El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee ordenaron la rebeldía y captura de la directora de la firma Imedic S.A Patricia Ferreira, quien soporta un segundo proceso penal por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
La orden de rebeldía y captura se dispuso debido a que la acusada no acudió a una audiencia convocada por los jueces de sentencia. Ante la determinación adoptada contra Ferreira, ella, al tener conocimiento se presentó en la guardia del Poder Judicial para evitar ser detenida por la Policía Nacional. Luego de estar por más de tres horas detenida en la guardia, se presentó ante el colegiado quien levantó su rebeldía y orden de captura.
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Asimismo, los jueces de sentencia decidieron adelantar el inicio de este segundo juicio oral para el 17 de septiembre a las 08:00. En principio la audiencia oral se fijó para el 6 de noviembre. En el presente caso están acusados Nidia Godoy y el despachante de Aduana Néstor Ramírez.
Juicio oral
Patricia Ferreira, su padre Justo Ferreira y otros acusados están siendo juzgados por los delitos de producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19. La audiencia oral prosigue este martes 12 de septiembre con la producción de pruebas documentales.
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Rachid afirma que la estructura de alias “Macho” utiliza a nativos como escudo
Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Grupo de Investigación Sensible (Gise), detuvieron esta mañana a José Ignacio Hermoza Ledesma, durante un allanamiento de un inmueble rural ubicado en la Colonia Americana, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.
El detenido es señalado como hombre de confianza y mano derecha de Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
Al respecto, el titular de la Senad, ministro Jalil Rachid, indicó que el aprehendido se dedicaba a la coordinación logística entre la banda de “Macho”, con las comunidades indígenas de la zona. Señaló que el detenido es una persona que ya fue identificado como parte de esta estructura y venía siendo investigado en el marco de la Operación Ignis de que data del 2023.
“Esta persona está prófuga y constituía en aquel entonces un brazo logístico muy importante a la estructura de Felipe Santiago Acosta. De hecho, el hoy aprehendido se dedicaba a la coordinación operativa y logística de la estructura de alias ”Macho”, con grupos de indígenas de la zona. Para nosotros, esta captura, significa un golpe más a esta estructura y que en definitiva hoy ya está puesto a disposición del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional", precisó.
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El ministro Rachid recordó además que se tiene conocimiento al menos desde el 2023, que alias “Macho”, utilizaba a las comunidades indígenas como escudo protector para cometer sus actividades ilícitas. No obstante, aclaró que con esta afirmación, no está señalando a todas las comunidades de pueblos originarios que estén involucrados en las mismas actividades.
“Se sabe perfectamente que Acosta utiliza a comunidades indígenas y a ciertos indígenas para cometer sus ilícitos. Básicamente, forman parte de su logística operativa teniendo en cuenta su condición de comunidad indígena. Es una estrategia ya utilizada hace tiempo por él y que lo viene haciendo desde entonces; al menos desde el 2023, hasta la fecha para poder escudarse de esta forma con la utilización de comunidades indígenas”, explicó.
Cambio de estrategia de Macho
Asimismo, el titular de la Senad destacó que desde el inicio de la operación de Ignis y los golpes estratégicos que han llevado adelante desde la Senad, se logró el debilitamiento de la estructura del trafico de drogas en Canindeyú.
Indicó que anteriormente su principal actividad era el narcotráfico en la zona, pero hoy en día debido a los golpes estratégicos que la Senad junto a los organismos de seguridad, obligaron a esta estructura criminal a “un cambio de rubro”; pasando del tráfico de drogas a la extorsión a los productores de la zona.
“Nosotros tenemos demostrado y corroborado por diversos medios y trabajos de inteligencia que él se pasa realizando amenazas y extorsiones utilizando a comunidades indígenas y amedrentando a los productores para lograr autofinanciarse de esta forma. Básicamente lo que hace es extorsionar usando la fuerza y arma letal contra los productores exigiendo montos suma de dinero por las cosechas de los granos de la agricultura mecanizada, exigiendo fuertes sumas de dinero para poder autofinanciarse de ese modo”, acotó.
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Caso Eusebio Ayala: ordenan captura internacional para imputado que huyó tras manipular tobillera
El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, declaró la rebeldía y ordenó la captura nacional e internacional de Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, quien manipuló su tobillera electrónica y se dio a la fuga en el marco de una causa por hurto agravado. El hombre también fue imputado recientemente por supuesto homicidio doloso, tras un hecho ocurrido en la zona de Eusebio Ayala, donde una mujer falleció y otra resultó herida.
El magistrado sostuvo en su resolución: “Conforme consta en el informe remitido por el jefe interino del Departamento de Control y Dispositivos Electrónicos, se puede corroborar que efectivamente el dispositivo asignado al encausado, Edgar Clodomiro Rodríguez Merlo, registró una alerta por manipulación, perdiéndose la señal de geolocalización.
Al haberse violentado dicho mecanismo de control y desconociéndose su paradero actual, se constata que el mismo ha incumplido las reglas impuestas por este juzgado, demostrando con ello una mala conducta procesal al eludir los mandatos de la Justicia”.
Asimismo, el juez indicó que “existen suficientes motivos para que esta magistratura pueda declarar en rebeldía al mencionado procesado, ya que se ha mostrado renuente a los mandatos de la Justicia. Al violentar el mecanismo de control que lo sometía al presente proceso, demostró su falta de voluntad para someterse a la investigación, por lo que corresponde ordenar su rebeldía y captura”.
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Imputan al cuarto presunto miembro de banda que asaltó vivienda de empresario y robó G. 810 millones
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.
Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.
El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.
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Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.
Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.
Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.
También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.