las irregularidades y luego de las denuncias que fueron realizadas por el exconcejal Celso Kelembú Miranda, como contraloría nosotros empezamos a rastrear y profundizar más las investigaciones”, comentó.

Entre las 15 causas judiciales impulsadas por la contraloría ciudadana, que lograron una gran repercusión a raíz de las fehacientes pruebas y el estado judicial en que se encuentran figuran la de Tía Chela y Tajy. Este caso es catalogado como el “primer golpe” de Prieto y sus aliados a raíz de un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.

En dicha causa, Prieto está enfrentando un juicio oral y público. El proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.

Mientras que en el caso Tajy, Prieto y sus excolaboradores se encuentran imputados por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

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