La fiscala adjunta Soledad Machuca confirmó la competencia de los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak para que sigan en el proceso penal del senador Erico Galeano, procesado por lavado de dinero. Foto: Archivo
Confirman a fiscales para seguir en proceso penal del senador Erico Galeano
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La fiscala adjunta Soledad Machuca confirmó la competencia de los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak en el proceso penal que enfrenta el senador colorado Erico Galeano, procesado penalmente por lavado de dinero.
La defensa del imputado había recusado a los dos agente fiscales por supuesta falta de objetividad pero la misma se rechazó. En su momento, los abogados del parlamentario argumentaron la recusación alegando que los fiscales en cuestión carecen de criterio objetivo para pedir la prisión preventiva del citado legislador.
Arresto domiciliario
Días atrás, el juez del Crimen Organizado Gustavo Amarilla decretó el arresto domiciliario del senador Erico Galeano, procesado penalmente por lavado de dinero. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde el Ministerio Público a través del fiscal Néstor Coronel solicitó que Galeano sea beneficiado con arresto domiciliario en su vivienda ubicada en la ciudad de Capiatá.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak habían imputado a Galeano en base a evidencias que lo vincularían al supuesto tráfico de drogas en el marco del operativo A Ultranza Py. Los investigadores sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos ilícitos al extranjero.
Refieren que a cambio de la aeronave el legislador, supuestamente, habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de drogas y que habría insertado al sistema financiero y económico mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes.
Según el acta de imputación, Galeano habría recibido aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
La sala pena de la Corte confirmó que dos personas condenadas por megaevasión deben devolver al Estado la millonaria suma de G. 679 millones. Foto: Jorge Jara
Caso megaevasión: condenados están obligados a devolver G. 679 millones a la DNIT
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos por dos de los condenados en el caso de la megaevasión de G. 1,6 billones mediante facturas falsas. Los sentenciados recibieron una pena de un año de cárcel con suspensión de la ejecución, bajo la condición de restituir un total de G. 679 millones en el plazo de un año a la actual Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La resolución judicial fue firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. El recurso de casación había sido presentado por Benicia Chaparro Martínez y Eulalio Gómez, quienes fueron condenados previamente mediante un procedimiento abreviado.
Este proceso judicial se deriva de la denuncia realizada en 2017 por la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en Ciudad del Este, que involucró a 75 personas. En la investigación se detectó el uso de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819.
Con el fallo de la máxima instancia judicial, las condenas quedan firmes y Benicia Chaparro deberá devolver G. 259.627.271, abonando 12 cuotas mensuales de G. 21.635.000 y Eulalio Gómez deberá pagar G. 419.590.910, distribuidos en 12 cuotas mensuales de G. 34.965.909.
Algisa: 10 fiscales encabezaron allanamientos simultáneos que derivaron en detenciones e incautación
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El agente fiscal de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, junto a los agentes fiscales coadyuvantes Ever Williams, Giovanna Vera, Lorena Castelvi, Angelina Arriola, Zulma Britos, Francisco Martínez, Griselda González, Rocío Valdez y Enrique Fornerón, encabezó este sábado una serie de allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por el asalto a la empresa Algisa.
Las diligencias se realizaron en las localidades de San Pedro del Paraná, Alto Verá, Carlos A. López, Encarnación y Yuty (departamento de Caazapá), y derivaron en la detención de dos personas, además de la incautación de armas de fuego y otras evidencias de interés para la causa.
Objetos incautados
Entre los objetos incautados estan; armas de fuego: una escopeta calibre 12 mm; dos pistolas calibre 9 mm; un revólver calibre .38. Cartuchos vivos sin percutir de diferentes calibres. Once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.
Prendas de vestir varias (tácticas, camufladas, quepis, sombreros y guantes). Accesorios para armas de fuego.Seis pistoleras. Tres maletines con accesorios para pistola.Dos DVR. Dos radios walkie-talkie.Una motocicleta.
Los procedimientos se llevaron a cabo con el acompañamiento de personal del Departamento de Investigación de Delitos y el apoyo de las agrupaciones FOPE, GEO y LINCE, quienes brindaron resguardo y protección a las comitivas fiscales durante el desarrollo de los operativos.
Las evidencias incautadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su análisis, en tanto continúan las diligencias investigativas para el esclarecimiento total de los hechos.
Ratifican condena por tortura contra Walter Bower y otras dos personas
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El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.
Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.
La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Desde el 2027, la DNIT asumirá valoración y fiscalización inmobiliaria del RUN
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El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, destacó que Paraguay avanza hacia un sistema más moderno de fiscalidad inmobiliaria, apoyado en herramientas de Big Data e inteligencia artificial, que permitirán evaluar propiedades y perfilar riesgos de contribuyentes en el marco del Registro Nacional Unificado (RUN).
Durante una jornada organizada por Horizonte Positivo Paraguay, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) expuso sobre el rol, competencias y desafíos de la fiscalidad inmobiliaria en esta nueva etapa, subrayando la incorporación de tecnología para optimizar la determinación tributaria.
Orué explicó que el uso de datos masivos e inteligencia artificial permite realizar avalúos inmobiliarios considerando indicadores económicos, incidencias y perfiles de riesgo, lo que apunta a una mayor precisión en la determinación del valor fiscal de los inmuebles y, por ende, en el cálculo del impuesto correspondiente.
Asimismo, recordó que la Ley N.º 7424/2025 asigna a la DNIT la valoración económica de los inmuebles, la determinación de la base imponible y la liquidación del impuesto inmobiliario, fortaleciendo el rol de la institución en la administración tributaria del sector.
En ese sentido, adelantó que a partir de 2027 la DNIT tendrá a su cargo tanto la valoración económica como la fiscalización inmobiliaria, utilizando los datos integrados en el Registro Nacional Unificado, aplicando valores fiscales y determinando el monto del impuesto a pagar.
El proceso brindará mayor transparencia y actualización permanente de la información inmobiliaria, en línea con las tendencias de modernización tributaria y digitalización del Estado.