El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, recusó al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien había fijado para este jueves la audiencia de imposición de medidas al dirigente opositor imputado por lesión de confianza a raíz del caso de la aparente compra falsa de 25.000 cestas de alimentos adjudicada al autoservice Tía Chela, a través de una parodia montada en el proceso licitatorio.
Durante su comparecencia al Palacio de Justicia, en compañía de su abogado Guillermo Ferreiro, el intendente fue recibido nuevamente por una turba de manifestantes, quienes lo repudiaron calificándolo como “ladrón de pandemia”. En la ocasión los ciudadanos exigieron al sistema de Justicia que el líder del movimiento Yo Creo guarde prisión preventiva, teniendo en cuenta que posee 32 denuncias por irregularidades durante su administración.
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Los escrachadores tildaron a la vez a Prieto como un “mentiroso” por argumentar que su imputación obedece a una persecución política. La defensa del jefe comunal sostiene que el motivo de la recusación obedece a un vínculo de amistad del magistrado con la familia Zacarías. “Esto no retrasa los plazos ni impide la investigación de la causa, puede continuar, la Fiscalía puede seguir investigando, lo que pasa es que no tienen nada que investigar”, sostuvo Ferreiro.
Antecedentes
La presunta compra amañada de los kits de alimentos destinados a familias esteñas de escasos recursos durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19 ocasionó un perjuicio estimado de G. 1.769.790.000 a la comuna.
La administración de Prieto convocó bajo vía de excepción a una licitación en marzo del 2020. La empresa seleccionada fue Tía Chela SRL, un modesto autoservice de la zona. Según el Ministerio Público, dicha firma no contaba con la totalidad de productos ofertados durante la evaluación de ofertas y tampoco se encontró ninguna documentación que avale la disponibilidad inmediata de los productos por parte de la empresa, así como su experiencia, capacidad financiera o técnica para cumplir el contrato.
El caso se dio a conocer en 2020 a través de la denuncia presentada por el entonces concejal municipal Celso Miranda. Desde entonces pasaron 3 años hasta la imputación presentada por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas.
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