En la mañana de este jueves 21 de setiembre, el periodista Carlos Granada, acusado por acoso sexual, coacción y coacción sexual, recusó a las agentes fiscales de la causa Luz Guerrero, Natalia Silva y Claudia Aguilera, logrando así la suspensión de la audiencia preliminar.
El juez Matías Garcete fijó el 2 de octubre, a las 8:30, como nueva fecha para la diligencia judicial que determinará si la causa que investiga al comunicador y exgerente periodístico de canal 9 se eleva a juicio oral y público como lo solicitaron las fiscales.
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Seis víctimas
Desde el Ministerio Público recordaron que fueron víctimas del acusado seis mujeres, todas periodistas, hostigadas con fines sexuales. “Padecieron actos sexuales mediante la fuerza y tuvieron que soportar estos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo”, apuntaron.
Resaltaron que Granada se habría valido de su posición jerárquica e influencias ante sus víctimas subordinadas. El proceso contra el periodista empezó en mayo de 2022 y fue imputado por varios delitos, por lo que el juez Julián López resolvió enviarlo a prisión, donde estuvo durante varios meses hasta cumplir la pena mínima.
En mayo de este año un Tribunal de Apelación ratificó su libertad ambulatoria tras una apelación. Actualmente, Granada tiene prohibido salir del país, así como ponerse en contacto con la querellante, tiene la caución real de un inmueble y debe comparecer de forma obligatoria mensualmente para la firma del acta judicial.
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Paciente con cáncer de cerebro lleva tres meses sin medicación
La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia que una paciente con melanoma avanzado (cáncer de cerebro) se encuentra sumamente deteriorada debido a la falta de sus medicamentos, por lo que pide se haga cumplir una resolución judicial que ordena la provisión de la medicación.
“Transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad”, expresan a través de un comunicado.
El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud arbitrara los mecanismos necesarios para asegurar su tratamiento.
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“Prometen dar curso a su caso y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra. Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Vamos a morir esperando”, lamentan.
Ante esta situación, solicitan el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.
“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
En caso contrario, la FEPPER llevará el caso ante organismos internacionales. “La falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente”, argumentan.
Se trata de una madre, aportante del IPS, pero la previsional no hizo caso al amparo; entonces, tuvo que recurrir a Salud Pública. Desde abril hasta ahora está sin medicación y su enfermedad ha avanzado de acuerdo al último diagnóstico médico.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.
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Expulsan a bombero condenado por acoso sexual y coacción en Alto Paraná
El consejo directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, decidió expulsar de sus filas al voluntario que fue condenado por acoso sexual y coacción. El hombre se desempeñó como vicedirector de operaciones de la citada compañía.
Esta semana se dio a conocer la resolución RCD n° 08/2026 del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, en el que se establece la expulsión con degradación de Fabio Martín Bravo González, quien fue condenado por acoso sexual y coacción.
“Esta medida disciplinaria, derivada de las faltas gravísimas a la ética y moral institucional, se sustenta en una sentencia condenatoria firme de la Justicia Penal. La institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad humana y los valores bomberiles”, expresaron en el comunicado.
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Esta condena contra Bravo fue ratificada en todas las instancias, además, fue confirmada por el Acuerdo y Sentencia nº 24 del Tribunal de Apelación. Así también, fue cerrada definitivamente al declararse inadmisible el recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia, agotándose así todas las vías recursivas.
Bravo González fue denunciado por dos voluntarias en octubre del 2020. Estas confirmaron que el voluntario en su carácter de superior las acosaban de manera sistemática desde el 2012, obligándolas a mantener relaciones sexuales para continuar en la institución.