La Dirección General de Registro Público insta a los profesionales a retirar los documentos ya finalizados de mesa de salidas entre ellos escrituras de hipotecas, compraventas, loteamientos, constitución de sociedades que están pendiente de retiro. Ante esto, la encargada de dicha dependencia, Lourdes González informó y pidió vía Twitter a los profesionales que acudan hasta la institución para retirar los documentos que ya fueron finalizados.
De acuerdo a los datos proporcionados, de enero a agosto del año 2023 ingresó un total de 593.191 documentos, entre escrituras públicas, resoluciones judiciales, oficios judiciales electrónicos y en formato papel, solicitudes de rúbricas de libros y hojas de comercio, informes y certificados registrales de anotaciones personales y de condiciones de dominio, entre otros.
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La gran cantidad de ingreso de documentos se gestiona mediante el trabajo incansable prestado tanto en la sede central de la Dirección General de los Registros Públicos en sus dos turnos de servicio (mañana y tarde), más el que actualmente proporcionan las oficinas registrales de Paraguarí y de Encarnación, donde se implementaron servicios registrales descentralizados. A la fecha se expidió un total de 603.197 documentos (cifra que excede al ingreso, ya que en el mes de enero se procesan y expiden documentos correspondientes a diciembre del año anterior).
Asimismo, el pasado miércoles durante la sesión plenaria de la Corte, el ministro Víctor Ríos destacó el trabajo del Registro Público donde mencionó que se tienen documentos ya finalizados para que se retiren hace meses y los profesionales son los que no acuden a la institución para retirarlos. Igualmente, el ministro Eugenio Jiménez destacó el trabajo de la mencionada institución en la expedición de los documentos.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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Contratan a más de 100 funcionarios para fortalecer atención oncológica en el Incan
Este martes, el Ministerio de Salud informó que contrató a 100 funcionarios nuevos para el servicio oncológico del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) con el que buscan fortalecer las atenciones. Así también, buscan mejorar la infraestructura y la construcción de un nuevo centro, que apunta a brindar un servicio con calidez.
La ministra María Teresa Barán, presentó a las nuevas incorporaciones que incluyen 60 médicos, 60 enfermeras, bioquímicos, químico en farmacia, personal técnico en laboratorio y banco de sangre.
“Ustedes van a ser los portadores de buenas noticias y de buen trato a cada uno de los usuarios, de las personas que concurren a nuestro servicio. Ustedes tienen que trabajar como un gran equipo en el que no hay ninguna competencia entre uno y otro”, manifestó Barán, durante la reunión.
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Anunció sobre la transformación edilicia del instituto con la construcción de un nuevo centro día con más de 50 camas, obra que incluirá un parque donde serán depositados insumos y medicamentos para seis meses.
“Ustedes van a ser parte de ese proceso. Les pido de todo corazón que nos ayuden a mejorar la imagen del Incan; si bien de un tiempo a esta parte ha mejorado, nada es suficiente cuando las necesidades son grandes y en salud las necesidades son infinitas y los recursos son limitados”, puntualizó.
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Indert: récord en titulación de tierras es gracias al trabajo coordinado de varias instituciones
Este martes 1 de julio el Gobierno del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana están rindiendo cuentas por la gestión de dos años que han llevado adelante. En ese contexto, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, resaltó que el récord en titulación masiva que están teniendo es gracias al trabajo coordinado con varias instituciones.
Además, resaltó que en estos 22 meses de gestión se ha logrado revertir largos años de informalidad en la titularidad y tenencia de la tierra en el Paraguay. Todo esto, gracias a una mayor presencia de Estado en el campo y la implementación de políticas en materia de titulación masiva de tierras.
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“Los avances en titulación son posibles gracias a la coordinación interinstitucional, al lograrse unir los esfuerzos con el Servicio Nacional de Catastro, la Dirección General de los Registros Públicos y la Escribanía Mayor de Gobierno”, remarcó.
Avanzan hacia la meta
Asimismo, remarcó que para el 2026 esperan llegar al 50 % de la meta global en titulación; teniendo en cuanta que la meta a los 5 años es de 50.000 títulos de propiedad entregados. Indicó que ya el año pasado en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas se informó que Catastro había logrado el empadronamiento récord de inmuebles del Indert, donde hablaban de 9.000 empadronamientos nuevos en el 2024.
“Esta cifra se suma a la que ya hemos logrado este año, que llega a un número récord de 13.000 expedientes formados para titulación en el periodo 2025-2026. A los 9.500, casi 10.000 que estamos hablando, ahora hay que agregarles estos 13.000 expedientes, con lo cual en el 2026 estaríamos alcanzando el 50 % de la meta del presidente de la República, que serían unos 25.000 expedientes o títulos de propiedad”, afirmó Ruiz Díaz.
Agilizar los trámites
Por otra parte, Ruiz Díaz indicó que mantuvo una reunión de trabajo con los gerentes involucrados en la titulación masiva de tierras con el objetivo de coordinar y agilizar la titulación a nivel interno y externo. En ese sentido, agradeció la cooperación de los funcionarios del área y a las entidades como Catastro Nacional, Registros Públicos y Escribanía Mayor de Gobierno.
Mencionó además, que arrancó la octava ronda de titulación masiva en el departamento de Cordillera, mediante la cual pondrá en las manos de los beneficiarios 1.200 títulos de propiedad. La campaña de entrega masiva de títulos se inició el fin de semana en la sede de la Gobernación de Cordillera, en compañía del gobernador Denis Lichi.
Tras el acto, se realizó una jornada de audiencia pública con la presencia de más de 300 personas, de unas 10 comisiones, que también gestionan la titulación de sus tierras. Como inicio de la octava ronda del Indert llegaron al departamento más de 60 títulos, algunos ya definitivos y otros para la firma de los titulares beneficiarios.
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Vecinos de Capiatá protestan frente al edificio de Registros Públicos
Vecinos del asentamiento La Amistad de Capiatá están apostados frente a la sede de la Dirección General de los Registros Públicos, situada sobre la avenida Eusebio Ayala casi R I 18 Pitiantuta. Los manifestantes exigen la inscripción de unos 89 títulos de propiedad que actualmente están a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Nancy Vera, presidenta de la comisión vecinal del asentamiento, explicó que este viernes llevan adelante la segunda movilización pacífica pidiendo la inscripción del fraccionamiento que incluye a casi 90 terrenos, que actualmente están a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“En breve la directora nos va a recibir para darnos su respuesta. Esperemos que tome la decisión correcta y que respete el proceso que se ha hecho en su momento, un proceso judicial y que, por sobre todas las cosas, como funcionaria pública, haga respetar y que se vuelva a confiar en la institución”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lamentó que los paraguayos tengan que movilizarse para exigir que se realice “un buen trabajo” en las instituciones públicas. “Yo creo que está en manos de la directora devolver la paz a este asentamiento y detrás de esto también demostrar que aún están funcionando las instituciones públicas”, expresó.
La dirigente vecinal afirmó que los documentos ya están inscritos en Catastro y ahora le corresponde realizar el trámite a la Dirección General de Registros Públicos. “Alegan ellos que fue presentado un título de propiedad, en este caso del año 32, que no coincide con la superficie de la propiedad del Estado. Entonces, ellos están dando más validez a ese documento que se presentó fuera de tiempo. Y no sabemos ni de dónde salió eso. Entonces, es una lástima llegar a todo esto”, manifestó.
Los ocupantes están hace una década en el inmueble en conflicto y ya se había superado un proceso legal, conforme indicaron. “Nos complica bastante la situación y esto es un atraso para nosotros. Entonces, exigimos una rápida respuesta de parte de la directora”, enfatizaron.
Los trámites ante Registros Públicos iniciaron hace tres meses y ahora las familias aguardan oficializar la tenencia del título de propiedad.
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