La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 20 años de cárcel para Genaro Meza Galeano, cocinero del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) quien fue condenado por participar en el secuestro de Franz Wiebe, colono menonita de la zona, liberado en febrero del 2017.
Los ministros Luis Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, mencionaron que la representación del Ministerio Público recomendó el rechazo al recurso de casación por considerarlo improcedente.
Asimismo, los altos magistrados sostienen que el accionante no supo señalar en qué consiste la incorrección jurídica del fallo recurrido o las razones por las cuales considera que la resolución recurrida debe ser anulada por lo que corresponde confirmar la resolución del tribunal de alzada de San Pedro.
Te puede interesar: Juez concede arresto domiciliario a Reinaldo “Cucho” Cabaña
Meza fue sentenciado por su participación en el secuestro del colono menonita Franz Wiebe, secuestrado el 27 de julio del 2016 y quien estuvo 214 días en poder del grupo criminal en la estancia La Yeya, Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray.
El Tribunal de Sentencia de San Pedro, integrado por Karina Von Tumpling, Agapito Núñez y Rodney Rejalaga había condenado a Meza a 20 años de pena privativa de libertad por secuestro, terrorismo y asociación criminal. Luego el Tribunal de Apelación de San Pedro había declarado inadmisible la apelación general presentada por Meza.
El Ministerio Público sostuvo que el condenado se desempeñaba como cocinero en el mencionado grupo criminal. Asimismo, la investigación de la Fiscalía señala que la víctima (Franz Wiebe) reconoció a Genaro Meza cuando fue consultado por el Tribunal de Sentencia e inclusive dijo que estaba en el campamento donde él estuvo en cautiverio.
Podes leer: Encarnación: allanan local de venta de electrónicos en el que habrían estafado a turista
Dejanos tu comentario
Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa de Noruega por violación
Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha vapuleado a la monarquía del país nórdico. Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.
Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.
Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel. La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.
Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.
El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.
“Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida”, declaró el segundo día del juicio. “Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, añadió.
“Régimen de terror”
Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.
En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.
El debate judicial se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que Hoiby podía percibir en el momento de los hechos. En su alegato, el fiscal Sturla Henriksbo describió a un acusado “que se cree que todo le está permitido”.
A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía “por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen”.
También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en “un monstruo”, “objeto del odio de toda Noruega”.
El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo. La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo. Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un “régimen de terror”, según la acusación.
Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control. Fue al analizar sus teléfonos y ordenadores cuando los investigadores encontraron vídeos que, según ellos, documentaban las violaciones.
Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.
Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.
La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Octogenario es condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un comerciante de 81 años fue condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual sistemático de una niña. La fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue la que desarrolló la acusación en juicio oral realizado en el Poder Judicial de la capital de Alto Paraná.
El sentenciado está identificado como Víctor Mereles Arzamendia, quien fue encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual de una menor de 8 años. El juzgamiento y posterior fallo penal estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Margarita Martínez e integrado por sus pares Gloria Vera y Diego Duarte.
Las agresiones sexuales juzgadas en juicio se produjeron en un inquilinato ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, desde que la víctima tenía 7 años de edad, quien era manoseada en partes íntimas por parte del octogenario.
Al tratarse de un inquilinato, el agresor aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba de la casa para cometer los actos bajo amenazas.
Puede interesarle: Emiten alerta sobre sistema de tormentas que afectará a siete departamentos
Sin embargo, un día, la pequeña contó lo que venía sufriendo a su hermana de 15 años, quien a su vez informó a la familia sobre lo ocurrido y se presentó la denuncia ante ante el Ministerio Público, el 25 de febrero de 2025.
En el marco de la investigación del hecho, la Fiscalía reunió diversos elementos, entre ellos la evaluación psicológica, el informe forense y la entrevista en Cámara Gesell (realizada como anticipo jurisdiccional de prueba), los cuales sirvieron de base para la acusación fiscal que derivó en la condena de 12 años de pena privativa de libertad para el octogenario.
De acuerdo a Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a mayo de 2025, fueron presentadas 1.184 denuncias por abuso sexual de niños. Central, Alto Paraná y Asunción siguen siendo los que concentran la mayor cantidad de casos y el mayor porcentaje de los autores también se mantiene en el entorno familiar o cercano de las víctimas.
Puede interesarle: Cámara de Comercio de CDE donó 120 camas para el nuevo edificio del Grupo Lince
Dejanos tu comentario
IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
Te puede interesar: Juicio de Boidanich: testigos ratificaron plazos legítimos y sin filtraciones
Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.
Dejanos tu comentario
Condenan a 14 y 13 años de prisión a pilotos boliviano y peruano por tráfico de drogas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Dos pilotos extranjeros fueron condenados a 14 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables por tráfico internacional de drogas, en un juicio oral y público sustanciado ante un Tribunal de Crimen Organizado de la capital del país, Asunción. Los condenados son Lucio Alfonzo Paz Fernández (36), piloto de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (53), copiloto peruano.
Fueron considerados responsables del traslado de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia y con destino final al Brasil, según se sustentó en la acusación por remisión a países extranjeros de sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas, para perpetrar hechos contra la ley 1340/40.
Elvio Aguilera fue el agente fiscal de la causa y el Tribunal de Sentencia que dictó el fallo condenatorio estuvo presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Rossana Maldonado.
Los ahora condenados fueron detenidos el 29 de enero de 2023, alrededor de las 13:20, durante un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en las afueras de Hernandarias.
En el lugar, los intervinientes se incautaron de 265,095 kilos de cocaína distribuidos en 260 panes, hallados en el interior de una avioneta Cessna 206, matrícula CP-2038, de color blanco, que estaba al mando de los tripulantes extranjeros.
La aeronave habría ingresado desde Bolivia con el cargamento ilícito y aterrizado en un camino vecinal de la zona, para reabastecerse de combustible, donde era aguardada por cinco personas de sexo masculino a bordo de dos camionetas, de las cuales descendieron para bajar bidones de combustible.
Sin embargo, se percataron de la presencia de los intervinientes y todos huyeron del sitio, abandonando los bidones y la aeronave, pero los pilotos fueron aprehendidos.
La investigación fiscal sostiene que la operación formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia, con tránsito por territorio paraguayo y destino final el mercado brasileño, considerado uno de los principales puntos de comercialización de la red.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos GPS y otras evidencias que confirmaron la logística utilizada para el transporte aéreo de la droga, según lo expuesto en juicio.