El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los camaristas Bibiana Benítez, Andrea Vera y Arnulfo Arias, confirmó al juez José Delmás en la causa que enfrenta la fiscala Ana Girala, suspendida en sus funciones e imputada por cohecho pasivo agravado y asociación criminal. El tribunal de alzada rechazó la recusación contra el citado magistrado.
Con la presente resolución, el juez Delmás tiene vía libre para fijar fecha de audiencia preliminar donde se tendrá que definir si la representante del Ministerio Público enfrentará un juicio oral y público. Una vez que se eleve el presente caso a un juicio oral se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que juzgará a la fiscala y demás procesados en el presente proceso penal.
El Ministerio Público imputó por cohecho pasivo agravado y asociación criminal a la fiscal Ana Girala, investigada por un presunto pedido de coima de G. 25 millones para beneficiar a un procesado, cuya causa penal está tramitada en la unidad que se encontraba a su cargo.
De acuerdo con el acta de imputación, gracias a la extracción del teléfono móvil de una de las funcionarias detenidas e imputadas se pudieron obtener elementos de sospecha suficientes para tomar la determinación de imputar a la fiscala Ana Girala, de la Unidad de San Lorenzo, así como a su asistente Christi Magalí Ortega, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha y el abogado Marcos Aurelio Velazco por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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Dispositivos del clan Rotela podrían revelar una serie de hechos punibles
El Tribunal de Apelación ratificó la orden judicial mediante la cual se dispone la extracción de datos de más de 300 dispositivos incautados del poder del clan Rotela en el operativo Veneratio. El juez José Agustín Fernández indicó que decidieron ratificarse debido a la relevancia de los datos que podrían obtenerse en todos los aparatos electrónicos.
“Esos documentos incautados son valiosísimos porque sabemos todo lo que implica esa vida que se lleva en los centros penitenciarios y los usos que tienen estos materiales electrónicos, además de la vinculación que podría tener con una serie de hechos punibles, entonces por eso se pidió esa autorización judicial. Se manifestó la oposición de parte de los propietarios, en este caso los investigados, y nosotros ratificamos la medida otorgada por el juez”, sostuvo.
En el operativo se incautaron 308 celulares, dos tablets, 10 pendrives, dos notebooks y dos computadoras, por lo que el Ministerio Público solicitó que estos dispositivos puedan ser revisados en el marco de la investigación abierta contra los integrantes del clan. El juez afirmó ante la 650 AM que el Tribunal entendió la importancia de acceder a los datos que contienen los dispositivos.
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“Es lo que sencillamente la lógica y el sentido común imponen y mucho más las leyes procesales que autorizan en virtud a los principios que rigen, en este caso, el material probatorio, porque estos van a ser instrumentos de prueba y esto fue lo que decidimos por unanimidad”, indicó el magistrado quien integra el Tribunal.
Los demás miembros del Tribunal de Apelación son Delio Vera Navarro y Viviana Benítez quienes estuvieron de acuerdo en ratificar la autorización para la extracción de datos los celulares, computadoras y otros dispositivos. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López.
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Ratifican extracción de datos de celulares incautados del Clan Rotela
El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez y José Fernández confirmó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares que fueron incautados del Clan Rotela. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del Operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de garantía Yoan Paul López.
En la fecha, el tribunal de apelación tomó la decisión de ratificar la resolución de López Y Además de los teléfonos celulares, se extraerán datos de dos tables, 10 pendrives y dos computadoras incautadas del poder de Armando Javier Rotela y otros 8 reclusos que soportan procesos penales por transgresión a la ley de armas, asociación criminal y motín de internos.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado a cargo de López para que el perito del Ministerio Publico realice la extracción de datos en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
Resultados del operativo
Con el operativo se logró el traslado de 708 personas, entre ellas, integrantes del Clan Rotela. Los reclusos fueron llevados al Comando del Ejército, al Comando de Artillería de Paraguarí, al Comando de Infantería de Villarrica y a la Agrupación de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).
Se reportó 15 personas heridas y 11 fallecidos, entre ellos el suboficial del Grupo Lince, Martín Mendoza, de 30 años, quien fue herido gravemente en la cabeza y llegó sin signos de vida al Hospital Rigoberto Caballero. El agente se convirtió en uno de los emblemas del operativo, puesto que dio su vida en cumplimiento de su labor.
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Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
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“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
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