El Ministerio Público de Uruguay dispuso la libertad de G.O.G.G., suegro del supuesto narcotraficante buscado por la Justicia de nuestro país Sebastián Enrique Marset, quien está prófugo de la Justicia de Paraguay y fue visto por última vez en Bolivia donde jugaba en un club de segunda de la Liga de Santa Cruz.
De acuerdo con los medios de Uruguay, la fiscal Silvia Blanc ordenó la libertad del hombre de 61 años de edad, quien fue detenido en la zona de Empalme Olmos a las afueras de Montevideo durante un procedimiento donde pretendían detener a Mauro García Troche, hermano de Gianina García, esposa de Marset y sobre quien pesa una orden de alerta roja de Interpol.
Igualmente, el suegro de Marset deberá declarar en los próximos días por la tenencia de una escopeta sin la documentación correspondiente mientras que la fiscal Blanc pidió la revisión de los teléfonos celulares incautados al momento de la detención. El pasado lunes, Uruguay y Bolivia acordaron distintas líneas de acción para la persecución y captura del uruguayo Marset, según los medios de dicho país.
Del mismo modo, autoridades de Bolivia, días atrás, se reunieron con representantes de la Senad y la Policía Nacional de nuestro país. En dicho encuentro los investigadores bolivianos señalaron que Marset podría seguir en territorio boliviano por lo que se iba a redoblar esfuerzos para poder lograr la captura del presunto pez gordo del narcotráfico.
También esta mañana la jueza Rosarito Montanía actualizó la orden de captura nacional e internacional de Sebastián Marset, procesado por narcotráfico.
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Desarticulan red de ciberdelincuentes que usaba 1.900 “cuentas mula” para robar dinero
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.
El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.
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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.
A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.
El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.
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Montevideo será sede del Encuentro Ministerial 2026
El Encuentro Ministerial 2026 se realizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el próximo 11 de mayo de 2026, en el salón auditorio de la Presidencia de la República de dicho país.
La instancia será de carácter presencial y contará además con transmisión vía streaming para asistencia virtual.
El encuentro reunirá a ministros, autoridades gubernamentales, organismos reguladores, líderes del sector tecnológico y representantes internacionales, consolidándose como un espacio de referencia para el diálogo regional en materia de conectividad, innovación y gobernanza digital.
En cuanto a las autoridades confirmadas, participarán el presidente de la República, Yamandú Orsi; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, entre otras autoridades.
Este encuentro da continuidad a la edición realizada en 2025, donde líderes regionales se reunieron en la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República para abordar los desafíos de la transformación digital, con foco en la innovación del sistema judicial, la ciberseguridad, la propiedad intelectual y la inclusión digital.
Aquella instancia consolidó el posicionamiento del evento como un espacio de diálogo estratégico entre el sector público y privado.
La actividad es organizada por CERTAL en conjunto con URSEC, y cuenta con el apoyo de Presidencia de la República y UNESCO.
Durante la jornada se abordarán temas estratégicos para la agenda pública y el desarrollo del ecosistema digital a través de mesas temáticas y conferencias magistrales.
Entre los ejes principales se destacan:
- Innovación y transformación digital del sistema judicial
- Protección digital y ciberseguridad
- Propiedad intelectual y antipiratería digital
- Inclusión digital y acceso universal
- Soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes
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Ministerio de Defensa impulsa acción penal por presunta agresión en Acosta Ñu
El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.
En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.
Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.
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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.
“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.
Involucrados identificados
El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.
“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.
El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.
González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.
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Gobierno Abdo facilitó ruta a Marset, queda saber a qué costo
La complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez con la estructura de Sebastián Marset está plenamente confirmada y documentada. Ahora queda saber el trasfondo deliberación de los puertos para la narco exportación, los informes de pistas de arribo de cocaína, establecimientos, depósitos utilizados en la logística del ilícito cajoneados desde 2020.
Los archivos de inteligencia son contundentes sobre el proceso investigativo que detonó en el sonado operativo antinarco, A Ultranza Py. Los documentos confirman cronológicamente la abierta complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez en la logística narco sin precedentes en la historia del Paraguay, desarrollada por estructura del uruguayo, hoy preso en Estados Unidos, Sebastián Marset.
El gobierno de Abdo, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con Arnaldo Giuzzio a la cabeza facilitaron el arribo, la consolidación de Marset y grupos criminales aliados a su estructura. El siguiente capítulo es conocer el trasfondo de estas concesiones que tuvo el uruguayo para operar libremente en el territorio nacional.
La cronología de los hechos replicada en el mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, señala que el gobierno de Mario Abdo Benítez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía identificada a la estructura Marset en el 2018, sus primeros movimientos en el proceso de radicación y en el 2020 ya contaba con toda confirmación de la ruta de Marset.
Las informaciones de inteligencia reportadas en el marco de los operativos ARAI I y II fueron claves en los análisis de SIU. Precisamente estos informes fueron realizados por la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT), alertando en el 2018 sobre la estructura que ingresaba al país y la respuesta que recibieron fue el cierre de sus oficinas en los puertos y el retiro de las bases por resolución de Giuzzio.
La Senad y por ende el Gobierno sabía de la organización criminal, pero los radicó, otorgó documentación a Marset, su familia y además le allanó el camino para su negocio narco.
Agentes de SIU en proceso de reconocimiento se paseaban en el 2020 por pistas clandestinas identificadas ya desde el 2028 con ARA I y II. Videos, fotografías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura, estaban confirmados en el 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y por ende los operativos de desmantelamiento de la organización Marset.
Las investigaciones sufrieron también varias filtraciones y recién el 21 de febrero de 2022, conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía. Con este reporte el Ministerio Público madrugó y activó un megaoperativo con 100 allanamientos en simultáneo en menos de 24 horas.