Las fiscalas Natalia Silva y Claudia Aguilera solicitaron durante la lectura de los alegatos iniciales el comiso especial de varios bienes adquiridos por el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las fiscalas mencionaron que se busca recuperar a favor del Estado bienes como camionetas, ganado vacuno, inmuebles y las sociedades creadas por la acusada Morínigo por un valor que llegaría a los G. 4.800 millones. El Ministerio Público sostuvo que los movimientos de la pareja acusada se realizaron entre el 2010 y 2017, tiempo en el que Díaz Verón ocupó varios cargos en el país.
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El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a Díaz Verón y su esposa está integrado por los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez. El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público, por lavado de dinero.
La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral. Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria, estuvo varios meses con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal general del Estado se expone a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
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Fiscal define esta semana si imputa a periodista por manejar bajo los efectos del alcohol
El fiscal Benjamín Beltrán definirá esta semana si presenta una imputación contra el periodista de radio Monumental, Roberto Coronel, quien bajo los efectos del alcohol ocasionó un accidente de tránsito con graves daños materiales. El comunicador es investigado por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre. En casos similares, el Ministerio Público suele presentar la imputación contra las personas que dan positivo a la prueba de alcotest.
Al respecto, Beltrán señaló: “El comunicador Coronel se presentó en la sede del Ministerio Público en compañía de su representante legal y acercó un acuerdo con la víctima del accidente”. Agregó que “Coronel solicitó ser beneficiado con el criterio de oportunidad luego de llegar a un acuerdo con la víctima del percance”.
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De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en que se encontraba. El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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Aneaes remite al Ministerio Público informe sobre títulos sin acreditación vigente
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) detectó que más de la mitad de los 138.256 títulos de grado registrados entre 2023 y octubre de 2026 correspondían a carreras sin acreditación vigente. Ante esta situación, su presidente, el Dr. José Fernando Duarte Penayo, firmó la Nota N.º 871/2026, remitida al Ministerio Público, para solicitar que se analice la pertinencia de iniciar una investigación, con prioridad en las ofertas del área de la salud.
Basado en el informe técnico de la Aneaes que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, el documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud.
En el mismo documento se solicita al Ministerio Público analizar la pertinencia de iniciar una investigación sobre las titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, priorizando las ofertas del área de la salud y aquellas cuya acreditación es obligatoria conforme a la Ley N.º 2072/2003.
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De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Principales datos
De acuerdo al análisis de la Aneaes, comprende 138.256 títulos de grado registrados ante el MEC durante el período estudiado. De ese total, 71.093 títulos (51,4 %) corresponden a carreras que no contaban con acreditación vigente a la fecha de su registro. Asimismo, 48.059 títulos (34,8 % del total) provienen de carreras que nunca se presentaron a un proceso de evaluación ante la Agencia.
Otro dato relevante es que 28.321 títulos (20,5 % del total) corresponden a carreras sin acreditación vigente que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.
En cuanto a las carreras cuya acreditación es taxativamente obligatoria por ley —entre ellas Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y las ingenierías—, se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente. De estos, 6.175 corresponden a carreras que nunca se presentaron a evaluación, mientras que 7.858 provienen de carreras que tampoco se inscribieron a las convocatorias 2025 y 2026.
En el área de la salud, el informe contabiliza 14.901 títulos sin acreditación vigente, de los cuales 5.075 corresponden a carreras que nunca se sometieron a evaluación ante la Aneaes.
El documento también examina la situación de Medicina. Entre 2023 y octubre de 2026 se registraron 21.689 títulos de esta carrera, de los cuales 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha del título.
Verificación del Ministerio Público
A partir de los datos recopilados y de los antecedentes documentados, la Aneaes solicitó al Ministerio Público analizar el inicio de una investigación y verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a ofertas que presenten situaciones que requieran esclarecimiento.
Asimismo, planteó la necesidad de requerir información al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), particularmente sobre habilitaciones, registros de títulos y eventuales medidas adoptadas respecto de las ofertas involucradas.
Alcance del informe
La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones.
La acreditación constituye un mecanismo de evaluación de la calidad de la educación superior y se otorga por carrera y por sede o filial. La verificación de la autenticidad documental, del cumplimiento de las prácticas formativas y de la regularidad del registro de títulos corresponde a las instancias competentes, en el marco de sus respectivas atribuciones.
Con esta presentación, la Agencia pone a disposición del Ministerio Público su equipo técnico y sus bases de datos para colaborar en el análisis de la información y en las verificaciones que se consideren pertinentes, en el marco de la cooperación interinstitucional y del fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Paraguay.
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Fiscalía acumula un déficit de G. 1,3 billones y solicita mayor presupuesto para 2027
El Ministerio Público presentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional su requerimiento de G. 1,286 billones para el ejercicio fiscal 2027. La solicitud institucional apunta a fortalecer la investigación penal, ampliar la presencia territorial de las sedes fiscales y modernizar los servicios técnicos brindados a la ciudadanía en todo el país.
Durante la audiencia, la representación fiscal expuso el histórico descalce financiero que arrastra la institución. Entre los años 2023 y 2026, la Fiscalía solicitó recursos por un total de G. 4,211 billones, pero el Poder Legislativo asignó únicamente G. 2,867 billones, dejando una diferencia acumulada de G. 1,344 billones en contra del órgano investigador.
En el periodo actual de 2026, la institución requirió G. 1,056 billones y recibió tan solo G. 763.000 millones, lo que representó un receso presupuestario de G. 293.000 millones. Estos antecedentes fundamentaron la urgencia de reajustar las partidas económicas para responder a las crecientes demandas de la justicia penal.
Cobertura e infraestructura
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el déficit de recursos humanos para cubrir todo el territorio paraguayo. Las autoridades advirtieron que el país necesita al menos 700 unidades fiscales, pero actualmente la institución funciona con aproximadamente 350 agentes fiscales titulares, operando a la mitad de la capacidad requerida.
Asimismo, la Fiscalía urgió inversiones en laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias, además de equipamiento tecnológico para el procesamiento de escenas del crimen. Entre las obras prioritarias figura la conclusión de la sede en Encarnación, cuya finalización requerirá cerca de USD 5 millones, contrarrestada por la donación de más de 30 inmuebles gestionados desde 2023.
El Ministerio Público apeló a su autonomía funcional y administrativa, amparada por la Constitución Nacional, para solicitar el respaldo de los legisladores. La asignación presupuestaria pretendida resulta clave para consolidar investigaciones sustentadas en evidencia científica y garantizar una atención adecuada a las víctimas de delitos.
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Ministerio Público opera con 50 % de los fiscales requeridos y solicita mayor presupuesto para 2027
En el marco de la presentación de su plan financiero para 2027, el Ministerio Público detalló las prioridades estratégicas en recursos humanos, tecnología de investigación penal y obras edilicias. La institución fundamentó ante la Comisión Bicameral un requerimiento de G. 1.286 billones para el ejercicio fiscal de año que viene.
Durante la exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, las autoridades fiscales detallaron que los fondos serán destinados a cubrir necesidades críticas en tres áreas estratégicas:
- infraestructura
- tecnología de punta para el área forense
- y el fortalecimiento del talento humano.
Como argumento central para justificar el incremento de 1.286 billones de guaraníes, la institución expuso una marcada diferencia acumulada entre los presupuestos que se solicitaron y los que finalmente aprobó el Poder Legislativo en los últimos años. Entre 2023 y 2026, el Ministerio Público requirió un total de G. 4.211 billones, pero solo recibió G. 2.867 billones.
Esta brecha histórica dejó un descalce financiero de G. 1.344 billones, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la Justicia penal. El reflejo más inmediato de esta situación se dio en el presupuesto de 2026, año en que la institución solicitó G. 1.056 billones y sufrió un recorte de G. 293.000 millones, percibiendo únicamente G. 763.000 millones.
Durante la exposición indicaron que Paraguay necesita al menos 700 unidades fiscales, con sus correspondientes agentes fiscales titulares, mientras que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales, según los datos presentados.
”La solicitud presupuestaria para 2027 plantea la necesidad de contar con recursos que permitan ampliar la cobertura institucional, modernizar los servicios de investigación científica y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía", apuntaron.
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Inversión requerida
El Ministerio Público necesita laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias. Además de incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios.
Identificó limitaciones en infraestructura y disponibilidad de profesionales especializados, aspectos que requieren atención para fortalecer las investigaciones sustentadas en evidencia científica. Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación.
“El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos constituye una prioridad expuesta por la institución para avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los hechos punibles denunciados en todo el territorio nacional”, resaltaron.
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