El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.

Siga informado con: Congreso amplía presupuesto para logística, refacciones y puesta en valor de sitios históricos

De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.

Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.

Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.

Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.

Siga informado con: TSJE finaliza evaluación técnica de las ofertas para la compra de máquinas de votación

La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

Le puede interesar: ANR: plazo para afiliación con miras a las Municipales cierra el jueves

Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Siga informado con: Senado integra comisión que investigará supuestos abusos de firmas telefónicas

Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Lea también: Diputados otorgan dictamen favorable para acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur

Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:

1. Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
2. Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
3. Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

Le puede interesar: Defienden carácter académico de conferencia donde disertó Gustavo Leite

El fiscal Carlos Ger­mán Ramírez imputó a Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (dis­trito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.

De acuerdo con la investiga­ción fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubi­cado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorca­miento. Según los datos reca­bados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasla­dándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la des­pojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.

El sospechoso que está dete­nido negó la autoría del cri­men, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el ase­sinato. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal.

Entre los elementos que sus­tentan este pedido se men­ciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condi­cional al momento del hecho.

La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.

El fiscal Carlos Ramírez, en principio, no pidió que se rea­lice la autopsia de la menor, pero la presión familiar y de la comunidad hizo que el agente revea su postura.

El procedimiento se reali­zará hoy en la morgue judi­cial de Sajonia, en Asunción. “Una ambulancia del Minis­terio Público está en camino para trasladar el cuerpo”, confirmó el agente fiscal El fiscal Ramírez, quien tam­bién intervino en el caso anterior en el que la misma niña fue víctima y que derivó en la condena del hoy prin­cipal sospechoso, no había objetado en su momento que este recupere la liber­tad ambulatoria y vuelva a residir cerca de la víctima.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, plan­tea la revisión del proceso judicial al cual fue sometido Marcelo Giménez. “La información que manejamos es que este sujeto (Giménez) estuvo privado de libertad por una tentativa de abuso hacia la misma niña.

Vamos a evaluar cómo se desenvolvió ese proceso por parte de las autoridades jurisdiccionales y cuáles fue­ron los criterios para determinar el juzgamiento de esa persona”, señaló a la 1020 AM.

“Es un caso que lastimosamente involucró ya a esta persona, a este criminal, a este asesino. Justamente por una tentativa, según lo que nos dijeron”, indicó.

Con respecto al proceso judicial se buscará verificar cuáles fueron los criterios considerados en el juzgamiento del acusado.