El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad iniciar una investigación preliminar a la jueza penal de Garantía de Capiatá, Norma Salomón, cuyo esposo Farid Gustavo González fue imputado por extorsión y tráfico de influencia. El pedido para iniciar la investigación fue solicitado por el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay.
Los integrantes del JEM que participaron de la sesión fueron el presidente, diputado Orlando Arévalo; Alejandro Aguilera, Mario Varela, Óscar Paciello, Enrique Kronawetter y Manuel Ramírez Candia. Mientras que el ministro de la Corte César Garay estuvo ausente.
En caso de que se tenga irregularidad en la presente investigación, el JEM podría enjuiciar y suspender en sus funciones a la jueza Salomón, quien también está siendo investigada por el Ministerio Público.
El abogado González, esposo Salomón, fue beneficiado por la jueza penal de Garantía Diana Carvallo con el arresto domiciliario en una vivienda ubicada en la localidad de Santa Elena, departamento de Cordillera. Dicho fallo judicial fue criticado por la ciudadanía y pone en tela de juicio la actuación objetiva de la mencionada magistrada.
Igualmente, la Corte ordenó que se realice una auditoría al juzgado de Salomón, cuyo informe deberá ser elevado a los ministros de la máxima instancia judicial. El pedido para que se pueda realizar la auditoría fue del ministro y superintendente de Central, Eugenio Jiménez. También se solicitó el sumario del abogado Farid Gustavo González.
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Bajo la lupa del JEM: acusan a la jueza Cameron por otorgar medidas cautelares irregulares
La jueza Mafalda María Cameron Luque fue acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de sus funciones.
La acusación se relaciona con supuestas irregularidades en la firma y ejecución de medidas cautelares dictadas en el marco de un litigio societario entre las empresas Cargo Line y Cimportex, cuyos representantes legales son los empresarios Juan José Zapag y María Arlette Zapag.
Los acusadores solicitaron al JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.
La acusación se fundamenta en el artículo 14, incisos b y g, de la Ley N.º 6814/21, que contempla el incumplimiento grave de obligaciones legales y constitucionales, así como la manifiesta parcialidad o ignorancia del derecho.
Según el escrito, la magistrada Cameron Luque concedió una medida cautelar que excedía lo solicitado por la parte actora Blas y Nora Zapag, socios de las firmas mencionadas más arriba, sin la debida fundamentación y con vulneraciones de las normas civiles y procesales relativas a la administración de sociedades, la designación de autoridades y la intervención judicial.
Entre los cuestionamientos figura la rapidez con la que se tramitó la medida cautelar. De acuerdo con la acusación, transcurrieron apenas 26 minutos y 41 segundos entre la presentación de la demanda, registrada a las 8:49:01, y la emisión del Auto Interlocutorio N.º 1.392, a las 9:15:42. También se señala que los mandamientos y oficios para ejecutar las medidas fueron firmados a las 9:35, pese a que, según los acusadores, todavía no se había completado la contracautela ofrecida para respaldarlas.
Otro de los puntos cuestionados es el procedimiento realizado en la sede de Cargo Line, donde, según la acusación, habría participado un abogado ajeno al expediente judicial civil, identificado como Fernando Marecos quien fue imputado luego por la Fiscalía por coacción y usurpación de funciones públicas atendiendo a que se tomó atribuciones que no tenia facultad para hacerlo y a su vez coaccionó a un alto funcionario de la mencionada empresa.
Asimismo, los denunciantes objetan que los libros contables y societarios secuestrados fueron entregados en custodia judicial al propio demandante Blas y Nora Zapag, en lugar de quedar bajo responsabilidad del interventor designado por la jueza Cameron.
También la acusación sostiene que la jueza acusada por mal desempeño habría otorgado a una de las partes la calidad de “Directora Titular” sin que ello fuera solicitado en la demanda y en contradicción con los estatutos.
Además, cuestiona que la magistrada declarara inaplicable el régimen legal de sustitución de síndicos previsto en el artículo 1.121 del Código Civil, atribuyendo a esa decisión una invasión de competencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la acusación sostiene que las medidas adoptadas por la jueza Cameron Luque habrían sido desproporcionadas e incluido allanamientos y secuestros de documentos en domicilios particulares de terceros, sin garantías suficientes.
Ante estos hechos, los denunciantes solicitaron al JEM que inicie el enjuiciamiento de la magistrada y, considerando los indicios de presunto mal desempeño de sus funciones, requiera a la Corte Suprema de Justicia su suspensión mientras dure la investigación.
Ahora, los integrantes del JEM deberán estudiar la acusación presentada contra la jueza Cameron Luque y definir si corresponde enjuiciar y solicitar a la máxima instancia judicial la suspensión de sus funciones de la magistrada acusada.
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Estudiante sanlorenzano obtuvo el segundo puesto en Congreso de Cirugía
El estudiante sanlorenzano José Rosa Aguirre Silvero, quien cursa el cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad de Integración de las Américas (UNIDA), obtuvo el segundo puesto en la categoría In Extenso durante el XXII Congreso Paraguayo de Cirugía 2026, que se llevó a cabo del 16 al 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
“Para mí, como estudiante sanlorenzano de Medicina, este resultado representa una enorme satisfacción personal y académica”, expresó José Rosa en declaraciones a la prensa, valorando la oportunidad de representar a su casa de estudios y a la comunidad de San Lorenzo en una plataforma de alto nivel científico.
Aguirre participó como autor principal y expositor del trabajo de investigación titulado “Lesiones traqueobronquiales secundarias a trauma cerrado de tórax en adultos: tipos, incidencia y tratamiento en el Hospital de Trauma, 2020–2025”, desarrollado en colaboración con destacados profesionales del Hospital de Trauma y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
El logro cobra singular relevancia considerando la alta competitividad del encuentro científico, en el cual se postularon 203 trabajos en diversas modalidades. De ese total, únicamente 15 investigaciones fueron preseleccionadas para la fase final de “Mejores Temas Libres – Categoría In Extenso”, instancia en la que el joven universitario logró posicionarse en el segundo lugar del podio.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Narcojet: jueza decretó la prisión preventiva para funcionarios de la Dinac y otros imputados
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Sandoval subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), así como de Víctor Fernández Arce (vinculado a la empresa de servicios aeroportuarios MUNSER FBO), Herman Cecilio Melgarejo Morales (despachante de vuelo) y José María Fernández Vera. Todos ellos están imputados por hechos punibles relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de 263,7 kilos de marihuana premium (conocida como hachís) en un jet privado estadounidense que aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
De acuerdo con la resolución judicial, dada a conocer tras la audiencia de imposición de medidas en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, los imputados permanecerán en la Senad durante cinco días y luego serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.
Esta nueva imputación, presentada por la fiscal Ingrid Cubilla, corresponde a una segunda fase investigativa que busca determinar las intervenciones en la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y las gestiones para evitar la verificación de las autoridades.
Según la hipótesis fiscal, el jet Challenger 604, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, llegó el 29 de mayo de 2026. Al día siguiente, durante la descarga, personal militar detectó bolsones con sustancias que el laboratorio identificó como resina de marihuana o hachís. La investigación atribuye a Fernández Arce la coordinación previa del vuelo y la descarga; a Melgarejo, las gestiones y presiones para liberar la carga; a Fernández Vera, el traslado de los bolsones; y a Sandoval (el subgerente de la Dinac), las comunicaciones para negociar la liberación del cargamento a cambio de una supuesta recompensa.
Para el Ministerio Público, las conductas atribuidas a los cuatro procesados habrían contribuido a facilitar la operación y el eventual retiro de la droga sin los controles correspondientes.