El Consejo de la Magistratura conformó este lunes doce ternas para cubrir vacantes en varias circunscripciones judiciales de nuestro país. Ya en la sesión anterior los consejeros elaboraron diez ternas que también serán estudiadas por los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura elaboraron la terna para miembros del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Guairá y Caazapá, cuyos tenados son Cristhian Daniel Rivas Kiese, Teresita Noemí Ortellado Zorrilla y Roque Celiano Paiva Santa Cruz. Mientras que para miembro del Tribunal Electoral del Departamento de Concepción elaboraron la terna, cuyos integrantes son Ever Grislando Escobar Romero, Hernán Américo Centurión Giménez y Pablo René De Jesús Zárate González.
Además se conformó la terna para el cargo de integrante del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro, cuyos ternados son Juana Lorena Aranda Vázquez, Myrian Concepción Santacruz Ramírez y Aldo Ramón Bogado Giménez.
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También se elaboró la terna para el cargo de Juez Penal de Sentencia, Circunscripción Judicial de Guairá, cuyos integrantes son Lisy Emilse Bogado Duarte, Cristhian Antonio Giménez Arzamendia y Flavio José Elizaur Sánchez.
Ahora las ternas elaboradas deberán ser remitidas a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que fijar una fecha para la realización de la sesión plenaria donde se discutirá el perfil de cada postulante y designar a los nuevos magistrados que ocuprán los cargos mencionados más arriba.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Cantero defiende su nominación para juez: “Es injusto que no se mire mi trayectoria”
“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria”, indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de Primera Instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM). El fiscal recordó además que no es la primera vez que se postula a cargos judiciales y que en ocasiones anteriores quedó fuera de ternas.
“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo, con 30 años, formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cantero reconoció que los cuestionamientos en su contra provienen principalmente de sectores ligados al gobierno anterior, encabezado por Mario Abdo Benítez, luego de la imputación que él y otros fiscales promovieron contra el exmandatario y varios de sus exministros en el escandaloso caso Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), en que se instrumentó la persecución política de adversarios electorales desde instituciones estatales.
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¿Defensora de Pecci?
El agente fiscal cuestionó el rol actual de Cecilia Pérez, operadora política del expresidente que criticó su selección para la terna, al recordar las diferencias que ella tuvo con el fiscal Marcelo Pecci cuando ocupaba el Ministerio de Justicia, pero que hoy funge como abogada de una parte de la familia del agente del Ministerio Público, asesinado hace cuatro años en Colombia.
“Me llama muchísimo la atención que una persona que en su momento fue crítica, incluso dando mensajes increíbles al doctor Marcelo Pecci, hoy sea abogada de la familia”, expresó al recordar que Pérez ni podía cruzarse con Pecci y afirmó que la exministra utiliza los medios para instalar cuestionamientos políticos y defender causas vinculadas al abdismo. “Cada vez que agarra un micrófono es para hacerse publicidad. Ella es apoderada de un movimiento político”, aseveró.
Actualmente, la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez se desempeña como apoderada general de la disidencia colorada y además ejerce la defensa legal del exministro abdista Arnaldo Wiens en el caso Metrobús y del propio exmandatario en la causa de las filtraciones de la Seprelad, aunque continúa escudado en sus fueros como senador vitalicio, pese a que en un video lanzado en redes sociales en marzo de 2025 prometía que se sometería a la justicia.
Solidez jurídica, no persecución
El agente fiscal comentó en que el expediente abierto contra Abdo Benítez y exautoridades de su gobierno fue construido con sustento jurídico por distintos equipos fiscales y validada por un juez penal, negando cualquier persecución política. “Nosotros hicimos una investigación impecable”, afirmó. “La carpeta pasó por varios fiscales y hubo un juez que admitió la acusación. Todo está documentado”.
Para Cantero, nunca se discutió el contenido de las pruebas y los cuestionamientos se limitaron a instalar la idea de una persecución política. Defendió su presencia en la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura y resaltó que cuenta con calificaciones superiores incluso a las del fiscal Deny Yoon Pak, quien encabezó el operativo A Ultranza Py. “Sin desmerecer el enorme trabajo del doctor Pak, yo tengo mejor puntaje que él”, afirmó. “Llegó mi momento. Tengo mi gestión aprobada y mi puntaje aprobado”, aseguró.
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Jueces verificaron estado de causas penales de personas privadas de libertad en Misiones
Con el objetivo de fortalecer el apoyo de jueces penales de Ejecución y de Garantías, el equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia acompañó las jornadas de entrevistas realizadas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones. La actividad fue organizada en el marco de una jornada interinstitucional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas vigentes para la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.
En el marco de la jornada de trabajo se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad, garantizando la protección de sus derechos y el cumplimiento de las normativas vigentes, así como la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.
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Durante las audiencias, los jueces otorgaron medidas menos gravosas que la prisión preventiva, incluyendo libertades por cumplimiento de la pena mínima y por buena conducta. Además, participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, quienes brindaron asesoramiento a sus representados sobre la situación actual de sus causas penales.
Las jornadas estuvieron a cargo de los jueces penales de Ejecución y de Garantías, los abogados Derlis Gustavo Rojas, de Misiones; Víctor Paredes, de San Juan; Blas Eduardo Montiel, de Ayolas; y Dora Maciel, de San Juan. Asimismo, acompañaron el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, magistrado Pedro Duarte, y los funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria.
Cabe mencionar que la visita se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Acordada Nº 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del C.E.P. (Ley Nº 5.162/2014), Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.
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Ministros de Corte tomaron juramento a síndico, jueces, fiscal y defensores
En el salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de rigor a dos magistrados, un agente fiscal, dos defensores y un agente síndico. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro, César Diesel Junghanns.
El ministro Luis María Benítez Riera felicitó a los designados en sus cargos y resaltó que sus nombramientos son resultado de sus méritos y capacidades. Asimismo, los instó a continuar fortaleciendo su formación y a ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso al servicio de la ciudadanía.
Prestaron juramento de rigor conforme a las siguientes designaciones:
- el abogado Bernardino Caballero como agente síndico
- el abogado Ulises Agustín Peña Vargas, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital
- la abogada Alma Palmira Rodas Soria, juez de Paz de Fortín Teniente Esteban Martínez – Circunscripción Judicial de Presidente Hayes
- la abogada Hermenegilda Cubilla Cuevas de Muñoz, agente fiscal Penal para Central – Circunscripción Judicial de Central.
- la abogada Lourdes Carolina Robledo Lugo, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción
- y el abogado Óscar Ariel Quevedo Cazal, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción.